Pese a mala experiencia, Bolivia busca inversión de la minería canadiense

Escrito por  ALEJANDRO ZEGADA/EL PAÍS eN Mar 26, 2018

El ministro de Minería, César Navarro, viajó a la ciudad de Vancouver, en Canadá, en busca de inversiones para Bolivia. Esto mientras una transnacional canadiense está en pleno juicio millonario contra el Estado boliviano, además de la larga lista de conflictos, violaciones de derechos humanos, ambientales y otros impactos negativos de la minería canadiense en Latinoamérica.

Ante la noticia difundida por varios medios de comunicación, el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, recordó que “las empresas mineras del Canadá tienen los peores desempeños ambientales y de derechos humanos. Muchas son sociedades armadas para lucrar con los derechos mineros que les otorgan los estados anfitriones”.
Gandarillas además fue tajante al referirse al viaje del ministro Navarro: “Esto debería saberlo un ministro de minería. Pero Navarro no debe saber qué pasó con South American Silver en Mallku Khota y su millonaria demanda”.
En efecto, los expertos consideran que la influencia canadiense en la minería se siente en América Latina más que en cualquier otra región del mundo.
Más de la mitad de la inversión minera de ese país en el exterior se acomoda en esta región, con 80 grandes proyectos. El valor de estos activos mineros canadienses en Latinoamérica rondan los 67.500 millones de dólares. Del total de las inversiones canadienses en el continente, el 55% son en minería.
Estos datos provienen del propio Gobierno de Canadá, citado en diferentes medios de comunicación internacionales, incluida la BBC.
Más importante aún es la larga lista de controversias y conflictos generados por la minería canadiense en la región y en Bolivia.

Los problemas suman y siguen
Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), denuncia que “algunas empresas mineras canadienses se han caracterizado por los grandes y largos conflictos con comunidades, que no han respondido a la lógica de una minería moderna responsable sino que han terminado en estrategias de intimidación, violencia”.
Ejemplos abundan, como el conflicto que la minera Barrick ha tenido por más de una década en Chile y Argentina, o el de la mina Marlin de Goldcorp en Guatemala por las acusaciones de daño ambiental.
El politólogo mexicano Jaime Porras Pereira, en una publicación en el New York Times, se suma a las denuncias contra la minería canadiense.
“Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social”.
Otro caso famoso es el de Pascua Lama, el proyecto de extracción de oro de la empresa Barrick Gold, instalado en la región de Atacama (Chile). Al respecto, Yasna Provoste, ex intendenta e integrante de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, explica la problemática.
“No solo hemos visto un deterioro desde el punto de vista de la calidad del ambiente, sino que también una fragmentación muy fuerte respecto del tejido social. Esto, porque algunas malas empresas entienden que la responsabilidad social es entregar dinero para dividir a comunidades, que es lo que hemos visto a partir del proyecto Pascua Lama. Y tampoco me parece justo extender las malas prácticas de Barrick Gold al resto de la gran minería”.
Los impactos socioeconómicos se suman a los ambientales y a fenómenos como la criminalización de la actividad de defensa de derechos, el cierre de espacios institucionales de diálogo y la exacerbación de la violencia, amenazas y hostigamientos, además de desplazamientos forzados y división de las comunidades.
Este tipo de problemas no sólo afectaron a Pascua Lama, sino prácticamente a todos los lugares donde la minería canadiense ha generado conflictos. Así lo detalla un informe titulado “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, elaborado por un grupo de ONGs y presentado el año 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe también establece que a pesar de que las autoridades canadienses conocen las problemáticas de los casos estudiados, continúan entregando apoyo político, jurídico y financiero a los operadores de los proyectos.
Por su parte, datos de OCMAL registraban alrededor de 198 conflictos activos ligados a la minería de gran escala, de los que se identificaron por lo menos 22 proyectos altamente contaminantes, gestionados y ejecutados por 20 empresas canadienses, cuyas filiales han desarrollado trabajos en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.

