Débito de otros Bs 40 MM amenaza finanzas de Tarija

Escrito por  GUSTAVO MÁRQUEZ/EL PAÍS EN Feb 20, 2018

Los débitos para aplicar la Ley del 8 por ciento para los proyectos concurrentes de los gobiernos municipales del departamento de Tarija continuarán. Son alrededor de 40 millones de bolivianos los que podrían pasar en las próximas semanas de la cuenta única de la Gobernación a cinco municipios que están realizado el trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

La semana pasada, el Ministerio de Economía debitó 18 millones de bolivianos para los municipios de Yunchará y San Lorenzo, acción que la Gobernación de Tarija calificó como ilegal y activó los mecanismos administrativos en pos de su restitución, además solicitó una reunión con el presidente Evo Morales y el ministerio del área, que no llegó a concretarse todavía.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Álvaro Ruiz, señaló que las alcaldías restantes realizaron los trámites para que se debite automáticamente los recursos de la Gobernación, en complimiento de la Ley del 8 por ciento. Recalcó que de los ocho municipios del departamento, hasta ahora, solo dos recibieron los recursos, mientras que otros están aún en trámite.
“Es un promedio de nueve millones de bolivianos por municipio. Ya debitaron para dos ahora faltan los restantes seis. Hemos llegado a esta situación porque la Gobernación nunca nos ha escuchado, nunca nos ha atendido, nunca ha querido reunirse con nosotros. Todos los municipios han realizado los trámites para los débitos, la norma dice muy claramente, dice que luego de los primeros siete días del mes si no transfiere la Gobernación, se puede proceder al débito”, explicó Ruiz.
Al respecto, desde la Gobernación el asesor general, José Luis Gandarillas y el secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya, manifestaron que, pese a que una delegación se trasladó para hablar sobre los débitos a la ciudad de La Paz, no se logró concretar la reunión quedando solo la vía administrativa y penal.
“Los políticos del MAS están convirtiendo al Ministerio de Economía en una comisaria, instruyen a esta instancia acciones confiscatorias contra la Gobernación, cuando esta debe ser una instancia técnica pero más bien funge como un órgano represivo. Está claro que la Gobernación concluirá un procedimiento administrativo, estamos agotando la vía administrativa para pasar a la penal”, aseveró Ardaya.
A su tiempo, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Sara Armella, exteriorizó su aprobación al mecanismo adoptado. Explicó que la Ley del 8 por ciento estipula que si es que no se cumple con los desembolsos éstos se pueden debitar de manera automática, como una medida para hacer cumplir los convenios intergubernamentales. Por lo demás, manifestó que si argumentan desde la Gobernación que esto es ilegal, deben demostrarlo.

 

el
apunte

Bermejo
espera
recibir sus
recursos

El alcalde de Bermejo, Delfor Burgos, informó que este Gobierno Municipal hizo la presentación al Ministerio de Economía y Finanzas para contar con nueve millones de bolivianos por concepto de la Ley del 8 por ciento.
Si bien indicó que los trámites de su municipio son los más avanzados, aseveró que conoce que en el transcurso de los próximos días los demás municipios también entrarán a la fase de traspaso a sus cuentas.
El burgomaestre interpretó que la Ley contabiliza recursos desde el momento de su promulgación, que fue el pasado año, lo que ha generado una deuda de meses, advirtiendo que si la Gobernación no cumple este 2018, al pasar los siete primeros días de cada mes las entidades municipales volverán a activar el mecanismo financiero.
El asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UD-A), Mauricio Lea Plaza, sobre el tema informó que como bancada se ha presentado un proyecto de ley “antidebitos”, mismo que se encuentra al momento en la Comisión de Hacienda de la ALDT.
El asambleísta denunció que se están disponiendo desde el Estado recursos de otro nivel de gobierno, lo que calificó como un mecanismo centralista y confiscatorio.