Del libro “Nación, Independencia y Enajenación de la Economía” de Jorge O’Connor d’Arlach Mogro. Impreso en 1994 Capitulo I Nación, Independencia y Poder de Decisión

Escrito por  Jorge O’Connor d’Arlach Mogro Mar 11, 2018

En este libro se utiliza el término nación para referirse al conjunto de los habitantes permanentes de un país determinado, sin distinción de edad o sexo y sin tener en cuenta la procedencia étnica de los mismos, que comparten una aspiración común sobre su futuro.
Consideramos como un atributo esencial para la nación su independencia, o el poder de decisión de sus miembros sobre asuntos de trascendencia para su porvenir.

En este contexto, al proceso de pérdida gradual de la independencia o del poder de decisión lo consideramos equivalente a un proceso de anulación de uno de los atributos esenciales de cualquier Estado.
No se trata aquí de que todos los Estados tengan una independencia absoluta, pues vivimos en un planeta cada vez más interdependiente, por la misma circunstancia de que todos compartimos el mismo globo terráqueo y hay ciertas cuestiones, como el control del medio ambiente y otras, en los que la actuación de cualquiera de los Estados puede afectar a los demás. En este caso se trataría de una cesión de parte de la independencia nacional, que afecta por igual a todos los países y que es necesaria para el bien común y es similar a las limitaciones de la libertad individual en todo aquello que afecte negativamente a los demás.
De lo que se trata es de una pérdida de la soberanía que no es recíproca y que va en desmedro de la capacidad de decisión de los Estados menos desarrollados.
Este es un fenómeno que va afectando a la mayoría de los países y entre ellos a Bolivia, cuyo caso tiene rasgos generales que son de aplicación universal.
En el caso de Bolivia, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el proceso de pérdida de la independencia, se va acentuando especialmente en el presente siglo.
Cuando Bolivia nace a la vida independiente y en la mayor parte del siglo pasado, la influencia externa es significativamente menor que en el presente. Es el período de preponderancia del Imperio Británico, pero esta preponderancia dista mucho de ser la hegemonía que permea todos los aspectos de la vida y que tiene carácter mundial como la presente.
Se vive en una relativa independencia donde hasta decisiones de trascendencia continental como la creación de la Confederación Perú Boliviana, son tomadas sustancialmente por voluntad de actores bolivianos y peruanos.
La influencia del Imperio Británico es relativamente pequeña en Bolivia, pues este es un imperio que no tiene la hegemonía mundial y que ejerce su poder principalmente a través de su flota de guerra y que no ve intereses vitales como para intentar ejercer su poder en el territorio boliviano, que en su mayor parte se encuentra alejado de las costas.
Esta situación de relativa independencia está limitada por la falta de autosuficiencia sobre todo en la parte manufacturera. Bolivia en el siglo pasado, debe importar numerosos artículos que no fabrica. La manufactura nacional es muy rudimentaria y se trata casi de artesanías entre las que se destacan la fabricación de tejidos, artículos de cueros y el procesamiento de algunos productos agrícolas.
Sin embargo los grandes ausentes eran la metalurgia y la siderurgia y todas sus industrias derivadas. Esto hacía que debían importarse implementos para la agricultura y la minería, desde hachas, cuchillos, arados y otros y, lo que era muy importante para el sostenimiento de la independencia nacional, armas.
En lo que se refiere a la metalurgia y siderurgia, la situación casi no ha mejorado, pues aparte de las fundiciones de estaño, estamos casi como en la época colonial en la que hay que importar desde un alfiler, un arado, los fertilizantes, automóviles, aviones y ni que decir de las computadoras y demás implementos.
Sin embargo, como los proveedores de artículos manufacturados eran diversos y no sustentaban la misma política de hegemonía mundial, sino que en muchos casos se combatían, abiertamente o no, como en los casos de Inglaterra, Francia y Alemania, la dependencia no era tan aguda.
En algunos aspectos, el retroceso fue claro y patético. Bolivia es un país con un gran territorio con relación a su población y, en la época de la independencia y en los años posteriores, fue un país autosuficiente en materia alimentaria. Sin embargo, prácticas como las de las donaciones de harina de trigo y la falta de protección a la industria nacional, nos han llevado a que no seamos autosuficientes en muchos rubros alimentarios en los que antes lo éramos.
La independencia se va perdiendo paulatinamente al aumentar la distancia relativa entre los países desarrollados y subdesarrollados.
Uno de los importantes limitantes de la soberanía nacional es el endeudamiento externo. Un Estado que es deudor de otro u otros Estados poderosos, que en su momento pueden imponer hasta el cobro coactivo, es un Estado que tiene su independencia seriamente cuestionada.
Desgraciadamente para Bolivia, el endeudamiento del Estado empieza muy temprano.
En efecto, corresponde a la Asamblea Nacional de 1825, año de la fundación de la República, la iniciación del primer empréstito boliviano, mediante autorización que confirió al Libertador Presidente don Simón Bolívar para negociarlo por la suma de un millón de pesos, afianzando su pago con los fondos generales de la República.
Esta suma estaba destinada a premiar los servicios del Ejército Libertador que concurrió a las batallas de Junín y Ayacucho, y no llegó a realizarse sino más tarde, junto con otras sumas destinadas a indemnizaciones de guerra.
Para tener un orden de magnitud de estas cifras, es interesante notar que el primer presupuesto de gastos de la República que fue formulado por el Ministro de Hacienda D. Juan de Bernabé y Madero, y rigió durante los años 1826, 1827 y 1828 , alcanza a un total de 2.349.763 pesos, de acuerdo al siguiente detalle:

