Emiten una orden fiscal por débitos de la Ley del 8%

Escrito por  Daniel Rivera M./El País eN Mar 19, 2018

El Ministerio Público admitió la denuncia de la Gobernación de Tarija por los débitos automáticos que activaron los municipios de Yunchará y San Lorenzo enmarcados en la Ley 206 (más conocida como Ley del 8%), por lo que emitieron un requerimiento fiscal para ampliar la información y se notificará a los acusados para que declaren en este caso.

La denuncia interpuesta por el gobernador Adrián Oliva es por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Requerimiento
Según el requerimiento fiscal, esa institución pide que se remita una copia legalizada de la Ley departamental 206 (Transferencia de Recursos Económicos para Inversiones Concurrentes a los Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de Tarija). Una certificación de cuándo fue promulgada y publicada dicha normativa, también sobre el Decreto Departamental 002/2018 (reglamentación de dicha ley), además de una copia legalizada.
Al margen del ello, la Fiscalía requiere que se certifique si se ha realizado el débito automático por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la cuenta corriente fiscal de la Gobernación.
Por otro lado, el documento indica que se remita un informe detallado sobre acciones administrativas o constitucionales que realiza la Gobernación en cuanto al presunto débito automático ilegal realizado por el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. Toda la información debe ser entregada en un plazo de 72 horas.

Acusados
En ese sentido, el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, sostuvo que se está en plena tarea de presentar la documentación requerida por el Ministerio Público, pero además están pendientes de las declaraciones de las presuntas personas acusadas, en este caso los alcaldes, de Yunchará, Gladys Alarcón, y de San Lorenzo, Miguel Ávila, además de la directora General de Administración y Finanzas Territoriales, Grisha Fushimoto, y otros implicados como David Choque y Eyberh Flores.
El funcionario sostuvo que como institución víctima realizan las diligencias de cooperación a la Fiscalía para las notificaciones en la ciudad de La Paz y demás localidades involucradas en este caso.
García sostuvo que los débitos superan los 18 millones de bolivianos, pero además de no valorar la fecha de vigencia de la Ley 206, tampoco se apropiaron los recursos para un proyecto en específico, no fueron destinados para pagar planillas pendientes o avances de obra, sino que fueron tramitados de manera irregular.
En ese sentido, como Gobernación esperan que en 20 días se tenga una respuesta en cuanto a la investigación preliminar que realiza la Fiscalía.
El País eN intentó comunicarse con la alcaldesa Gladis Alarcón vía teléfono, pero a las cuatro llamadas que se le realizó no contestó su celular. También se intentó contactar al alcalde Miguel Ávila, quien tenía su celular apagado.