Minería canadiense en Bolivia
Si de conflictos socioambientales se trata, el caso de la canadiense South American Silver en el norte de Potosí es también un ejemplo paradigmático.
La transnacional canadiense, a través su subsidiaria, la Compañía Minera Mallku Khota, fue adquiriendo poco a poco los derechos sobre Mallku Khota entre los años 2003 y 2008, derechos sobre concesiones mineras que se superponen con el territorio indígena originario de los Ayllus del Norte de Potosí.
Según da cuenta un informe del CEDIB, elaborado por sus investigadores Georgina Jiménez y Jorge Campanini, South American Silver emprendió una política de “compra” de concesiones y conquista de voluntades en las comunidades prometiendo compensaciones sociales y fuentes de trabajo.
Sin embargo, “el progresivo avance de la exploración y el anuncio de una explotación a cielo abierto despertaron la susceptibilidad de los pobladores” y la transnacional “se encontró con una resistencia natural hacia sus operaciones por lo que, de acuerdo a las denuncias de las comunidades, optó por el camino de la cooptación y la división entre los ayllus”.
Las autoridades originarias afirmaron sostenidamente que la empresa se entrometió en sus asuntos internos e inclusive la acusan de promover enfrentamientos y generar un clima de violencia.
De hecho, desde el año 2010 se mantiene un clima de tensión, exacerbado después del ingreso violento de policías a las comunidades de la zona, generando la respuesta de los comunarios, en una escalada que, en 2011, derivó en cabildos en los que decidieron expulsar a la empresa y exigían al gobierno la reversión de las concesiones.
La tensión y violencia continuó, hasta que el 5 de julio del año 2012, cerca de las 3 de la tarde, a la altura de Jant´a Palca un contingente policial hizo uso de armas de fuego e intervino a un grupo en vigilia provocando la muerte de uno de los comunarios y causando heridas de bala a otros cuatro. Seis policías resultaron con contusiones durante la intervención.
Recién entonces, el gobierno manifiesta su intención de revertir las concesiones en manos de la transnacional. El Decreto Nº 1308 fue promulgado el 1 de agosto de 2012, revirtiéndose las concesiones.
Por su parte, la South American Silver dio a conocer su rechazo a la medida adoptada por el gobierno y advirtió que de hacerse efectiva la anunciada reversión, asumirá acciones de defensa y exigirá resarcimientos por las inversiones hechas, la compra de concesiones que realizó y por el “lucro cesante” que la reversión le ocasiona.
Los investigadores del CEDIB observan que, “desde las esferas gubernamentales relacionadas con el sector, ha existido una actitud permisiva con la empresa y ha estado ausente la voluntad política para hacer prevalecer los intereses nacionales estratégicos”.

Beneficios e impactos
Según estudios de prospección y exploración de la propia transnacional, que cubrieron cerca de un 30% del total de su concesión, existen yacimientos ricos en plata, indio y galio, además de otros metales cuya presencia aunque no llega a tener los niveles de los anteriores constituye “valores interesantes” para la explotación, entre ellos el plomo, zinc, cobre, y de manera mucho menos importante, oro.
Con la producción estimada y tomando en cuenta tres probables escenarios de precios considerados por la empresa en base a cotizaciones de los últimos tres años, la investigación del CEDIB considera que “el proyecto fácilmente podría recuperar la inversión entre el primer y el segundo año de producción. Esto supondría que con una previsión de 15 años de vida del proyecto minero, 13 o 14 de esos años serían de ganancia neta para la empresa”.
Los mismos estudios de la empresa indican que para iniciar la explotación será necesario abrir de manera simultánea cuatro grandes tajos (o pits) en pleno cerro; de ellos se extraerían 40.000 toneladas diarias de material para su procesamiento.
Esto implicaría no sólo la destrucción del cerro mismo, sino de las lagunas que además de ser fuentes de agua para los pobladores, constituyen lugares sagrados y al menos una de ellas (Laguna Mallku Khota), resultaría ser una naciente de agua.
Asimismo, Mallku Khota es parte de la cabecera de la gran cuenca Amazónica y es además cabecera de la cuenca del río Grande y de seis subcuencas menores de las que depende el abastecimiento de agua de las comunidades dispersas en el territorio indígena y cuya preservación “es imprescindible para el equilibrio del ecosistema y el equilibrio hídrico de toda la cuenca alta del Río Grande y parte de la cuenca del río Caine”.
La masiva presencia de “remanentes de sustancias tóxicas y metales pesados a merced de la oxidación y mecanismos de transporte naturales” a través de ríos y filtraciones, ampliaría aún más el área afectada por la operación.
Vale agregar que los beneficios económicos para el Estado boliviano son mínimos. Sumando las regalías y todos los tipos de impuestos, en promedio el aporte real no llega ni al 10% del valor total producido, tanto en la minería estatal como privada. Las cooperativas aportan aún menos. ¿Tiene sentido tanto conflicto, destrucción y deterioro social por tan escasos beneficios?

Millonario juicio a Bolivia
Debido a la reversión de las concesiones a la transnacional, en mayo de 2013 ésta ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado boliviano, en el que exige 385 millones de dólares de compensación.
Según información proporcionada el año pasado por el procurador General del Estado, Pablo Menacho, hasta enero de 2018 tendría que haber salido la decisión definitiva del tribunal de arbitraje. Hasta el momento ello no ha ocurrido y se sigue a la espera del fallo.
El caso de Mallku Khota debiera servir para que las autoridades gubernamentales extraigan lecciones aprendidas para la adecuada gestión del sector y su relación con las transnacionales.