Panamá: batalla de la justicia vs dinero

Escrito por  Por Osvaldo Rodríguez Sep 03, 2017

La crisis del sistema se agrava: ahora los administradores de la justicia en Panamá bloquean con sus acciones la posibilidad de que, en igualdad de condiciones, acusados y fiscales se midan ante tribunales.

Lo que hasta ahora eran comentarios de la ‘vereda tropical’, como se dice acá, el martes pasado lo avaló la propia procuradora de la nación, Kenia Porcell, quien denunció la posibilidad de anulación de casos emblemáticos o que las investigaciones queden inconclusas, por decisiones de jueces y magistrados.
Apenas 24 horas después, lo confirmó el anuncio de que un panel de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló el expediente de Finmeccanica, un escándalo internacional que estalló en Italia, donde hay sancionados, y cuyas autoridades entregaron seis mil folios como prueba de una lesión 125 millones de dólares a Panamá.
Como una operación en cadena, casi simultáneamente la jueza del Decimoctavo Circuito Penal negó declarar complejo el caso New Bussines, relacionado con el supuesto lavado de dinero en la compra de la Editora Panamá América S.A. (Epasa) en el año 2010, por el expresidente Ricardo Martinelli.
La reafirmación de la crisis fueron las declaraciones ayer del presidente del país, Juan Carlos Varela, quien afirmó que pidió a la CSJ investigar irregularidades a lo interno de ese órgano, que atentan contra la patria.
‘Yo le comuniqué al presidente de la Corte Suprema de Justicia hace 15 días, de situaciones muy delicadas que se están dando adentro de su Corte’, dijo a medios locales, tras conocerse la primera anulación.
Varela, quien aclaró que la advertencia no fue por el fallo de nulidad del caso Finmeccanica informado el miércoles último, agregó que corresponde al presidente de la CSJ, José Ayú Prado, ‘investigar, sancionar o exigir renuncias a las personas que no están actuando de la mejor manera sobre la base de los intereses de la nación’.
En su defecto, le corresponderá al magistrado ‘rendir cuentas por omisión’, advirtió de forma airada el mandatario, quien opinó que ‘no tiene sentido que los casos de corrupción que se están investigando en Panamá, no se permita que lleguen a audiencia, donde los imputados tienen el derecho de defenderse’.
El gobernante criticó tales acciones que suceden como consecuencia de ‘amiguismo u otros intereses’, las cuales impedirían saber qué pasó, y reiteró el mensaje de que ‘el adecentamiento de la vida pública del país, no puede ser una lucha exclusiva del Ministerio Público’, sino de todo el pueblo panameño.
Análisis ponderados de la situación muestran a fiscales que se extralimitaron en los tiempos de investigación, en casi todos los casos de alto perfil por la complejidad de las pesquisas con trazas de la banca internacional y empresas pantallas creadas en otras jurisdicciones; pero jueces negaron tiempos extras.
Enarbolando la bandera del ‘debido proceso’ y con interpretaciones de la ley cuestionada por abogados no involucrados en los litigios, los magistrados olvidaron la frontera entre lo moral y lo legal, o -como gritaron manifestantes a las puertas del Palacio de Justicia- vendieron sus fallos al poder económico.
El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) se anticipó a Porcell y reveló: ‘Magistrados se preparan para anular caso de (Felipe) Virzi en Riegos de Tonosí. Apoderarse de los expedientes de Odebrecht, Epasa y Financial Pacific. Y anular el caso de Finmeccanica’.
Se cumplieron dos de las alertas y en las próximas horas las expectativas son que el expediente del fraude de Riegos de Tonosí, un proyecto pagado por el Estado y nunca ejecutado, corra igual suerte.
Algunos de los beneficiados por las acciones del Órgano Judicial son José Raúl Mulino, exministro de Seguridad; Alejandro Garúz, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, y Virzi, exvicepresidente, todos miembros del círculo cero de Martinelli, cuya posible extradición está en manos del gobierno estadounidense.
‘Estamos descubriendo una estructura de criminalidad organizada que se llevó el dinero del pueblo panameño’, sentenció la jefa de la Fiscalía, en referencia a los múltiples hechos de corrupción descubiertos, y resumió la situación: ‘es una lucha del dinero versus la justicia’.