Miércoles, 17 Enero 2018

Corre el trámite en bancos Bisa y Unión para crédito privado

Escrito por  GUSTAVO MÁRQUEZ/EL PAÍS EN Ene 13, 2018

La Gobernación del departamento de Tarija agiliza los trámites para concretar los créditos del banco Unión y banco Bisa, donde se cumplió hasta este viernes con todos los requisitos planteados, entregando toda la documentación dentro del plazo para lograr el desembolso de 70 y 102 millones de bolivianos, respectivamente, destinados a generar movimiento económico y reactivar las obras en las provincias.

El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya, informó que se entregó a los dos bancos la documentación requerida, por lo que el proceso crediticio ahora entra a la fase de análisis de la información y pre aprobación, de la cual pasará al directorio que dará el visto bueno a los informes elevados.
Sobre el cronograma en el caso del banco Unión, Ardaya puntualizó que a partir del viernes se ha decidido designar dos oficiales de crédito para el análisis de la información, ya que inicialmente se contaba con uno pero ahora lograron sumar a un profesional más para agilizar el trámite donde se cumplió con 16 requisitos.
El mismo terminará en ocho días, por lo que antes del 22 de enero la información procesada enviada al banco Unión de Cochabamba donde se revisará para el doble control. El 26 de enero se prevé que el proceso de decisión llegue al directorio nacional para que lo aprueben y en los primeros días de febrero se pueda recibir los 70 millones de bolivianos.
“Ya entregamos la información que es parte de la recuperación de la confianza de las instituciones con respecto a la Gobernación. Ahora la entidad bancaria tiene que jugar su papel por que la pelota está en su cancha. Hemos pedido que acelere el proceso de análisis que inicialmente previsto para 14 días pero con el refuerzo se va a reducir el plazo de manera tal que el análisis se haga más rápido y se mande todo a Cochabamba”, agregó.
En cuanto al banco Bisa, Ardaya expuso que también se tienen avances y va al mismo ritmo, por lo que entregaron toda la documentación y esperan reunirse el día lunes con la Gerencia Regional. El monto gestionado en esta institución es de 102 millones de bolivianos, y junto con el otro monto, se espera puedan inyectarse mayores recursos a partir del mes de febrero para que las empresas puedan continuar su trabajo y contratar personal, generando movimiento el 2018.
Aunque desde el oficialismo departamental se ha observado negativamente las gestiones que se está haciendo la Gobernación, calificándolas como un “endeudamiento”, Ardaya defendió el trabajo: “Todo Tarija sabe la situación de banca rota que nos ha dejado el gobierno ilegítimo del MAS, con un gobernador interino que era nada más que un prefecto designado, un interventor de la Gobernación, que nos ha dejado con compromisos de alrededor de 8 mil millones de bolivianos.
En este momento si se toman en cuenta los fideicomisos con medidas de austeridad y medidas legales para resolver contratos estamos con compromisos de menos de 4 mil millones de bolivianos”, dijo.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Álvaro Ruiz, indicó que esperan que “sea verdad” que se ha cumplido con todos los requisitos para que llegue al fin el préstamo, por lo que solicitarán información oficial para conocer el estado de las gestiones.,
Asimismo, sostuvo que alrededor de 42 millones de bolivianos de estos créditos, llegarían a los municipios lo que cubrirá parte del compromiso que tiene la Gobernación, empero Ruiz observó que el 2017 no se ejecutó el total del presupuesto programado para algunos proyectos concurrentes, que aún genera huecos en la economía de las distintas jurisdicciones.

Municipios plantean planificar uso de créditos

En esta coyuntura, el presidente de la AMT informó que se ha remitido este 2018 una nota al gobernador Adrián Oliva para que se pueda coordinar con los gobierno municipales, las subgobernaciones y el sector privado, los próximos créditos para el departamento, con el fin de que no suceda lo que ocurrió en diciembre en la Asamblea Legislativa Departamental, cuando un tema económico pasó al plano político y responsabilizó al legislativo por la retardación en los trámites.

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