La cuestión de Tarija desde la perspectiva de un militar ilustrado *

Escrito por  Ana María Lorandi Ene 28, 2018

Por Ana María Lorandi **Resumen:
Documento recopilado por Juan Ticlla Siles

El artículo analiza un ejemplo de la fragmentación del territorio del antiguo Virreinato del Río de La Plata durante la transición entre la colonia y la república. La secesión del departamento salteño de Tarija y su incorporación a Bolivia acompañó el proceso de federalización de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proceso considerado por el naciente liberalismo como un síntoma de anarquía. Juan Antonio Álvarez de Arenales, militar de origen español, borbónico ilustrado devenido liberal, gobernador de Salta entre 1824 y 1827. Apoyó la política Rivadavia y se esforzó en conservar la integridad del territorio rioplatense considerando que la independencia todavía no estaba consolidada. En esos años las provincias reclamaban el derecho de soberanía enfrentando la hegemonía de Buenos Aires y provocando una crisis que se prolongó por varios decenios.

* Retomo el título del artículo de Carlos Segretti, “La cuestión de Tarija”, en Investigaciones y ensayos, núm 3, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1967, pp. 153-193. En muchos documentos diplomáticos aparece el asunto mencionado de esa forma.
** Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Sección Etnohistoria - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Nota del Director: La Dra. Ana María Lorandi falleció el 31 de enero de 2017. Para entonces, el texto que hoy publicamos ya había sido aprobado por dos evaluadores externos y anónimos. Sólo quedaban pendientes algunas correcciones menores y de estilo que no pudo realizar la autora. La Revista ha decidido publicar este artículo de forma póstuma, asumiendo sólo las correcciones mínimas -por razones de erratas y criterios de estilo- como forma de homenaje a quien dedicó toda su vida a las ciencias sociales. Sus trabajos más recientes habían abordado, desde la antropología histórica, temas relativos al reformismo borbónico en el Tucumán y en el sur andino. A partir de esos trabajos, Lorandi había comenzado a integrar referencias a la historia del derecho en sus marcos teóricos, iniciando un valioso diálogo interdisciplinario, así como una cordial relación de amistad con colegas de nuestro Instituto.

Sumario:
I. Introducción. II. Territorio y Jurisdicción. III. Los cuerpos intermedios y el Estado: provincias y cabildos. IV Arenales, Gobernador de Salta. V. La cuestión de Tarija. VI. Reflexiones finales.

Introducción
La guerra de la independencia, que en el noroeste argentino se prolongó hasta 1825, permitió a los nuevos países hispanoamericanos liberarse del dominio colonial español y simultáneamente favoreció la fragmentación de sus antiguos territorios virreinales, caracterizados por una estructura jurídico-territorial policéntrica. El trauma de la guerra despertó las identidades nacionales -que se fueron construyendo con enormes dificultades- pero más rápidamente se potenciaron las identidades locales, provinciales o regionales que pugnaron por encontrar su reconocimiento como sujetos de soberanía. Los líderes de las revoluciones iniciales acariciaron la utopía de organizar estados republicanos sobre la base de las antiguas circunscripciones territoriales que aceptarían las modificaciones del cambio del régimen político sin cuestionar el rol que les correspondía dentro de la jerarquía jurisdiccional. Pero el resultado, al final de la guerra, fue muy distinto. El despertar de la conciencia ciudadana tuvo consecuencias inesperadas. Cada segmento social y cada región exigió que se reconociese su “lugar en el mundo”, en ese nuevo mundo en construcción. Aparecieron nuevos actores sociales, tanto colectivos como individuales, interviniendo en la pugna por una cuota de poder. El poder, antes concentrado en la figura de un rey, ausente pero simbólicamente presente, en estos primeros decenios del siglo XIX cambiaba de mano, pero ¿en qué manos debía quedar? Esa fue la gran pregunta y se tardó varios decenios más para encontrar la respuesta adecuada.
En los últimos años abunda la historiografía acerca de los nuevos sujetos de la soberanía: el pueblo, los pueblos, los criollos, los indios, los ciudadanos, la caracterización de los ciudadanos, el espacio público, la prensa, la movilidad social, la población rural, la plebe, la militarización y sus consecuencias, las elecciones, el voto, la gobernabilidad, las instituciones, qué instituciones, el derecho, la ilustración, el liberalismo... En el Virreinato del Río de la Plata como consecuencia casi inmediata de la revolución del 25 de mayo de 1810 se produjo la fragmentación del territorio comenzando con el Paraguay; la Banda Oriental quedó en manos del realista Francisco Javier de Elío y posteriormente fue escenario de los conflictos entre Buenos Aires y Artigas y en medio de todo esto la disputa con el Imperio del Brasil (pre y post-revolucionaria). El Alto Perú parecía responder favorablemente a la convocatoria de Buenos Aires, pero después de tres costosas campañas en hombres y recursos durante los años de 1810 a 1815, finalmente quedó en manos de las tropas españolas hasta 1825 cuando el ejército colombiano, comandado por Antonio José de Sucre, lo libera y se aboca a erigir la nueva República de Bolivia.
Es en ese momento cuando eclosiona la disputa entre Bolivia y las Provincias Unidas del Río de la Plata por una porción de su territorio, el de Tarija, que desde 1807 formaba parte la jurisdicción del obispado de Salta de reciente creación(1). Con esta reforma de la jurisdicción eclesiástica Tarija se incorporará progresivamente al territorio salteño, que termina por absorberlo administrativamente a partir de 1814. La disputa entre Salta y Potosí por ese territorio se prolongará, como veremos, por más de un decenio a pesar de los lazos que la población local mantenía con ambos distritos. Lazos de parentesco, intereses comerciales, vinculaciones políticas, entre otros, todos difíciles de desatar. Tarija no era una verdadera “frontera” en el sentido de zona de intermediación entre la cultura de las poblaciones del Alto Perú y la de la Puna y los valles que se extendían hacia el sur; simplemente era una unidad con matices diferentes, aunque haya estado atravesada por límites jurisdiccionales. No debemos olvidar que la tardía creación del Virreinato del Río de La Plata había alterado sustancialmente la identificación política regional y que los habitantes de un extenso territorio se vieron obligados a responder a una nueva cabecera, Buenos Aires, con la que no se sentían demasiado identificados(2). Simultáneamente la población altiplánica no aceptaba de buen grado la influencia y poder que Lima había ejercido sobre ella(3). Guillermo Madrazo(4) advirtió ya en 1982 la unidad político-económica de esa región, a la que yo llamaría “falsa frontera” entre las provincias de Salta-Jujuy y Tarija, al describir en detalle la composición del Marquesado de Tojo o Yavi en cabeza de Juan José Campero. Carlos Zanolli(5) retoma el tema de la unidad partiendo de los antecedentes previos a la formación del Marquesado por el parentesco entre las familias de los Zárates (con residencia en San Salvador de Jujuy) y la de los Ovando de Tarija, Sococha y Tojo. Los indios encomendados eran trasladados de una a otra de las propiedades de esta familia, estableciendo lazos muy estrechos y formando lo que Antonio Hespanha(6) ha llamado “una unidad cultural” por sus similares códigos simbólicos. Como lo señala en detalle Silvia Palomeque(7) abordando una historia de larga duración, en esa zona se sentían con derechos coloniales vecinos de varias jurisdicciones como fueron los de Charcas, Tarija, Salta, Jujuy y Tucumán. Por supuesto las relaciones comerciales y la propiedad de la tierra también eran con frecuencia compartidas entre una y otra zona, actualmente localizadas en países diferentes(8). Últimamente la tesis inédita de Dolores Estruch(9) señala el conflicto por el reparto de los diezmos de Tarija entre el Obispado de Salta y el Arzobispado de Charcas y desarrolla también las competencias jurisdiccionales entre Jujuy y Salta que remontan a la época de las fundaciones de las ciudades de San Salvador de Jujuy y la de Lerma (después llamada Salta) (10). Marcelo Marchionni(11) refuerza en detalle la competencia entre los Cabildos de Salta y Jujuy y sus respectivas elites desde sus fundaciones y más aún durante la construcción de nuevos territorios y nuevas soberanías en parte a causa de la guerra de la independencia que los afectó particularmente. Según Marchionni(12) y comentado previamente en el estudio de Ubiera(13), Jujuy, como Tarija, en esos años pudo también desprenderse de la gobernación de Salta y aún de la Provincias Unidas.

