El cálculo político de la autonomía

Abr 21, 2017

La Autonomía Departamental de Tarija se puso en vigor con un acto discreto en plena campaña electoral subnacional de 2015.

El 18 de marzo el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional Hugo Bacarreza entregó la declaración constitucional 0077/2015 al entonces presidente de la Asamblea legislativa Departamental de Tarija Fortunato Llanos. En el palco estaba el Gobernador interino Lino Condori. Apenas unos pocos movimientos sociales festejaban la puesta en vigencia de un documento largamente anhelado.
Mucho antes, el 18 de julio de 2014 la magistrada del Tribunal Constitucional Soraida Chánez señaló a El País que se había dado el visto bueno al conjunto del texto, aunque se habían remitido algunas observaciones para su tratamiento en el pleno del Legislativo Departamental para poder poner en vigencia el documento.
No fue hasta el 27 de noviembre de 2014 que la Asamblea Legislativa Departamental devolvió al Tribunal Constitucional Plurinacional el texto con los ajustes requeridos. El fundamental era la  anulación de la elección de los subgobernadores por voto popular, algo contemplado en el Estatuto original pero descartado por la Ley Marco de Autonomías.
Para cuando la Asamblea Legislativa Departamental devolvió el texto, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral Wilma Velasco ya había lanzado la convocatoria a las elecciones subnacionales. Concretamente el 7 de noviembre de 2014 fijando la fecha para los comicios el 29 de marzo de 2015. Para la convocatoria se utilizó la misma Ley con la que se procedió en 2010 y que en el caso de Tarija contemplaba la elección de Ejecutivos Seccionales por voto popular. “No habiendo estatutos autonómicos aprobados, ni cartas orgánicas aprobadas, ni leyes de desarrollo, exceptuando a Pando, el Tribunal ha respetado la estructura ejecutiva y legislativa de cada uno de los departamentos de nuestro país”.
El calculado silencio de la Asamblea Legislativa de entonces permitió por una legislatura más la conformación de once estructuras paralelas a la Gobernación, con competencias difusas sobre el mismo territorio de los once alcaldes y con una realidad económica, ya entonces, quebrada fruto de la caída de los precios del petróleo y la fiebre licitadora que agarró a la mayoría de ellos en sus últimos días de gestión.
Meses después, con la Autonomía Departamental vigente, con once Decretos Ejecutivos de delegación firmados por el nuevo Gobernador se garantizó la continuidad de las estructuras en las secciones provinciales, con todo su gasto y todas sus obras.
En el Chaco la demora todavía fue mayor y no fue hasta finales de 2014 cuando se mandó el Estatuto Regional al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión. El 20 de noviembre de 2016 se aprobó en referéndum y en los próximos tres días se debe elegir en la Asamblea Regional Transitoria una Máxima Autoridad Ejecutiva Transitoria en base a la Ley Transitoria entregada desde el nivel central del Estado. Los candidatos son exclusivamente los tres subgobernadores de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, que fueron electos como Ejecutivos Seccionales y que ahora han vuelto a cambiar de denominación para ser ejecutivos de desarrollo en el marco de la Autonomía Regional.
Los cálculos e interpretaciones políticas han vuelto a afectar al desarrollo autonómico, que debe tener en las ánforas y en la Constitución su fundamentación esencial. Las decisiones deben tomarse con responsabilidad. El debate sobre el reparto de las pocas regalías que todavía llegan a Tarija no deben llevarnos a confundir la autonomía con la atomización, pues de ninguna manera se podrán resolver los problemas esenciales de la gestión desde la individualidad minúscula. La autonomía debe ser siempre para unir y resolver los problemas, no para lo contrario. Chaqueños y vallunos deberían tomarlo en cuenta.

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