Servicio del Congreso $. 50.000
Servicio del Supremo Gobierno $. 72.000
Servicio de la Corte Suprema $. 34.000
Servicio de la Dirección de Rentas $. 8.000
Servicio de Relaciones Exteriores $. 52.000

Servicio de Guerra, comprendiendo
E.M.G., Escuela Militar, Artillería,
9 escuadrones de caballería y cinco
batallones $. 1.314.000
Servicio departamental $. 323.805
Crédito público, intereses y
amortizaciones de los billetes $. 210.000
Servicio de instrucción y beneficencia $. 185.958
Servicio de Culto $. 100.000
TOTAL. $ 2.349.763
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En lo que se refiere al endeudamiento externo, este fue en constante aumento, convirtiéndose en una práctica usual, no ya reservada para cuestiones excepcionales, sino a la que se le echa mano irreflexivamente en casi todos los aspectos de la vida nacional.
El saldo de la deuda externa total de Bolivia al 30 de junio de 1992 alcanzaba a 4.370,2 millones de dólares (3), que representa el 83 % del Producto Interno Bruto.
Esta práctica del endeudamiento ha creado una manera de encarar el desarrollo nacional que es intrínsecamente dependiente y que conduce a que la estrategia de desarrollo del país se diseña, en gran medida, en base a financiamiento externo, y por lo tanto tiene que negociarse con los proveedores de este financiamiento, que son agentes externos al país.
En el año 1992, la inversión total en el país fue de 951,58 millones de dólares, de los que 531,58 millones correspondieron a la inversión pública y 420 millones a la inversión privada (4), de la inversión pública, 406,4 millones de dólares, es decir el 76% corresponde a financiamiento externo (1).
Si se tiene en cuenta la totalidad de los desembolsos por financiamiento externo en 1992 (US$ 718,6 millones), que incluye cooperación técnica independiente (127,9), cooperación técnica relacionada con la inversión (39,9), proyectos de inversión (406,4), apoyo a la balanza de pagos (112,7), ayuda alimentaria (30,1) y Asistencia de emergencia y de socorro (1,6), todo en millones de dólares, se ve que las principales fuentes de financiamiento fueron el Banco Interamericano de Desarrollo BID (23,0 %), USAID (12,1%), la Corporación Andina de Fomento CAF (10,3%), Alemania (8,2%), Banco Mundial (7,8 %), Fondo Monetario Internacional (6,9 %), Japón (5,1%), Italia (4,9%), Naciones Unidas (3,9 %) y los Países Bajos (3,2 %).(1).
No es necesario abundar sobre la enorme dependencia de un país en el que bastante más de la mitad de las inversiones públicas destinadas al desarrollo están financiadas con recursos externos.
Esta elevada proporción de financiamiento externo para las obras de desarrollo tiene múltiples causas, siendo una de las más importantes una especie de psicología del endeudamiento que nos lleva a que, hasta para construir caminos vecinales, se endeude al país en cantidades apreciables, sin considerar la posibilidad de empedrar algunos caminos recurriendo a materiales, ingeniería y mano de obra nacionales y de esta manera disminuir el endeudamiento y la desocupación.
La psicología del endeudamiento hace que a menudo se construyan obras que están muy por encima de los medios o las necesidades reales del país, simplemente porque se tiene financiamiento para pagar por sofisticaciones innecesarias, y a menudo porque los gobernantes ven el endeudamiento como algo que no pagarán ellos, pues cuando se cumplan los períodos de gracia ya estará otro gobierno en el poder. Este endeudamiento excesivo está fomentado también por los vendedores de bienes y servicios que forman importantes grupos de presión sobre el gobierno y los organismos financiadores.
Al nivel de endeudamiento contribuye también la dinámica propia de muchos de los organismos financieros internacionales, que tienen como una de sus metas importantes el prestar cada año montos mayores que el año anterior.
Por el accionar de estos organismos financieros, aunque no sea este el objetivo, el resultado es aumentar constantemente el endeudamiento, es decir la dependencia de los países en desarrollo.
