Presunta estafa en aeropuerto de Chimoré implica a tarijeños

Escrito por  REDACCIÓN CENTRAL/EL PAÍS EN Jun 29, 2017

Tres empresarios tarijeños se encuentran prófugos de la Justicia mientras otros dos fueron aprehendidos y llevados a Chimoré para prestar declaración por irregularidades en la construcción del aeropuerto en ese municipio, en el corazón del Chapare.

Entre los fugados se encuentra Vito Blacud Martínez, propietario de la empresa Incico, mientras que los aprehendidos son Joaquín Ramallo Mealla, que fue detenido el fin de semana en Tarija, y Jorge Villaroel, que lo fue en Santa Cruz.

Denuncia por estafa
“Este grupo de empresarios hicieron una asociación accidental, ni la registraron y todo lo subcontrataron. Luego no pagaron”. De forma contundente se manifestó el abogado Jaime Soliz, representante de Mario Caso, una de las víctimas del supuesto delito de estafa que se les imputa. Caso se habría encargado de hacer el techo del aeropuerto.
“Diversas personas conforman el consorcio Chimoré, Sergut, Incico y Petrosur, pero esta gente construye todo por terciarización, lo que está prohibido por el Estado. En esas contrata a la empresa Caso Metales y Concreto, pero también hay un montón de trabajadores a los que no pagaron sus cotizaciones sociales, etc”.
“Cobraron y se borraron. Han cobrado del Estado, han hecho trabajar a ellos y luego se han borrado. Se ocultaron en Potosí, luego en Tarija, han cambiado todos sus bienes para no pagar, en fin”, reiteró Soliz quien además recordó que ya se libraron anteriores órdenes de aprehensión en el marco de este proceso abierto.
La víctima, Mario Caso, a quien se estima una deuda superior a los 100.000 dólares,prefirió ser prudente en cuanto a sus declaraciones y por medio de su secretaria pidió tiempo para poder documentar más el proceso, en cualquier caso, indicó que los sindicados se encuentran en Tarija perfectamente identificados, por lo que se espera que la Policía cumpla con su trabajo.

Aeropuerto de Chimoré
El aeropuerto de Chimoré, en el corazón del Chaparé, fue una de las promesas de campaña del presidente Evo Morales hacia sus bases más fieles. En 2011 se lanzó la licitación en la modalidad de llave en mano. El 5 de septiembre de ese año se firmó el contrato con el consorcio Constructor Chimoré, formado por tres empresas tarijeñas, Incico, propiedad de la familia Blacud, con el 30 por ciento; Petrosur, de la familia Rojas también con el 30 por ciento y Sergut SRL, con el 40 por ciento.
El monto de adjudicación fue de 240.521.400 bolivianos, que al ser llave en mano no permitía modificación alguna. La fecha de recepción se fijó para el 5 de septiembre de 2014. El contrato lo firmó el entonces ministro Walter Delgadillo Terceros.
El plazo del aeropuerto se amplió hasta en dos ocasiones para inaugurarse a finales de 2015, aunque muchos meses después todavía no contaba con servicios básicos. Paradójicamente, el 29 de febrero de 2016 se emite una orden de resolución de contrato por causa fortuita, es decir, sin cobrar las boletas de garantía.

Empresarios en fuga
Este medio intentó ponerse en contacto con la familia Blacud desde el fin de semana, sin embargo no se logró el cometido. Se desconoce el paradero de los sindicados en la demanda.
La empresa Incico estuvo en su momento vinculada al proyecto Sucre – Ravelo, que acabó con escándalo, mientras que en Tarija se adjudicó la carretera Bermejo – San Antonio cuando participaba en la Asociación Accidental San Antonio, donde también existieron pugnas para incrementar el presupuesto. 
Por su parte, Petrosur está vinculada a otro escándalo relacionado a la carretera Villa Montes – Palo Marcado, que dejó a medias de construir durante la gestión de Mario Cossío.

Subcontratas y resolución, todavía está en examen

El Decreto Supremo 181, que rige las normas de contratación con el Estado, limita el porcentaje de subcontratación que se permite a las asociaciones accidentales que se adjudican licitaciones públicas, por lo que la acusación por “estafa” deberá ventilar el porcentaje real.
Otro asunto que se analiza es el causal de la resolución de contrato por causa fortuita después de que se hiciera la inauguración correspondiente. Aparentemente sería por no haber entregado todos los ítems.

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