I.- TERRITORIO Y JURISDICCIÓN
Desde el momento de creación del nuevo virreinato, los territorios altoperuanos y rioplatenses sufrieron una alteración jurisdiccional no sólo de su cabecera que pasó de ser Lima a Buenos Aires, sino también la revitalización de la competencia por los territorios y jurisdicciones de los cuerpos intermedios: las audiencias, los obispados, las denominadas provincias coloniales, luego las intendencias y las ciudades con sus respectivos cabildos. Muchas de las modificaciones que afectaron a las instituciones mencionadas se fueron organizando en las últimas décadas del siglo XVIII causando ajustes que arrastraron competencias jurisdiccionales. Como lo dice claramente Antonio Hespanha, el espacio, el territorio, no solo es construido socialmente, sino que incluye sobre todo la noción de jurisdicción política y/o administrativa. El territorio se transforma así en un “sujeto político”(14)que irá adquiriendo personalidad a medida que avance el difícil proceso de construcción de las nuevas naciones.
Cuando los revolucionarios de mayo pretendieron gobernar en nombre de Fernando VII no había necesidad de modificar en lo inmediato la estructuración político-administrativa del territorio del virreinato, asumiéndolo como un hecho dado y perenne. Las reformas borbónicas de 1782, que organizaron las intendencias, habían provocado una primera alteración en la jerarquía política interna de las ciudades del virreinato en pos de centralizar la gobernabilidad de las jurisdicciones y desarticular el poder de los cabildos locales. El Virreinato del Río de la Plata se subdividió en siete intendencias y cuatro gobernaciones militares. Cada intendencia era encabezada por una ciudad capital y las restantes ciudades de la jurisdicción descendieron al estatus de subordinadas. Esta restructuración provocó no pocos conflictos pues los cabildos locales entraron en competencia con los intendentes. En 1810 esa nueva jerarquización interna de las ciudades no había logrado consolidarse, pero aprovecharon la coyuntura revolucionaria porque, como lo expresa Geneviève Verdo(15), “las ciudades se suman al nuevo régimen pues en apariencia éste no modifica el orden existente”. No obstante, fue el punto de partida para iniciar nuevas disputas por la sede de la soberanía acrecentadas con el paso del tiempo. La importancia del enfoque de Verdó consiste justamente en analizar el proceso revolucionario desde las ciudades del interior del territorio, sin minimizar los esfuerzos de Buenos Aires para consolidarse como cabeza del nuevo orden. En el caso de la Intendencia de Salta del Tucumán, encabezada por la ciudad homónima, incluía las ciudades subordinadas de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y San Miguel de Tucumán. En algunas intendencias estas jurisdicciones se correspondían con las de los obispados y en otras fueron necesarios sucesivos ajustes. En 1807 por ejemplo, el Obispado de Salta había incorporado Tarija a su jurisdicción y luego directamente pasó a depender de la Intendencia de Salta, pese a que previamente estaba en cabeza de la de Potosí. El Reglamento de 1811 creaba juntas principales en las capitales de las intendencias y juntas subordinadas en las restantes. Si bien este Reglamento no llegó a regir, acrecentó las tendencias autonomistas de las ciudades y a cuestionar la pretensión del Cabildo de Buenos Aires para representarlas por ser la capital del virreinato sobre todo a principios del decenio(16). La integración de los diputados de las ciudades en la Junta Grande en 1811 mostró que desde ese momento asomaba la puja por la igualdad soberana de las ciudades subalternas. Bien conocidas son las expresiones del canónigo Gorriti, representante de Jujuy al respecto(17). En 1815, perdidas las esperanzas de recuperar militarmente las provincias del Alto Perú, el gobierno de las Provincias Unidas resolvió reordenar las jurisdicciones provinciales reservando para Salta las ciudades de Jujuy, Orán y Tarija, mientras que Santiago del Estero y Catamarca se incorporaron a una provincia encabezada por San Miguel de Tucumán. Los conflictos iniciados a partir de las reformas borbónicas reforzaron la construcción de identidades en torno a cada una las ciudades involucradas en el nuevo sistema de intendencias y planteó el problema de la sede de la o de las soberanías(18).

