Presidente Banzer: ¡Bolivia no está en venta!

Escrito por  Javier Escóbar Salguero Dic 15, 2000

Muy neoliberal puede ser cualquier ciudadano. A ello tiene derecho aquí y en cualquier parte del mundo. El presidente Vicente Fox de México es un político de derecha, militante antiguo del Partido Acción Nacional (PAN) y, en tal condición, militante activo del neoliberalismo y la globalización. Pero también es auténtico mexicano. Ambas condiciones –el ser mexicano o neoliberal- no significa estar obligado a traicionar a su Patria y actuar con deslealtad respecto al patrimonio mexicano que está obligado a cuidar y acrecentar. Al contrario y por lo mismo, a tiempo de asumir el mando de su país, hace sólo dos semanas, declaró -sin dejar el más mínimo espacio de duda- que la empresa petrolera estatal mexicana PEMEX, una de las más importantes del mundo, “continuará como propiedad exclusiva de la Nación (…), seremos fieles a nuestra historia”, dijo. En relación con la empresa estatal de energía eléctrica, fue tan enfático como en relación con la petrolera: “No Fox es, por sobre todo, un auténtico mexicano.

Gonzalo Sánchez de Lozada, como presidente de Bolivia entre 1993 y 1997, dispuso la “capitalización” de nuestras empresas estratégicas (YPFB, ENDE, ENTEL, LAB Y ENFE), entregando el 50 por ciento del paquete accionario de cada una de ellas a capitalistas extranjeros bajo simples promesas de inversión.

Adicionalmente, les entregó la administración de todas nuestras empresas, bajo garantía del Estado de mantener en SECRETO o reserva los actos administrativos de estos capitalizadores-administradores. Por dicha causa, los bolivianos que somos ocios por tener propiedad el otro 50% de las acciones en esas empresas, no sabemos absolutamente nada de la administración de nuestro patrimonio, debiendo contentarnos con recibir cada año pinches dividendos de empresas que antes, al ser administradas por el Estado boliviano, generaban hasta cuatro veces más utilidades que ahora.

Gracias al SECRETO que protege a los administradores de nuestras empresas, resulta que mientras que la peor empresa productora de petróleo del mundo produce un barril de petróleo a razón de 10 dólares (el promedio mundial es de 8.9 dólares), nuestro YPFB capitalizado lo hace a 18 dólares, y nadie puede explicarnos la causa de semejante diferencia.

En ENTEL, la empresa de telecomunicaciones que durante la administración estatal estaba considerada como una de las más eficientes de latinoamérica, ahora, gracias a contratos de “transferencia de know-how”, se evaporan anualmente más de veinte millones de dólares antes del cálculo de utilidades y dividendos a repartir a los socios, o sea, a nosotros.

Consecuentemente, debido a dicho SECRETO en las finanzas y administración de nuestro patrimonio, hasta hoy nada se sabe del cumplimiento de “compromisos de inversión” que asumieron los “capitalizadores” nuestras empresas y, al no conocerse la verdadera situación patrimonial de ellas, sus balances no son transparente. En estas condiciones, dichas empresas no pueden cotizar las acciones en una Bolsa de Valores nacional y otra extranjera, de modo que por este mecanismo, se sepa cuál es, en términos de mercado, el verdadero valor del patrimonio que han estado administrando (cotizar en Bolsa no significa necesariamente obligación de venta de lo que se cotiza. El acto de cotizar en Bolsa tiene, como primer resultado, el saber el valor del mercado de lo que allí se cotiza. Sobre esa base,  el que cotiza incorpora el valor obtenido a sus estados financieros para después tomar las decisiones que mejor le convenga).

Después de cuatro años de “Capitalización”, el país entero se ha descapitalizado (la gran mayoría de los bolivianos está sin dinero, y esto no es por causa exclusiva de la erradicación de cocales, como se nos pretende hacer creer sino, y fundamentalmente, por los efectos de la “capitalización” de nuestras empresas estratégicas), la administración secreta de nuestras empresas estratégicas nos impide saber si los “compromisos de inversión” se han cumplido; sabemos –esos sí - que durante los cuatro años, hemos compartido al 50% exactos las mermadas utilidades y nos hemos chupado el 100% de pérdidas.

Nuestro 50% no está en venta

En este contexto, el presidente Hugo Banzer ha promulgado el D.S. No. 25994 de 24 de noviembre de 2000, que bien podría  denominarse el “decreto de la subasta”. Se lo ha presentado al país entero como un inofensivo decreto de reglamentación el pago del Bolivida, con el manto distractivo de una “guerra” entre ADN y el MNR. Sin embargo, este contiene en su capítulo sexto, una disposición que, de cumplirse, tiene el poder de desmantelar nuestro patrimonio y disolver lo poco de Patria que no queda: autoriza a las AFPs que administran el Fondo de Capitalización Colectiva, para que éstas subasten a las acciones de los bolivianos mayores de 21 años al 31 de diciembre de 1995, para que con el producto de la venta, paguen el Bolivida a los ancianos mayores de 65 años.

Las preguntas son: ¿quién comprará las acciones de los bolivianos en empresas administradas en secreto?, ¿cuándo valen, antes de la subasta dispuesta arbitraria e ilegalmente, nuestras acciones?, ¿está el presidente Banzer plenamente consciente del contenido del decreto supremo que le han hecho firmar sus “ministros” del área económica? ¿Puede alguien que no es propietario de dichas acciones, disponer la venta de las mismas? ¿Qué intereses están detrás de esta voluntad, a toda costa, de vender esas acciones?

Las empresas Chaco y Andina, productores de petróleo y gas, en las que los bolivianos tenemos acciones, han registrado grandes utilidades durante el año 2000, debido a que han cobrado a nosotros mismos (los consumidores-accionistas, precios de gasolina y diesel a valores internacionales. Dichas utilidades, que se estima en más de 200 millones de dólares (el año 1999 reportaron ambas poco más de 10 millones de dólares), dichas empresas. Si nosotros permanecemos como tales, nos tocará recibir dichas utilidades, pero si el gobierno vende nuestras acciones y además con precios arbitrarios gracias a la “subasta” dispuesta, como si nosotros le hubiéramos autorizado a que lo haga, esas utilidades -que además proceden de nuestros propios bolsillos -irán a parar a los nuevos accionistas. Sabiendo esto, ¿es comprensible y justificable la autorización de subasta de acciones con el pretexto de pagar el Bolivida? Presidente Banzer, ¡Bolivia no está a la Venta!

NOTA. Publicado en El Diario de La Paz, el 15 de diciembre de 2000