Ante la intensificación de controles y comisos que realiza la Aduana Nacional para evitar el ingreso de ropa usada al país, 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y los dirigentes de los comercializadores de ropa usa, acordaron abrir un proceso de investigación, al destino de 80 millones de bolivianos utilizados en 2007, para financiar un plan de reconversión productiva que fracasó, en su intento de fomentar la producción nacional y luchar contra la ropa usada.

La representante de los vendedores de ropa usada, Elizabeth Verástegui, informó el lunes que ese sector demanda la elaboración de un nuevo proyecto de ley para el control de esa mercadería, norma que beneficie también a la industria nacional.

Los comerciantes de ropa usada  en la ciudad de Tarija, luego de una bulliciosa marcha este viernes 21 de abril,

El sector de los comercializadores de ropa usada advirtió que de concretarse el proyecto de ley que traslada potestades a la Alcaldía, se estaría “relocalizando” a 300 mil familias que se dedican a esta actividad.

Esta mañana, en la Plaza Luís de Fuentes y Vargas, comerciantes de ropa usada realizaron una protesta en contra de una ley impulsada por el gobierno, que pretende establecer la prohibición de la venta e importación de ropa usada en el país, la cual se tendría previsto aprobar, el próximo 1 de mayo.

El pasado 13 de abril, el vicepresidente Álvaro García Linera presentó el proyecto de “Ley de Asignación Competencial para la Comercialización de Mercancías Usadas”.

El Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, informó que el ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley donde señala que la lucha para acabar con la venta de ropa usada pasa a ser competencia de los gobiernos municipales. 

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Ramírez, informó el viernes que el lunes se presentará a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que establece la prohibición de la venta e importación de ropa usada, para proteger industria nacional.

El crecimiento acelerado de la venta de ropa usada puso en evidencia  la debilidad de control de esa actividad ilegal, que ha dado muestras de ser consentida por instituciones.