Privados rechazan mantener las políticas “paternalistas”

Escrito por  REDACCIÓN CENTRAL/EL PAÍS EN Oct 05, 2017

En el marco del debate que se abrió entre la Gobernación y la Asamblea Departamental de Tarija (ALDT), sobre la posibilidad de modificar la Ley que establece la entrega de la Canasta alimentaria a las personas de la tercera edad por un bono en efectivo, el sector privado del departamento recomendó dejar de lado las políticas “paternalistas”.

Cabe recordar que la Comisión de Hacienda, el martes 3 de octubre, emitió un informe de rechazo al proyecto de ley que presentó la Gobernación para la entrega del Bono Bicentenario. Esa decisión fue cuestionada por el secretario de Coordinación, Waldemar Peralta, quien recalcó que con el proyecto de ley se garantiza un bono igualitario para los adultos mayores y se genera un ahorro de al menos 10 millones de bolivianos por gastos operativos.
Sobre el tema, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Víctor Fernández, a tiempo de convocar a las partes confrontadas a dejar posturas políticas y comenzar a atender otros temas que son más preocupantes, como la crisis económica que atraviesa la región, explicó que las autoridades regionales deben dejar de pensar en políticas “paternalistas”. Recalcó que ese sistema asistencialista no ha tenido resultados favorables en ningún país.
“No existe ejemplo alguno de políticas paternalistas que hayan generado beneficios económicos al punto de transformar la vida de los beneficiarios, por lo contrario, la única forma de generar mejores resultados es incentivando el sector productivo, otorgando las condiciones para que se sumen las inversiones y no así dilapidando recursos en bonos que, a la larga, sólo generan conflictos, por las dudas en su manejo y con resultados inciertos”, sostuvo Fernández, según un boletín de la FEPT.
Fernández dejó entrever que, si debiera elegir entre una Canasta o un Bono, sin duda que es más beneficioso para el sector productivo la primera alternativa, siempre y cuando, para la provisión de la misma, se opte por dar una mayor oportunidad a la producción local, porque así se produce una cadena productiva que genera empleos directos e indirectos que repercuten en la economía regional.
“En algunos casos ya se entendió esta lógica, aplaudimos ello. Pero en otros seguimos priorizando la producción no sólo de otras regiones, sino incluso de otros países, lo cual desalienta a los empresarios locales y genera otras situaciones de desempleo que, a la larga, también generan que estas canastas ni siquiera lleguen a los beneficiarios directos, sino que sean un botín para los hijos y nietos, en detrimento suyo”, acotó.
Por ello el presidente de la FEPT instó a las autoridades a que cambien su visión sobre el desarrollo regional y pongan sus ojos en temas que realmente deben preocupar, como la difícil situación que atraviesa el sector de la construcción, la cual, además, repercute en todo el aparato productivo regional, pues es el generador de movimiento económico en la región. Fernández recomendó solucionar los problemas que se vienen arrastrando de pasadas gestiones, a fin de generar nuevas alternativas de inversión.

el
apunte

La Caincotar
recomienda
transparencia
en la entrega

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija (Caincotar) también emitió un pronunciamiento sobre el conflicto que despertó la Canasta Alimentaria.
El presidente de esa institución, Gerardo Aparicio Romero, si bien se mostró contrario a cualquier mecanismo de subvención, sea este Bono o Canasta, indicó que al existir una ley que sustenta la entrega de la Canasta Alimentaria no se debe apuntar a modificar esa norma, sino más bien a mejorar los mecanismos de distribución y control de ese beneficio, para evitar las susceptibilidades que existen en la actualidad. Ya que en la ALDT se insinuó que el problema es quién recibirá “la coima”.
“La verdad es que, en lo personal, no soy partidario ni de Canastas ni de Bonos, porque no tienen la repercusión que se espera en la economía regional. Pero más allá de ello y al estar ya establecido por ley departamental, creo que se debe tener mucho cuidado en el manejo de estos procesos, porque son recursos públicos que nos pertenecen a todos, por lo que exigimos la transparencia necesaria en su manejo”, argumentó Aparicio Romero.