II.- LOS CUERPOS INTERMEDIOS Y EL ESTADO: PROVINCIAS Y CABILDOS
Los cabildos o ayuntamientos de las ciudades fueron la institución más antigua y permanente del antiguo régimen trasladado al orden colonial y desde sus fundaciones a partir del siglo XVI integraron la única institución con “representación ciudadana” al interior de la monarquía hispana: las repúblicas. Si bien estaban compuestas por “vecinos” calificados según su origen, estatus o bienes, de alguna manera era el único órgano habilitado para gestionar los asuntos de la ciudad y de su entorno rural y gozaba de ciertos privilegios “legislativos” en esa materia. De todas maneras, en este sistema corporativo las bases jurídicas de tal representación no pueden asimilarse a las del nuevo orden republicano posterior. El creciente absolutismo del siglo XVIII no se articulará mediante la eliminación de esos cuerpos intermedios [los ayuntamientos entre otros], sino precisamente a través de ellos que asumirán la representación soberana de su pueblo o de sus pueblos. Así se ha podido sostener que “más cómplice que antagonista la sociedad corporativa crece y se desarrolla junto a la monarquía moderna, en un estrecho vínculo que sólo será disuelto con el advenimiento del Estado liberal”(19). Es sobre esas bases que debe entenderse el concepto de soberanía y autogestión de los consejos municipales que continuará operando pese a la creciente intervención de la corona y luego de las autoridades centrales de Buenos Aires. A medida que se produce la gestación del estado liberal, se irá matizando esa noción cargándose de nuevos significados y atribuciones, entre otras del concepto mismo de autonomía. Agüero(20) sostiene que el reemplazo de la noción de soberanía por la de autonomía se remonta a la historiografía de Mitre, quien en pos de consolidar la unidad de la Nación prefirió adjudicarle a esa entidad mayor la potestad soberana y reservar autonomía para las decisiones políticas provinciales. Los miembros del cabildo de Buenos Aires en su reunión del 22 de mayo de 1810 plantearon las dudas sobre su capacidad de “representar” a todas las ciudades como capital del virreinato y se suscitan porque era una de otras tantas corporaciones igualmente articuladas con el poder supremo del rey. Ausente el rey, sustento del pacto con los pueblos, ¿cuáles eran las bases jurídico-jurisdiccionales a las que podían apelar las corporaciones subordinadas? Las dudas se acrecientan a medida que las ciudades recuperan su capacidad de ser reconocidas como soberanas(21). Por otra parte, la soberanía de los ayuntamientos se limitaba al gobierno y justicia de los asuntos locales del ejido urbano y el territorio de su jurisdicción. Por cierto, la decisión que tomó luego el Cabildo de Buenos Aires, tres días después, el 25 de mayo de 1810, imitaba a los ayuntamientos de la Península y respondía a una situación de acefalía inédita en el reino, inédita porque en Bayona se cedía la inalienabilidad del reino(22) y puso un signo de interrogación sobre la legitimidad de sus sucesores, cualquiera fuera la forma que adoptase. Y si se varía la escala, y pasamos a las corporaciones intermedias -sobre todo las ultramarinas- la situación se agravaba aún más.
En general los cabildos habían mantenido un trato directo con los gobernadores de las intendencias, con el virrey y las autoridades de las Audiencias, incluso en casos excepcionales con el monarca a través del Consejo de Indias. No obstante, a medida que Buenos Aires comenzó a transformarse en un importante centro político y económico, -aún antes de la erección del Virreinato del Río de la Plata y de ser designada su capital- se fomentó un germen de rivalidad con las restantes ciudades(23). En el momento que Buenos Aires resolvió imitar a las juntas de los ayuntamientos de la Península para tomar el poder en nombre del rey prisionero, también surgió la pregunta si podía hacerlo en nombre de las restantes ciudades pues el mismo problema se había suscitado en la Península cuando varias ciudades compitieron por la sede de la soberanía de la monarquía. El problema entonces, entre otros, reside en saber cuál era la sede de la soberanía y se irá haciendo progresivamente más complejo a medida que se fueron formando las nuevas repúblicas. Fue así que el concepto de autonomía se despojó de sus atributos principalmente administrativos y asumió el de la soberanía, que la ausencia del rey hacía recaer sobre los pueblos sobre todo a partir de 1820(24). Como dice Rosanvallon(25) citando el caso de Francia, la articulación entre la jurisdicción real y las corporaciones o cuerpos intermedios comienza a entrar en crisis en el momento del colapso de la autoridad del monarca. Es evidente: el problema se planteará rápidamente entre los arquitectos del proceso revolucionario americano. Más allá del debate historiográfico sobre el origen doctrinario de la ideología de mayo, lo cierto es que esto fue tanto el producto de la tradición jurídica hispana elaborada por Francisco de Vitoria o Francisco Suárez (según Halperín Donghi) (26) como de la “descripción congelada propuesta por Tocqueville” proponiendo una articulación binaria directa entre el individuo-ciudadano y el Estado, sin cuerpos intermedios que obstaculizaran el ejercicio de la autoridad(27). Annino(28) sostiene que la controversia sobre en quién recae el poder ante la vacatio regia tiene su base en el concepto del estado mixto influido a su vez por el jusnaturalismo. Sin embargo las corporaciones no desaparecieron y, transformadas o no, continuaron jugando un importante rol socio-político(29). De alguna manera los ilustrados que tuvieron una participación decisiva en la construcción de las nuevas repúblicas enfrentaron el tema de la sede de la/las soberanías en pos de la utopía de un Estado centralizado y eficaz(30). Este es el caso del Gobernador de Salta (1823-1825), Juan Antonio Álvarez de Arenales interviniendo en la secesión de Tarija y oponiéndose a una estructuración federal -identificada como anarquía- del territorio de la Provincias Unidas del Río de la Plata.

