Martes, 20 Febrero 2018

Organizaciones piden “premiar el trabajo, no la riqueza”

Escrito por  Ene 28, 2018

La organización internacional Oxfam, en un estudio recientemente publicado, afirma que gran parte de la riqueza extrema en el mundo es “inmerecida”, ya que no es fruto del trabajo o del emprendimiento.

La justificación económica habitual sobre la desigualdad es que aporta los incentivos necesarios para la innovación y la inversión. Sin embargo, hay cada vez más estudios que desmienten estas afirmaciones y demuestran que la mayor parte de la desigualdad extrema es debida a herencias, monopolios, o relaciones de nepotismo o de connivencia con los Gobiernos.
Este tipo de hallazgos pueden encontrarse, por ejemplo, en el Índice sobre Capitalismo Clientelar de la revista The Economist, y también en la investigación del economista Didier Jacobs del año 2017, titulada precisamente “La Riqueza extrema no es merecida”.
Asimismo, la multinacional especializada en auditoría, seguros e impuestos, Pricewaterhouse Coopers (PwC), calcula que cerca de una tercera parte de la riqueza de los milmillonarios (que tienen miles de millones de dólares) ha sido heredada.
Por su parte, Oxfam ha calculado que dos terceras partes de la riqueza de los milmillonarios es producto de herencias, monopolios o relaciones de nepotismo y connivencia.

Gobiernos: más palabras que acciones
“Actualmente, es difícil encontrar un líder político o un líder empresarial que no exprese públicamente su preocupación por la desigualdad. Sin embargo, lo que cuenta son las acciones, no las palabras, y en esto casi todos los líderes suspenden”.
La dura afirmación de la organización se sustenta en un índice, elaborado conjuntamente por Oxfam y Development Finance International, que analiza las políticas adoptadas por 152 Gobiernos en ámbitos que podrían contribuir a hacer frente a la desigualdad, y que muestra que la mayoría de los Gobiernos no hace lo suficiente para cerrar la brecha entre ricos y pobres.
La organización reconoce que en los últimos años Uruguay, Bolivia y Argentina han logrado una reducción de la desigualdad gracias a “fuertes medidas” como el “aumento de la recaudación pública y del gasto social y, en algunos países, aumentando el salario mínimo”.
Sin embargo, la caída de los precios de las materias primas (de las que dependen muchos países de la región) ha provocado un aumento en los niveles de pobreza desde 2015, como ha reconocido el propio gobierno boliviano esta semana.
“En algunos países, esto ha coincidido con un giro de Gobiernos hacia la centro-derecha, en general menos interesados en reducir la desigualdad. Es por tanto muy probable que los logros alcanzados previamente experimenten un frenazo o que, incluso, se reviertan”, advierte Oxfam.
Bolivia, pese a sus avances en bonos y redistribución de billetes, no es la excepción, pues está en el puesto 47 de los 152 países que forman parte del ranking. Está por encima de países como Ecuador (57), México (68), China (87), Perú (90) o Paraguay (116), pero por debajo de Colombia (45), Chile (39), Uruguay (36), Argentina (26) e incluso EEUU (23).
Los diez países más igualitarios según este índice son: Suecia, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Alemania, Finlandia, Austria, Francia, y Holanda.
El índice toma en cuenta 3 dimensiones fundamentales de los gobiernos analizados: “1) el Gasto en salud, educación y protección social, 2) la Progresividad del sistema fiscal e incidencia de los impuestos, y 3) Políticas laborales para hacer frente a la desigualdad”. Mientras más acciones y avances logra un gobierno en estas esferas, más alto puntea en el ranking.
Recortar la desigualdad, no la democracia
Oxfam también denuncia que en todos y cada uno de los países donde trabaja, “el espacio para la actuación de la sociedad civil se está reduciendo y se restringe la libertad de expresión”. Por su parte, CIVICUS, una alianza que trabaja para el fortalecimiento de la sociedad civil, señala que en más de 100 países existen serias amenazas a la libertad civil.
Para el caso particular de Bolivia, CIVICUS advierte que, “con el aumento de la polarización política, el trabajo de la sociedad civil y los periodistas está siendo afectado negativamente. El espacio civil en Bolivia se ha estrechado como resultado de las restricciones de financiamiento, de la aplicación selectiva de requerimientos administrativos para las organizaciones de la sociedad civil, y de una combinación de propagandas que daña la imagen de este sector”.
Y agrega que “las acciones legales, el acoso administrativo y el castigo económico de los medios críticos son factores adicionales que obstaculizan las condiciones para la libre expresión en Bolivia hoy en día”.
Con todo, CIVIC califica a Bolivia como un país con una sociedad civil “reducida”, al igual que Argentina, Chile, Uruguay, EEUU, Canadá y la mayor parte de Europa occidental. Los países que tienen una sociedad civil “abierta” son principalmente los nórdicos, como Suecia, Noruega, Estonia, Finlandia, y algunas excepciones europeas como Portugal e Irlanda.
Brasil, Perú y Ecuador califican como sociedad civil “obstruida”, mientras que México, Colombia y Venezuela son calificadas como “reprimidas”. Ambas categorías indican menor libertad que la de “reducida”.
Ante este panorama, los gobiernos tendrán que recordar, y sobre todo aplicar, lo que dijo Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos entre los años 1916 y 1939: “En este país, podremos tener democracia o podremos tener una enorme riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero no podremos tener ambas cosas a la vez”.