Viernes, 22 Septiembre 2017

Experta: Sistema impositivo hace más pobres a los pobres

Escrito por  ALEJANDRO ZEGADA/EL PAÍS eN Feb 05, 2017

“Si bien la política fiscal (gasto público, impuestos, endeudamiento) inequívocamente reduce la desigualdad de ingreso de la población, generalmente también reduce el consumo de bienes privados por parte de los pobres”.

En otras palabras, “el Sistema fiscal neto de un país puede ser igualador, pero al mismo tiempo incrementar la pobreza”. Esa es una de las conclusiones de una investigación reciente de Nora Lustig, profesora de Economía Latinoamericana y directora del Instituto del Compromiso por la Equidad de la Universidad de Tulane (EEUU).
La investigación se basó en un análisis comparativo de incidencia fiscal en 28 países de ingreso medio y bajo, utilizando la clasificación del Banco Mundial.
El grupo analizado incluyó 3 países de ingreso bajo: Etiopía, Tanzania y Uganda; 10 países de ingreso medio-bajo: Armenia, Bolivia, El Salvador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Nicaragua, Sri Lanka y Túnez; 12 países de ingreso medio-alto: Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Georgia, Irán, Jordania, México, Perú, Rusia y Sudáfrica; 2 países de ingreso alto: Chile y Uruguay; 1 no clasificado (probablemente de ingreso alto): Argentina; y 1 país de economía avanzada: EEUU.
Y los instrumentos de política fiscal analizados en el estudio fueron: los impuestos al ingreso personal e impuestos al salario, transferencias directas, impuestos sobre el consumo, subsidios al consumo y transferencias en especia (en la forma de servicios de salud y educación).

El sistema fiscal, desigualdad y pobreza
Para poder analizar el impacto de la política fiscal en la desigualdad de ingresos, Lustig separó la porción “en efectivo” del sistema (es decir los impuestos directos, las transferencias directas, los impuestos indirectos y los subsidios indirectos) de la parte “en especie” del sistema (el valor monetizado del uso de los servicios públicos de salud y educación).
Los resultados muestran que la reducción en la desigualdad inducida por la porción “en efectivo” del sistema fiscal es bastante heterogénea: “El éxito redistributivo es primera y ampliamente determinado por la cantidad de recursos disponibles y de su progresividad combinada”.  
Además, la investigadora indica que los impuestos directos netos siempre son igualadores. Pero mientras la porción en efectivo del sistema fiscal neto siempre es igualadora de los ingresos, no puede decirse lo mismo de su efecto para la pobreza.
“Los resultados indican que los ultra-pobres en Ghana, Nicaragua y Tanzania, los extremadamente pobres de Armenia, Etiopía y Guatemala, y los moderadamente pobres de Sri Lanka, Perú, El Salvador, República Dominicana, Honduras y Bolivia, son contribuyentes netos del sistema fiscal”, indica la experta, lo que significa que pagan más al sistema de lo que se benefician de él.
En el caso de Brasil, esto ocurre por el elevado nivel de impuestos al consumo de productos básicos. En Perú, se debe a que las transferencias en efectivo son demasiado pequeñas como para compensar lo que los pobres gastan en impuestos.
En Armenia, Bolivia, Etiopía, Ghana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Tanzania y Sri Lanka, la política fiscal incrementa la pobreza, lo que significa que un importante número de los pobres por ingreso básico se vuelven más pobres por los impuestos y transferencias. “Este alarmante resultado es principalmente consecuencia de elevados impuestos de consumo sobre los productos básicos”, advierte Lustig.

La porción “en especie” del sistema fiscal
El gasto público en educación y salud tiene un efecto igualador, y su contribución a la reducción de la desigualdad es grande. Para Lustig, este resultado no es sorprendente puesto que se considera el valor monetario de estos servicios.
Y si bien los beneficios de las transferencias en especie en salud y educación parecen alentadores desde el punto de vista de la equidad, “es importante notar que esto puede deberse a factores que preferiríamos evitar”.
“El uso más intensivo de los servicios públicos de salud y educación por parte de los pobres puede deberse a que en realidad, en su búsqueda por mayor calidad, las clases medias (y obviamente también los ricos) prefieren los servicios privados. Esta situación deja a los pobres con acceso a lo que podría considerarse como servicios de segunda”, indica la experta.
Además, si las clases medias optan por no usar servicios públicos, puede que se vuelvan más reacios a pagar los impuestos necesarios para mejorar la cobertura y la calidad de esos servicios, mientras que podrían ser menos reacios a pagar si es que los servicios públicos fuesen utilizados universalmente.
La lección que emerge para las políticas públicas: “los gobiernos deben diseñar sus sistemas de impuestos y de transferencias de manera que los ingresos (o el consumo) de los pobres no sean menores después de las intervenciones fiscales (impuestos y transferencias) que antes. Excluyendo las transferencias en especie, la parte en efectivo del sistema fiscal no debería empobrecer más a los pobres, o volver pobres a los que no son pobres”, concluye Lustig.

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