III. ARENALES, GOBERNADOR DE SALTA
Cuando en 1824 Arenales asumió como Gobernador de Salta y pese a su origen peninsular, podía acreditar una larga experiencia en la región, incluyendo el Alto Perú donde fue funcionario colonial(31), y luego como general de la independencia. Arenales fue un típico militar ilustrado, que adhería a un ideario republicano que reprodujera de alguna manera el Estado ordenado y centralizado que las reformas borbónicas no habían podido construir. Con anterioridad al período que nos ocupa en este artículo (1824-1827), Arenales había sido regidor y alcalde de primer voto de Salta en 1813. Desde allí partió hacia el Alto Perú a las órdenes de Belgrano quien lo designó Gobernador de Cochabamba. Pese a la derrota de Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, Arenales, quien no había participado en esas batallas, permaneció en Cochabamba al mando de fuerzas reclutadas en la zona y se desplazó por la región coordinando la actividad de las guerrillas y participando en varios combates, -entre ellos el de La Florida-. Permaneció en la región hasta 1815 cuando las fuerzas al mando de Rondeau fueron definitivamente abatidas. A su regreso a Salta, Arenales, disconforme con el cariz de guerra interna que estaba tomando la independencia del Río de la Plata, se unió a las fuerzas de San Martin y comandó dos campañas a la sierra en el Perú. Nuevamente a causa de los conflictos con la oficialidad de las tropas bajo su mando -entre otras causas- decidió renunciar a sus cargos en el Perú y se instaló nuevamente en Salta donde residía su familia. Entre 1824 y 1827 fue gobernador de esa provincia, siendo desplazado del cargo tras una rebelión de los federalistas. Rotos sus sueños de construir un país unitario, se exilió en Bolivia y murió en Moraya en 1831, a los 61 años. Su vida estuvo signada por la austeridad, severidad y su preocupación por un sistema político caracterizado por un “orden y progreso” avant la lettre.
Cabe preguntarse por los múltiples significados de ese “nuevo orden” que pretendían instaurar los ilustrados-liberales en la coyuntura de transición entre monarquía y república(32). Uno de ellos, tal vez el más importante, consistía en atemperar el ejercicio de las soberanías locales reorganizando las jurisdicciones bajo mandos unificados que superaran los intereses locales en pos del bien común del Estado. Otro significado consistía en permitir el ingreso de los americanos a la “modernidad política” por medio de la educación y el progreso material fundado en una administración eficiente y una economía cada vez más liberal. La conducta de Arenales al apartarse del ejército del norte y reunirse con San Martín parece acordar con ese perfil tal como ha sido diseñado por sus biógrafos(33). Aun así, y más allá del personaje en cuestión, es interesante indagar hasta qué punto estos ilustrados, devenidos en liberales, tanto peninsulares como criollos, podían percibir la compleja trama de factores presentes en la arena donde se jugaban el poder y los intereses individuales y/o colectivos intervinientes en esas contiendas.
Eran tiempos difíciles para las Provincias del Río de la Plata. Después de la batalla de Ayacucho en 1824, en el Alto Perú todavía resistía el general absolutista Pedro Antonio de Olañeta(34) quien además hostigaba a Jujuy y a Salta, ciudades que ocupó en repetidas ocasiones. A su vez, después del combate de Cepeda en 1820,
Buenos Aires había perdido el control del interior en manos de las soberanías y caudillos provinciales. En Salta la relación con el Directorio, gracias a la acción de Güemes obstaculizando el avance de las fuerzas realistas, se mantuvo con cierta armonía(35). Desde que Arenales asumió el gobierno de la provincia, privilegió las buenas relaciones con Martín Rodríguez (Gobernador de Buenos Aires) y con su ministro Bernardino Rivadavia, intermediadas por la delegación de Victorino Solá enviado a Buenos Aires para obtener el apoyo militar y económico para Salta desbastada por quince años de guerra(36). Solá debía, además, reiterar el patriotismo de la población de Salta y la afinidad del gobernador y -al menos de una parte de la élite- con el ideario liberal del ministro Rivadavia. La coherencia política de Arenales se puso a prueba en su apoyo a las reformas liberales, buscando consolidar un Estado unificado y eficiente. La primera medida de Arenales, a imitación de otras provincias que suprimieron los cabildos o los subsumieron en legislaturas provinciales(37), fue desmantelar el sistema corporativo de los “vecinos”, instaurando la Sala de Representantes que incorporaba pequeños campesinos y otros sectores populares y urbanos medios de toda la jurisdicción provincial que incluía a las ciudades de Jujuy, Orán, Tarija(38), que continuaron conservando sus respectivos cabildos(39). En cada una de ellas se controló con detenimiento el proceso electoral y se revisaron las credenciales de quienes podían votar(40). De esa manera la provincia pasó a ser la nueva depositaria de la soberanía(41). La Sala de Representantes había sumado también la facultad de designar al gobernador desde 1821 cuando la antigua intendencia se convirtió en Provincia de Salta. La jurisdicción de la ciudad se torno en provincia, proceso al que se habían anticipado varias ciudades entre 1815 y 1819, designando a su propio gobernador, no sin conflictos territoriales y competencias políticas. A partir de los años 1815-1817 Buenos Aires irá perdiendo su preeminencia y se restablece entre las provincias un equilibrio más horizontal que se manifiesta sobre todo durante el Congreso de Tucumán(42).
A pesar de estos cambios institucionales, Arenales no apreció en su justa importancia la incorporación de nuevos actores sociales en la Sala de Representantes, ni los problemas que derivarían de ese novedoso diseño político que, a nivel de la provincia, afectó en especial a Jujuy porque se sintió desplazada de la toma de decisiones. Arenales no previó los riegos de la participación de esa población rural compuesta por peones y, en muchos casos, pequeños propietarios, o comerciantes urbanos, que disputaron la hegemonía de las elites, situación que se reproduce en otras ciudades como San Miguel de Tucumán(43). En Salta, parte de esa población, en gran medida enrolada en las milicias y empoderadas por la política de Güemes al concederles fueros militares y con ello la posibilidad de no pagar los arriendos a sus propietarios, entre otros beneficios, se enfrentó con la elite que vivió estas reformas como un desafío al orden social y a sus privilegios de clase(44). Por ello el gobierno de Arenales estuvo signado por la violencia y la progresiva fractura interna de la elite, aunque para paliar las consecuencias de la política de su antecesor, entre otras medidas sancionó un nuevo reglamento de milicias reduciendo el número de participantes, limitando el fuero militar e incorporando soldados al ejército que al mando de Urdininea debía dirigirse al Alto Perú para combatir los últimos restos del ejército de Olañeta(45). Cuando en 1825 Arenales licenció estas fuerzas a raíz de la llegada de Sucre al Alto Perú, cundió el temor de los milicianos de ser enviados a Buenos Aires para combatir contra el imperio del Brasil. Todo ello acrecentó el clima conspirativo en Salta, inspirado por las facciones federalistas que a mediados de 1826 intentaron desplazarlo de la gobernación. José Eustaquio Moldes, líder del levantamiento, terminó siendo asesinado por los encargados de apresarlo provocando un extenso juicio donde se revela la trama de intereses y de personajes de todos los sectores sociales involucrados(46). Una de las misiones encomendadas a Victoriano Solá había sido lograr que Buenos Aires influyera sobre Juan Bautista Bustos, gobernador de Córdoba, por el envío de refuerzos para las milicias del norte, en 1824 todavía amenazadas por Olañeta. Aparentemente Bustos estaba de acuerdo a condición de que Rivadavia le enviara “dinero y uniformes para sus tropas”(47); esa respuesta, por supuesto, hizo irrealizable el apoyo solicitado dado que el gobierno central no accedió al pedido de Bustos. Es más, Arenales ofreció su colaboración militar a Rivadavia para abatir las tendencias de fragmentación política en La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca. Tal es así que, con el propósito de reforzar sus tropas para combatir a sus rivales federales, Arenales aceptó acoger a un regimiento de soldados colombianos experimentados, comandados por Domingo López Matute, desertores del ejército de Sucre. Todo esto enturbió las relaciones con Sucre que exigía la devolución de sus soldados, pese a lo cual Arenales les permitió permanecer en su territorio. Un cierto número de esos soldados se aliaron con las fuerzas federales internas, participando en la conspiración previa organizada por Eustaquio Moldes(48) y en el combate por el cual Arenales fue derrotado y desplazado del gobierno.
Otra de las medidas tomadas por Arenales, acordes con las reformas rivadavianas, fue la instalación de una imprenta, obsequio del mismo Rivadavia, que quedó en manos de su hijo José, de modo que contribuyó a difundir la importancia de la prensa escrita como una forma de incorporar políticamente la población al espacio público. El Pregón Ministerial de Salta fue el primer diario editado en la provincia(49). El tema se conecta directamente con el ideario liberal rivadaviano que promovía la inserción progresiva de la población al ejercicio de la plena ciudadanía(50).
Todo ello acrecentó su vinculación con la política rivadaviana y a la vez alimentó la hostilidad de los federalistas. La caída de Rivadavia en 1827 puso otra vez al rojo vivo la cuestión de saber dónde residía la soberanía, si en la nación, en cada provincia o en cada ciudad(51) porque la estructura policéntrica de la monarquía había concedido a los pueblos el derecho contractual con el monarca(52). Arenales trató de convencer a los salteños de los beneficios que brindaría una estructura unitaria, centralizada y con sede en Buenos Aires, tanto en la organización interna como en las relaciones con el exterior pues, entre otras, la cuestión de la independencia aún no estaba suficientemente consolidada. Al buscar esta legitimidad política a nivel nacional, reforzaba a la propia provincia, enfrentada con la secesión de Tarija que pugnaba por anexarse al nuevo Estado Boliviano. Para gran desilusión de Arenales, Rivadavia no brindó el apoyo solicitado y Arenales más bien fue víctima, como veremos, de una diplomacia errática y desinteresada del problema de la fragmentación de la jurisdicción de Salta.
Desde que asumió la gobernación de Salta en 1824 Arenales siempre estuvo atento a la situación en el Alto Perú, ocupada todavía en ese tiempo por las fuerzas del general Olañeta a quien se disponía a combatir al momento en que las tropas colombianas atravesaron el Desaguadero al mando del Mariscal Sucre. La deserción en las fuerzas realistas y las intrigas internas provocaron la muerte de Olañeta en Tumusla en abril de 1825 antes de que ambos ejércitos se enfrentaran. Anoticiado de estas novedades Arenales dio licencia a sus tropas y en compañía de pocos hombres continuó viaje para encontrarse con Sucre. Arenales no quería que esas provincias se integraran al Perú como pretendía Bolívar. Sucre, a su vez, se proponía organizarlas en una república independiente. Charcas ni con Lima ni con Buenos Aires, como reza el título del libro de José Luis Roca(53). Finalmente, Bolívar tuvo que ceder ante las pretensiones altoperuanas y el 6 de agosto de ese año la Asamblea, reunida en Chuquisaca, declaró la independencia de la República de Bolívar o República de Bolivia. Entre tanto, el gobierno central de Buenos Aires se preparaba para enviar una misión plenipotenciaria a Bolivia y, simultáneamente, el Congreso Constituyente reunido en esa ciudad admitía que las provincias del Alto Perú pudieran elegir su destino político. El mariscal Sucre quedó a cargo de la nueva república. Como sabemos, las Provincias Unidas iniciaban la guerra con
Brasil y se convocaban fuerzas de todas las provincias. La misión de los diplomáticos Carlos María de Alvear y José Miguel Díaz Vélez era interesar a Bolívar para forjar una alianza entre Colombia, Perú, Chile y el Río de la Plata con el objetivo de frenar las pretensiones territoriales de Brasil mediante un tratado de límites, que por su parte también anexaba la Provincia de Chiquitos aprovechando los enclaves realistas concentrados en la región(54). Por otra parte, a raíz de los informes de Arenales también se propusieron pedirle a Bolívar que interviniese en la restitución de Tarija a Salta, ocupada por fuerzas colombianas. Pese a la desconfianza que Buenos Aires tenía hacia Bolívar, y el temor de que las tropas colombianas siguieran rumbo al sur, buscaron su apoyo en estas circunstancias pero el Libertador optó por la vía diplomática para recuperar Chiquitos y se desinteresó de los problemas porteños con el Brasil.

