Aumenta pobreza extrema: su reducción no fue estructural

Escrito por  ALEJANDRO ZEGADA/EL PAÍS eN Dic 31, 2017

El bajón económico de los últimos dos años ya ha empezado a afectar a los más pobres. Esto significa que los logros en la reducción de pobreza de la última década no implicaron una transformación de la estructura económica ni laboral, sino una mera redistribución de la renta, fundamentalmente hidrocarburífera y fiscal.

En Bolivia, la pobreza extrema afectaba al 38,2% de la población en 2005 y al 37,7% en 2006 y 2007. Como parte de los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM), Bolivia se había comprometido a bajar la extrema pobreza a 24,1% de la población hasta el año 2015, pero hasta ese año se redujo a 16,8%.
Esto significa que en el periodo 2007–2015, más de 1,8 millones de personas dejaron de ser extremadamente pobres, lo que es considerado un desempeño extraordinario.
Sin embargo, para el año 2016, la pobreza extrema se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, según la misma fuente de información. O sea que de 2015 a 2016 la pobreza subió de 16,8% a 18,3%.
Esta tendencia coincide con la caída del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB): Entre 2007 y 2011, la reducción de la pobreza se había mantenido a un ritmo de aproximadamente 5% y el crecimiento promedio del PIB esos años fue de 4,9%.
Pero en cuanto empezó la desaceleración económica y las tasas de crecimiento comenzaron a ser menores, los niveles de reducción de la pobreza extrema también fueron reduciéndose.
La Fundación Jubileo, con datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas del gobierno (UDAPE), y del Instituto Nacional de Estadística (INE), da cuenta que en 2013 el crecimiento del PIB alcanzó el 6,8%, en 2014 bajó a 5,5%, en 2015 a 4,9% y en 2016 a 4,3%.
Mientras tanto, la tasa de reducción de la pobreza extrema era de -2,95% en 2013, de -1,54% en 2014, luego pasó a -0,31% en 2015, y para el año 2016 la pobreza ya no se redujo sino que aumentó en 1,46%.
Esto muestra una fuerte correlación entre el crecimiento del PIB y la reducción de la pobreza, algo que no debería ocurrir de manera tan directa si es que la reducción de la pobreza se hace de manera estructural, lo que implica no sólo redistribuir billetes, sino sobre todo mejorar el empleo, la calidad del empleo, los servicios básicos (agua, luz, gas), servicios de salud, educación de calidad, inversión privada, y todo lo que se relaciona con las oportunidades y capacidades de la población.
Cuando se logra esto, el PIB puede fluctuar o crecer a ritmos pequeños, pero los índices de pobreza permanecen controlados y dejan de depender de la caridad (bonos sociales, distribución de billetes).
Lo que esto refleja es que el PIB es un indicador poco confiable e inapropiado para medir el progreso económico.

Cortoplacismo
“El PIB no toma en cuenta ningún tipo de activo de capital, como la infraestructura y el capital humano; es un indicador a corto plazo por naturaleza”, afirma Diane Coyle, Profesora de Economía en la Universidad de Manchester. Esto se relaciona precisamente con lo expuesto anteriormente respecto a una reducción no estructural de la pobreza.
Por su parte, el economista sueco Jorge Buzaglo afirmó que los procesos económicos insostenibles “como la masiva fuga de capital, el endeudamiento externo, la des-industrialización, la re-primarización y el extractivismo”, que “pertenecen íntimamente a la lógica del capitalismo global, pueden ser indefinidamente consistentes con el crecimiento del PIB”.
Los fenómenos anotados por Buzaglo han sido evidentes durante la última década, en que la deuda externa se duplicó y la economía se volvió más dependiente de la exportación de materias primas, tal como ha sido reflejado en varias notas de prensa en este periódico y también a nivel nacional.
En este contexto, la Fundación Jubileo considera que la fragilidad de la reducción de la pobreza y el cambio del ciclo económico deben ser “una alerta para proteger los resultados alcanzados y evitar que más personas vuelvan a vivir en situación de extrema pobreza”
Para ello se requieren políticas públicas precisamente para “generar más empleos de calidad, prevenir políticas asociadas a derechos como salud y educación, proteger el gasto social y aprovechar el potencial de población en edad de trabajar que alcanza a 79%”.

Gobiernos subnacionales en crisis
Un aspecto relacionado a la provisión de servicios a la población es la situación de los gobiernos departamentales y municipales, ya que éstos tienen competencia sobre los principales sectores relacionados a la situación de pobreza de la población, y sobre lo que es la protección social, como educación, salud, agua potable, oportunidades económicas/empleo y otros, que también son componentes de la medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas.
Pero bajo el diseño fiscal actual, los ingresos de las gobernaciones y municipios dependen en gran medida del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que se ha visto seriamente afectado por la caída del precio del petróleo y del gas en los últimos años.
Así, comparando el dato ejecutado de 2014 en relación al presupuesto 2017, el ingreso de gobernaciones disminuyó en 55% por concepto de coparticipación de tributos, regalías e IDH. En el caso de los gobiernos municipales, la pérdida acumulada es por 34% en el mismo periodo. Para 2018, el presupuesto prevé un monto similar al de 2017.
En este sentido, “preservar o mejorar los avances en la lucha contra la pobreza y otros indicadores sociales depende en gran medida de los gastos e inversiones de gobernaciones y municipios”, afirma Jubileo.