Miércoles, 22 Noviembre 2017

Interpelarán a Guillen sobre el desfalco al Banco Unión

Escrito por  La Paz / ABI Nov 13, 2017

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocó a la décimo sexta sesión ordinaria, programada para el martes, para proceder a la interpelación del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillen, sobre el millonario desfalco al Banco Unión.

“Por instrucciones del ciudadano presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, se convoca a los senadores y diputados a la instalación de la décimo sexta sesión ordinaria a realizarse el martes 14 de noviembre”, señala una solicitada publicada en medios escritos.
Según información oficial difundida a los medios de comunicación, la sesión se desarrollará en instalaciones del Hemiciclo de la Cámara de Diputados desde las 09h00.
La agenda establece tres puntos: correspondencia, el acto de interpelación al ministro de Economía, Mario Guillen y el tratamiento del Informe de la Comisión de Justicia Plural.
De acuerdo a información difundida a los distintos medios de comunicación y prensa, el ministro Guillen deberá responder las preguntas de la interpelante, la senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, sobre el desfalco de 37,6 millones de bolivianos y las responsabilidades que existían en diferentes niveles ejecutivos y del directorio del Banco Unión.
Por otro lado, los informes de la Comisión legislativa recomiendan la autorización del juicio de responsabilidades contra los ex ministros de Estado, Gonzalo Méndez e Isaac Maydana, por haber cometido hechos irregulares en sus gestiones.
La recomendación del inicio de juicio de responsabilidades contra Méndez, ex ministro de Defensa (2005), se basa un daño económico de más de 22 millones de dólares al Estado, por la adquisición de la empresa Orbisat, de un sistema de radar, para el levantamiento de datos geográficos en la frontera Bolivia, Brasil y Perú.
En el caso de Maydana, ex ministro de Educación, la acusación se fundamenta por la contratación de servicios de consultaría, innecesaria, para la implementación de la reforma educativa, lo que generó al Estado un gastó de cerca de un millón de dólares.

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