V.- LA CUESTIÓN DE TARIJA(55)
Tarija había pertenecido a la jurisdicción secular de Potosí y a la eclesiástica del Arzobispado de Charcas, pero en 1807 por Cédula Real pasó a formar parte del Obispado de Salta y, en 1814, formalmente también de la Intendencia de Salta. Como sabemos, durante el período colonial las jurisdicciones eclesiásticas y seculares con frecuencia presentaron fronteras porosas tanto territoriales como de ejercicio del poder. O sea, por un lado, vinculadas a demarcaciones geográficas más o menos fijas o de proximidad y, por el otro, a relaciones sociales, identidades y/o vínculos de intereses económicos(56). Tarija continuó perteneciendo a la diócesis de Salta hasta 1836, aunque en la práctica dependía de la arquidiócesis de Charcas. Observando el problema desde varios ángulos, la dependencia de Tarija de la Provincia de Salta resultaba parcialmente conflictiva y resistida por algunos sectores, a pesar de la documentación administrativa que prueba que el gobierno de Salta se ocupaba de los asuntos locales(57). Buena parte de la población se había resentido de los cambios jurisdiccionales de los últimos años

coloniales que alteraban una situación que se remonta al comienzo de la conquista y de la ocupación española en el área, incluyendo el territorio de la actual Provincia de Jujuy(58). Esta situación continuó en los primeros decenios republicanos(59). Cuando las tropas de Sucre liberaron definitivamente el Alto Perú, el caudillo local

