Quién quiere una vivienda social

May 30, 2017

Desde que el hombre bajó de los árboles y dejó de errar por las pampas, el problema habitacional ha sido uno de los principales que cada comunidad ha tenido que enfrentar. A medida que los hábitos y la religión fueron delimitando el concepto de familia nuclear, el problema de la vivienda se convirtió en fundamental. El refranero popular está lleno de referencias a ello. Aún en países y culturas como la andina donde el concepto de familia extendida conviviendo en una sola vivienda, donde comparten tres o cuatro generaciones entre abuelos, hermanos, tíos y cuñados, tener casa propia se ha convertido en una aspiración de modernidad, y también en un pilar importante de la economía nacional por la dinamización y por el blindaje del modelo económico hegemónico.

Conscientes de ello, todos los gobiernos en todos los países del mundo han tratado de dar respuestas a estas inquietudes de sus vecinos/votantes. Unos se limitaron a diseñar una regulación urbanística, otros se lanzaron a la conquista del oeste con la promesa de tierras, otros apostaron por modelos compactos vivienda – trabajo y otros regularon la banca para que facilitase el acceso a la vivienda. En Bolivia prácticamente todos los gobiernos desde el 52 han promovido los asentamientos humanos en las grandes urbes. Los grandes gobiernos populistas han ido pasos más allá y han promovido los programas de construcción de viviendas sociales.
Las modalidades son múltiples; desde la creación de barrios enteros con dinero público adjudicando más o menos públicamente los bienes a familias concretas en función de criterios de necesidad hasta los proyectos que preveían recursos para mejorar determinados aspectos de viviendas ya en uso que mejoraran la salud, como la construcción de baños o la erradicación de pisos de tierra en la que el beneficiario pone la mano de obra y el Estado pone los materiales. En el medio de todas esas modalidades es evidente que se han colado numerosas experiencias traumáticas, desde desvíos de fondos hasta beneficiarios de múltiples viviendas a lo largo del departamento o la contratación de empresas allegadas a determinados gestores para la ejecución de los proyectos.
El Gobierno boliviano ha multiplicado sus esfuerzos en estos programas en los últimos meses, quizá consciente de la popularidad de la medida, quizá del efecto balsámico respecto a la crisis. No hay una modalidad exclusiva, sino varias, aunque en general son proyectos destinados  a las comunidades rurales, la base votante del Movimiento Al Socialismo, y en la que una empresa ejecuta todo el proyecto para construir las casitas pequeñas.
El problema habitacional se da más en las ciudades, donde los más jóvenes apenas pueden abandonar el domicilio familiar para emprender otra vida en pareja o en solitario tanto por el elevado precio de los inmuebles como por las dificultades de financiación derivada de los escasos ingresos.
En la ciudad de Tarija los departamentos doblan en precio a sus similares en Santa Cruz y los proyectos de vivienda social no contribuyen en nada a rebajar estos precios. La preminente crisis apenas ha conseguido estancarlos. La financiación regulada impulsada desde el Ministerio de Economía también se ha demostrado insuficiente para familias de ingresos medios que buscan una casa tipo y apenas ha resuelto problemas para construir pequeños bloques que adherir a otros espacios. En los barrios del ensanche popular de Tarija, como Rosedal, Juan XXIII o Moto Méndez, los patios han desaparecido, devorados por nuevos espacios habitacionales construidos para hijos que, con trabajo y familia, no pueden salir del hogar familiar.
En ese contexto, resulta necesario revisar los criterios y prioridades para enfrentar los programas de vivienda social antes de que se acentúen diferencias entre lo que es necesidad y lo que lo parece nomas.