Transnacional con polémicas en la vecindad se queda

Escrito por  ALEJANDRO ZEGADA/EL PAÍS eN Mar 25, 2018

En febrero, la transnacional petrolera Repsol –una de las operadoras en Bolivia- ha presentado sus resultados económicos anuales: un beneficio de 2.612 millones de dólares (2.121 millones de euros) en 2017.

Su mejor resultado en los últimos seis años, y superior en un 22% que los 2.138 millones de dólares (1.736 millones de euros) que logró en 2016.
Sin embargo, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), advierte que “tras estas cifras se esconden importantes impactos socioecológicos y la vulneración de derechos humanos originados por sus actividades”.
Uno de los casos más emblemáticos citados por OMAL se da en la Amazonía del vecino Perú, con el proyecto Camisea, donde, por la especial fragilidad ecosistémica y socio-cultural del lugar, las actividades de Repsol han provocado “importantes impactos socioecológicos”.
Se ha conocido acerca de “varias rupturas en los gasoductos durante los últimos años así como la pérdida de biodiversidad asociada a las actividades extractivas”, que han afectado “de forma severa a los espacios vitales de las comunidades indígenas, su autonomía y su soberanía alimentaria”.
“Las consecuencias son alarmantes: tras 15 años de desarrollo del proyecto gasífero, la desnutrición infantil en la zona ha aumentado del 54% al 80%. La situación es especialmente preocupante para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, agrega OMAL.
Además, un estudio realizado por el Ministerio de Salud peruano en 2015 reveló que casi el 80% de la población nahua, hoy considerado un pueblo en contacto inicial, padece contaminación por mercurio.

Camisea, Repsol
y la destrucción
Según datos verificados por Gaffney, Cline & Asociados, los campos de Camisea contenían en 2010 alrededor de 14,4 trillones de pies cúbicos de gas (TCF) -más que las reservas totales actuales de Bolivia-, y 482 millones de barriles de líquidos asociados al gas natural. Para Perú, el macroproyecto de Camisea significa el 95% del gas natural extraído en todo el país.
El problema es que estas reservas, y toda la infraestructura relacionada (docenas de plataformas de perforación, cientos de kilómetros de gasoductos, plantas de separación de gas, puertos, helipuertos, aeródromos, decenas de campamentos, hoteles y vías de acceso e instalación de líneas eléctricas), están en la Amazonía peruana, con las fragilidades mencionadas anteriormente.
Según OMAL, en total, son alrededor de un millón de hectáreas que se disponen sobre cuatro áreas protegidas, en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, y sobre los territorios de siete pueblos indígenas, tres de ellos en situación de aislamiento voluntario o de contacto inicial.
Y Repsol tiene una presencia importante: El proyecto de Camisea abarca cuatro lotes gasíferos de los cuales Repsol opera uno y participa como inversionista en el Consorcio Camisea, a cargo de otros dos.
OMAL denuncia que en esa zona, “caracterizada por la falta de políticas públicas, empresas como Repsol se consolidan en las comunidades amazónicas como un mini-Estado, donde ejercen un profundo control sobre la vida social de sus habitantes”.
En ese sentido, “la aparente aceptación de las actividades extractivas en Camisea esconde una estrategia deliberada de presión con la que Repsol aprovecha su posición privilegiada para imponer negociaciones con las comunidades en condiciones claramente asimétricas”.
Los activistas denuncian repetidamente que en ninguno de los lotes en los que participa la compañía española, ya sea como operadora o como inversionista, se ha llevado a cabo con garantías un proceso de consulta libre, previa e informada.
Pero además, como ocurre con muchas actividades extractivas también en Bolivia, la transnacional realiza “negociaciones individuales realizadas a espaldas de las comunidades, desinformaciones, engaños, incumplimiento de acuerdos, pagos coactivos, generación de redes clientelares, divisiones e injerencias en las comunidades, y sucesivas maniobras de manipulación, presión y cooptación han generado una importante erosión y descomposición de las organizaciones indígenas”.

En Bolivia por décadas
Repsol desarrolla actividades en Bolivia desde 1994, cuando ingresó gracias a la “capitalización” de Gonzalo Sánchez de Lozada. Actualmente opera cinco áreas de contrato para la producción de hidrocarburos. Entre ellas está el bloque Margarita-Huacaya, entre Tarija y Chuquisaca, dentro del cual está el Megacampo Margarita.
El Megacampo Margarita es hoy en día el más lucrativo de Bolivia, pues actualmente produce aproximadamente el 30% de los 60 millones de metros cúbicos de gas que se producen diariamente en Bolivia. Desde estos campos se abastece el contrato de gas de exportación con Argentina que hasta 2027 debe alcanzar los 27 millones de metros cúbicos diarios (mmcd).
En diciembre de 2017, el pleno de la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que aprueba la Adenda al Contrato de Operación, del área Caipipendi, ubicada entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija, que incluye el bloque Margarita-Huacaya.
La adenda amplia desde 2031 hasta 2046 el área de explotación más rica de Bolivia y que, de acuerdo a las proyecciones, ya estaría amortizada vía costos recuperables hasta 2031. Por lo que las ganancias para Repsol serán mayores a partir de ese año.
Así, Repsol, un polémico “socio” del Estado Plurinacional, se queda privilegiadamente ante la incapacidad de YPFB de asumir su rol de controlar toda la cadena hidrocarburífera en Bolivia.