Eustaquio Méndez ocupó Tarija con sus partidarios en marzo de 1825 e informó a Arenales -que se hallaba en ese momento en Chuquisaca- que el cabildo había elegido gobernador (o teniente de gobernador) a José Felipe Echazú, nombrado anteriormente por Güemes. Asimismo, se aprestaban a elegir delegados para enviar a la Sala de Representantes(60) de Salta. Sin embargo, esta elección se suspendió y Echazú viajó para encontrarse con Sucre. Por ese motivo, Sucre ordenó al coronel Francisco Burdett O’Connor (cuyas tropas estaban en Tupiza) que se dirigiera a Tarija para estudiar la situación. Al llegar, O’Connor comprendió rápidamente las tensiones que dividían a la ciudad y resolvió designar como gobernador a Bernardo Trigo (miembro prominente del cabildo local) y el cabildo se dispuso a elegir diputados para integrar la Asamblea Constituyente reunida en Chuquisaca pese a que, ante los reclamos de Arenales, Sucre le había ordenado a O’Connor que no interviniese en los asuntos de gobierno de Tarija. Cuando la Delegación diplomática ya se encontraba en el Alto Perú informó al gobierno central en Buenos Aires sobre la doble actitud del cabildo de Tarija que, por un lado, aceptaba la jurisdicción de Salta y, por el otro, solicitaba su integración a Bolivia en el mismo plano que el resto de las provincias altoperuanas y “el mismo espíritu de facción había hecho igual proyecto en Jujuy”(61). Nos encontramos aquí con una situación ya señalada hace años por Antonio Hespanha(62): “La división política del espacio es también un instrumento de poder. Es un aparato político que tanto sirve para organizar y estabilizar el poder de determinados grupos sociales como para desvalijar políticamente a otros”. Esto es exactamente lo que ocurre entre las dos naciones en cierne. En busca de un equilibrio interno, ejercen el poder político amparados en lazos culturales para definir fronteras donde no las había.
Ante esta situación incierta, Arenales trató de negociar con Sucre quien a su vez puso el asunto a consideración de Bolívar(63). Los argumentos de Tarija para justificar su derecho a elegir a qué república se incorporaba se basaron en la anterior resolución del Congreso del Río de la Plata del 9 de mayo de 1825 que otorgó libertad a las cuatro provincias altoperuanas(64) para resolver la cuestión de la soberanía(65). Pero en verdad Tarija no era -necesariamente- una de esas provincias de pleno derecho sino parte de otra. La segmentación era doble y Arenales informa de la rebeldía de Tarija a la Sala de Representantes de Salta que decidió que el gobernador fuera personalmente a defender los derechos sobre esa porción de su territorio alegando que “el cabildo notoriamente carecía de facultades” para resolver cuestiones de soberanía(66). Como vemos, durante los quince años transcurridos desde la Revolución de Mayo en Buenos Aires, el problema no estaba resuelto. En 1810, fueron los cabildos los que debieron otorgar su conformidad para unirse a las propuestas de los revolucionarios; en 1825 se argumentaba que estas corporaciones no estaban capacitadas para pronunciarse sobre asuntos de soberanías. El tema de la identificación de quién era el pueblo, o cuáles eran los pueblos con derecho a la autodeterminación, continuaba siendo un tema de debate.
Por otra parte, si la fecha de referencia acordada entre las dos regiones para considerar las respectivas jurisdicciones era 1810, en 1825 Tarija pertenecía a Salta y por lo tanto a las Provincias Unidas del Río de la Plata o a la Argentina, como comenzaba a llamarse por entonces. En este sentido se entiende la respuesta de la Asamblea Constituyente de Chuquisaca cuando responde al pedido de Tarija para incorporarse a las provincias del Alto Perú informándole que para aceptarla debía enviarles “el acta de Independencia de ese Departamento de la República Argentina”, demostrando que estaba en condiciones jurídicas de elegir su destino nacional(67).
A causa de la intervención personal de Arenales, Echazú fue repuesto en su cargo y acusó al Cabildo de Tarija de “desafueros, colusión y otros artificios escandalosos” (68). Las tensiones e intrigas entre las facciones por una u otra solución se prolongaron a lo largo del año 1825. En septiembre Sucre ordenó a O’Connor que reocupara Tarija y desde entonces comienza un juego de poder entre distintos aspirantes que aducen su legitimidad para gobernar el distrito y que se desplazan de uno a otro bando. El tema de la legitimidad adquiere en este momento un valor imponderable. “La separación entre política y derecho, entre praxis y la formalización jurídica” (69) se hace especialmente visible. También el tema del consentimiento adquiere relevancia en la época(70) y en el caso de Tarija jugó un papel determinante en la prolongación del proceso de secesión.
En su camino hacia el Alto Perú, la Delegación Diplomática también había sido informada en Salta sobre la cuestión jurisdiccional de Atacama y de Chicha sobre las que evitó pronunciarse(71). Una vez en Chuquisaca para tratar la colaboración de las fuerzas de Bolívar en la lucha contra Brasil, éste se negó a devolverles Tarija aduciendo que ellos la habían libertado. La respuesta de la Delegación Diplomática fue que la liberaron pero no la conquistaron y la actitud de Tarija era un peligroso síntoma de anarquía(72) concepto que, según Annino(73), juega en estos casos como contrapeso a la soberanía y que en diversos documentos atribuidos al General Arenales se repite insistentemente. Bolívar cede pero Sucre continúa oponiéndose. En este caso los argumentos son distintos, de tipo territorial: si la Argentina se quedaba con Tarija formaba una cuña peligrosa en territorio de la República Boliviana en formación, reconocida formalmente por la misma Delegación Diplomática argentina. Como la situación continuaba sin resolverse durante varios meses de 1826, los delegados porteños ya instalados en Bolivia enviaron a Ciriaco Díaz Vélez (hijo de José Miguel) a Tarija con varias recomendaciones tendientes a reponer el orden sin intervenir en los asuntos internos, convencer a los tarijeños de la conveniencia de pertenecer a las Provincias Unidas y mostrar a O’Connor la resolución de Bolívar. El Cabildo tarijeño aceptó la propuesta con la condición de cortar sus vínculos con Salta. La soberanía provincial se expandía como solución política en la región, así como también en el resto de la América hispánica(74). Tema que retoman María Teresa Calderón y Clément Thibaud(75) planteando el lugar de la herencia monárquica en la elaboración o invención de una política desde la que se ampliaba tanto el espectro de los actores en juego, así como el de las expectativas de muy distinto origen y enorme versatilidad.
Los salteños reaccionaron enviando como teniente de gobernador a Mariano Gordaliza. A partir de ese momento, Ciriaco Díaz Vélez, O’Connor, Gordaliza y el tarijeño Bernardo Trigo iniciaron una “partida de ajedrez” colmada de intrigas, enemistades y alianzas tratando de integrarse a Bolivia o reinsertarse a la Argentina, pero en ese caso “como un estado aparte”(76). Los tarijeños se negaban a continuar dependiendo de Salta. Gordaliza no obtenía el reconocimiento del Cabildo de Tarija, manipulado por Trigo con la complicidad de Díaz Vélez que defendía la autonomía de Tarija respecto de Salta y, por lo tanto, debía considerársela como una provincia soberana(77). Posteriormente se le reprocharían a don Ciriaco esta actitud ambigua, jugando a favor de Argentina pero en contra de Salta(78). O’Connor apoya decididamente la posición de Sucre, favorable a la incorporación a Bolivia, y no sólo intriga sino que intenta (a posteriori de un viaje a Buenos Aires) convertirse en el líder militar de la secesión(79).
El entrecruzamiento de medidas administrativas y políticas forma una espesa trama de intereses. Mientras tanto, y pese a la ambigüedad de la situación, Tarija resuelve enviar delegados para participar del Congreso Constituyente en Buenos Aires. Unos y otros contrincantes se acusan mutuamente de manipulación de los jueces pedáneos de la campaña que, según opinión de Gordaliza, a diferencia de la ciudad, era más favorable a continuar dependiendo de Salta(80). Todos los actores de esta pugna cruzaron oficios y cartas defendiendo sus respectivas posiciones, incluyendo a la Delegación Diplomática(81). En uno de esos tantos oficios, Arenales prohíbe por “perniciosas” las reuniones populares o cabildos abiertos(82). Como puede observarse, ante el peligro del fracaso de sus esfuerzos por consolidar el territorio que gobernaba, la actitud de Arenales se fue haciendo cada vez más intransigente.
A su vez Rivadavia, si bien apoyaba a Arenales, no estaba ajeno a las intrigas en las que intervenían su competencia política con Carlos María de Alvear, y las vinculaciones de Manuel Dorrego, declarado federalista, con Bolívar; tal vez con el ex ministro García y del tucumano Gregorio de la Madrid, quien sostiene que “Buenos Aires está envuelto en partidos” pretendiendo derrocar a Rivadavia. A todo ello se suman los problemas con el Brasil(83) y la preferencia de Bolívar por Alvear. La intrincada madeja de los sucesos de Tarija provoca la intervención directa de Rivadavia, ordenando que se enviaran los diputados y presentasen sus propuestas de autonomía y en el caso de que el Congreso Constituyente las aceptara, el gobierno nacional las apoyaría. Pero en este momento los comandantes de campaña de Tarija no acatan la orden de convocar a elecciones y preparan armamentos para resistir pese a los informes de Gordaliza a Arenales asegurándole que la mayor parte de la población rural era favorable a permanecer incorporada a Salta. El cambio de actitud de Rivadavia obedece a evitar lo que considera un mal mayor: la incorporación de Tarija a Bolivia -incorporación que cuenta con amplio consenso en el vecino país-.
Finalmente, los partidarios del caudillo Méndez ocuparon la ciudad y en un cabildo abierto se resolvió formar parte de Bolivia y elegir a Bernardo Trigo como gobernador (Acta de la incorporación a Bolivia del 26 de agosto de 1826). En noviembre de ese año el Congreso de Bolivia acepta la incorporación de Tarija como parte de su territorio previa ocupación militar en la zona de Mojo. Salta había perdido definitivamente a Tarija. Arenales aceptó contra su voluntad la pérdida de Tarija, viendo que su sueño de unidad nacional se derrumbaba no sólo en el territorio de su provincia sino en el resto del país. El 30 de junio de 1826 Arenales le escribe a Alvear comentando las dificultades para reclutar tropas del territorio de Salta para formar un ejército nacional según habían resuelto en Buenos Aires, manifestando su desazón por todo lo que ocurre en su provincia y termina su carta diciendo “No puedo más mi buen amigo. Tenga Ud. la bondad de dispensarme y creer que es su fiel amantísimo amigo y BSM”. Se disculpa porque la carta es muy corta pues estaba enfermo con tercianas y muy deprimido(84).