Como los préstamos de los organismos financieros internacionales son los más convenientes por ser blandos y tener restricciones de proveedores pequeñas por el gran número de países miembros de los mismos, el resultado natural comprobado por las cifras es que la mayoría del financiamiento externo, y con tendencia a aumentar, provenga de ellos.
Esta manera de financiar las inversiones mediante préstamos, unida al hecho de que la mayoría de los préstamos provienen de organismos financieros internacionales, hace que gran parte del desarrollo nacional se oriente por las políticas de estos.
En la época actual la tónica está dada por la privatización de la parte productiva de la economía, con un énfasis cada vez mayor para las inversiones del gobierno en las llamadas áreas sociales y algunas de infraestructura como caminos, las que se estima difícil que puedan ser suficientemente atractivas para el sector privado.
Es decir se induce a que los bolivianos pierdan el control y los dividendos de los sectores productivos como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), entreguen una parte importante del control de sus recursos naturales y por lo tanto de la planificación de su futuro y que el gobierno se dedique a proveer la infraestructura y los servicios como educación y salud, necesarios para proveer de medios de transporte y de personal especializado para el desarrollo del Estado boliviano, pero también para las empresas transnacionales que actuarán en Bolivia.
Como se considera que no sólo es necesario que se internacionalice el control de la economía, sino que haya un ambiente adecuado que garantice la estabilidad necesaria para el desarrollo de Bolivia y para los inversionistas extranjeros, los organismos financieros intervienen en gran cantidad de aspectos intrínsecamente ligados con la soberanía del país.
En la actualidad organismos financieros internacionales y agencias de algunos países desarrollados, financian programas relacionados con la modernización del Estado, el proceso electoral, el funcionamiento del Congreso, el Poder Judicial, la modernización y capacitación de la aduana, etc., y contribuyen al pago de los salarios de los funcionarios superiores del gobierno central.
De qué independencia se puede hablar, cuando hasta parte de los sueldos de los altos funcionarios del Estado son pagados por organismos financieros internacionales.
Aunque es cierto que muchas veces la intervención de las agencias financieras no ha sido impuesta por ellas, sino solicitada por el propio Estado boliviano, sin una evaluación clara de sus consecuencias sobre nuestra soberanía, sin embargo el resultado ha sido el conducirnos a una situación de enorme dependencia, a la que el actual Presidente de la República se refirió como “terrible”.
A lo anterior se quiere añadir la enajenación del manejo de uno de los últimos baluartes en los que al pueblo boliviano le queda un resto de poder de decisión, que es en las empresas del Estado como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en las que este poder de decisión se transferiría a las transnacionales a través del llamado proceso de capitalización del que nos ocuparemos más en detalle.
Como veremos, la pérdida de independencia nacional o pérdida del poder de decisión de los miembros de la nación sobre cuestiones claves para su futuro, está influenciada por factores externos y por factores internos entre los que se destaca la aceptación de una psicología de la dependencia, y la falta de solidaridad entre los componentes de la nación, que hace que algunos de sus sectores actúen, no considerando lo que es mejor para el conjunto de la nación, sino lo que es mejor para ellos.
Lo expuesto en este capítulo no quiere decir que los países en desarrollo deban aislarse de la comunidad financiera mundial, o que no deban contratar préstamos de fuentes externas en general ni de los organismos financieros internacionales en particular que, como hemos dicho, son frecuentemente los más convenientes.
De lo que se trata es de que los países receptores deben evitar el endeudamiento excesivo, y en los casos en que sea necesario contratar financiamiento externo, hacerlo con plena consideración a los Intereses permanentes del conjunto de la nación y sin aceptar interferencias con su poder de decisión.