IV. REFLEXIONES FINALES
El final de la guerra de la independencia fue coronado por la fragmentación territorial de los antiguos virreinatos y por el fracaso de un ideal de nación que, aunque republicano, reprodujera el orden y la unidad que el proyecto borbónico no había alcanzado a cuajar. A medida que la organización de las Provincias Unidas fue tomando cuerpo, la sociedad se dividió entre los que proponían un proyecto unitario, con cabeza en Buenos Aires, y las apetencias provinciales para que se reconocieran sus soberanías y los derechos a la ciudadanía de sus pobladores. La Revolución de Mayo fue una revolución política con respecto a los vínculos con la monarquía primero, y luego a España. No fue una revolución social; costó muchos años aceptar las soberanías provinciales y la ampliación de los derechos ciudadanos fue muy limitada. A partir de 1820, la democracia fue interpretada como anarquía(85) y muestra del dominio de sectores identificados como federales. Propietarios y comerciantes de elite defendían sus privilegios sociales y económicos. El orden alternativo que procuraron lograr los ilustrados absolutistas devenidos rápidamente en liberales conservadores, proponiendo reformas graduales, y la progresiva incorporación de la sociedad iletrada -indígena, mestizos rurales, plebe urbana- se mezcló rápidamente con la ambición de precedencia de Buenos Aires sobre el resto del territorio rioplatense. Ya hemos comentado que las estructuras derivadas de las matrices sociales se mantuvieron con pocas variaciones pero es necesario destacar que se produjo una torsión cultural significativa: buena parte de la población tomó conciencia de ser un sujeto político. La guerra de la independencia favoreció la politización de nuevos sectores que, con alternativas diversas, lograron expresarse o presionar a las clases dominantes y a las autoridades para que se reconociesen sus derechos como ciudadanos. La lógica de la guerra(86) tuvo efectos que derivaron en las guerras civiles abortando el proyecto de ilustrados-liberales como el del Gobernador Arenales que terminó su mandato deprimido y enfermo, y de alguna manera buscando refugio en la provincia de Tarija que había cuestionado tanto su autoridad.
Todo esto lo revisamos en las páginas precedentes, comentando ciertos acontecimientos ocurridos en Salta durante el gobierno de Juan Antonio Álvarez de Arenales (1824-1827). La ruptura de los vínculos de dependencia entre el departamento de Tarija y la provincia de Salta revela la intervención tanto de los sectores medios y populares urbanos como de los de la campaña y el esfuerzo y la manipulación por controlar la elección de los electores y congresistas y entre ciudades capitales y subordinadas. Todo ello devino en una fuente de conflictividad, en esta región como en los procesos similares en el resto de Iberoamérica(87). La secesión de Tarija es un ejemplo concreto del proceso de fragmentación estructural en el sentido territorial, nacional y social. La Delegación Diplomática enviada a negociar con Bolívar le pidió declarar que las pretensiones de Tarija debían ser consideradas como un símbolo de anarquía y poniendo en evidencia el componente ideológico que subyacía tras esa solicitud. En todos los documentos consultados se insiste una y otra vez sobre la concordancia entre decisiones autónomas y anarquía. La anarquía era un fantasma que flotaba constantemente en el ideario liberal. Otra muestra de las reformas estructurales inconclusas que sobrevuelan en estos primeros decenios del siglo XIX, es la negativa a considerar a los cabildos como organismos válidos para tomar decisiones, como manifestación de la voluntad “popular”(88). Pese a que las independencias se gestaron en los cabildos, pasaron de ser el huevo de la emancipación a ser el huevo de la serpiente, contraponiéndose al ejercicio de la representación ciudadana que osciló, según cada coyuntura local, entre el aumento o debilitación del poder de los cabildos. La institución de elite fue reemplazada por cámaras legislativas en muchos casos dominadas por una nueva elite y por otros componentes sociales medios, en parte compuesta por hombres militarizados; procesos que mantienen su especificidad local, una vez más según la situación de espacio y tiempo en el que ocurren. Procesos que se inician durante las guerras de la independencia(89) y que continuarán por largos años. La emancipación arrastró consigo el problema de la autoridad, de la legitimidad, de la soberanía. Como se preguntaba Manuel Chust hace unos años, “Legitimidad, Soberanía, Nación ¿de Quién? ¿Dónde? La presente problemática tenía un camino más escabroso del que podía aparentar”(90). La autoridad sin duda aparece fragmentada y nadie sabe donde reside la legitimidad ni la soberanía y todo ello conduce a preguntarnos sobre el problema de la relación entre gobernantes y gobernados, en otras palabras, a la disyuntiva de la gobernabilidad(91). Faltaba mucho para construir una nacionalidad incluyente de las identidades regionales y superarlas. En un sistema jurisdiccional, la territorialidad carga con una historia densa difícil de diluir y de reemplazar. En el proceso de fragmentación del territorio del antiguo virreinato, lo que sería actualmente la República Argentina no perdió a Jujuy arrastrada por Tarija casi por azar, dadas las íntimas conexiones entre ellas, tanto como la historia compartida, a lo que debería sumarse la tradicional competitividad con Salta(92). El concepto contemporáneo de nación todavía estaba en pañales, pero no por eso ignorado. Es más, estaba en plena discusión, en elaboración. La incorporación de nuevos ciudadanos en el juego del poder es otro elemento a recordar, así como la influencia de la militarización y politización creciente de buena parte de la población, tomando conciencia de la importancia de su participación en la escena política.
El tema de la secesión de Tarija es un ejemplo más sobre el difícil parto de la nación y nos plantea algunos de estos interrogantes que persistieron durante más de medio siglo y todavía en el siglo XXI continúan vigentes en la agenda nacional.

 

(1) En 1806 el Papa Pío VII divide la diócesis de Tucumán en dos sedes: al norte la de Salta, correspondiente al territorio de la Intendencia, y al sur la de la de Córdoba con jurisdicción sobre la Intendencia del mismo nombre que incluyó, además, a las provincias de Cuyo.
(2) Guillermo Céspedes del Castillo, “Lima y Buenos Aires”, en Anuario de Estudios Americanos, núm. 3, Sevilla 1946, pp. 396-874; Humberto Y José Vásquez Machicado, Obras Completas, t. III, La Paz, 1988.
(3) José Luis de Roca, Ni con Lima ni con Buenos Aires, La formación de un Estado nacional en Charcas, La Paz, IFEA/PLURAL, 2007. Los escritos y documentos producidos por Victorian de Villava, Benito Mata Linares y Pedro Vicente Cañete reflejan estas tensiones identitarias y políticas, Real Academia de la Historia, Madrid, Colección Mata Linares entre otras fuentes. Ver también Ricardo Levene, Vida y escritos de Victorian de Villava, Buenos Aires, Editorial Casa Peuser, 1946.
(4) Guillermo Madrazo, Hacienda y Encomienda en los Andes. La Puna argentina bajo el Marquesado de Tojo. Siglos XVII a XIX, Buenos Aires, Universidad Nacional de Jujuy, Fondo Editorial, 1982.
(5) Carlos Zanolli, “La Puna entre dos familias y jurisdicciones. Los Ovando y los Zárates. Tarija-Jujuy siglos XVI y XVII”, en Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Series especiales, vol. 3, núm. 1, Buenos Aires, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 2016, pp. 121-146.
(6) Antonio M. Hespanha, La Gracia del Derecho. Economía de la Cultura en la Edad Moderna, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 87.
(7) Silvia Palomeque, “Historia de los Señores étnicos de Casabindo y Cochinoca, 15401662”, en Andes, núm. 17, abril 2016, Salta, CEPHIA, Universidad Nacional de Salta, pp. 139194. Disponible en (http://www.scielo .org. ar/pdf/ andes/n17/n17a17. pdf).
8) Raquel Gil Montero, “Los forasteros de Jujuy: historia de transeúntes y emigrados, fines del siglo XVIII-principios del XIX”, en Ana Teruel (Comp.), Población y trabajo en el Noroeste argentino. Siglos XVIII y XIX, San Salvador de Jujuy, Unidad de Investigación de Historia Regional, Universidad Nacional de Jujuy, 1995, pp. 59-94. VIVIANA Conti, “El norte Argentino y el espacio andino en el Siglo XIX”, en Daniel Campi (Coord.), Jujuy en la Historia avances de investigación I, San Salvador de Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy, 1993, pp. 6368. Viviana Conti, (con la colaboración de Emma Raspi), “De las guerras de la independencia a la organización del Estado. 1810-1852”, en Ana Teruel y Marcelo Lagos (Dirs.), Jujuy en la Historia. De la colonia al siglo XX, Jujuy, Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy, 2007 (2da. Edición), pp. 85-138.
(9) Dolores Estruch, “El ejercicio del poder en el Jujuy colonial. Enlaces y tensiones entre las jurisdicciones eclesiásticas y civiles (Siglos XVI-XVIII)”, Tesis inédita, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2016.
(10) Al poco tiempo se produjo una inversión de nombre, la ciudad pasó a ser designada Salta y el valle donde se la instaló valle de Lerma.
(11) Marcelo Daniel Marchionni, “Entre la guerra y la política. Las elites y los cabildos salto-jujeños en tiempos de Güemes”, en Beatriz Bragoni y Sara Mata (Comps.), Entre la colonia y al República: Insurgencias, rebeliones y cultura política en América del Sur, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008, pp. 217-244; Marcelo Daniel Marchionni, “Cabildos, territorios y representación política de la Intendencia a la Provincia de Salta (1810-1825)”, en Cuadernos de Trabajo del Centro de Investigaciones Históricas del Departamento de Humanidades y Artes, Serie Investigaciones, núm. 15, Lanús, Universidad Nacional de Lanús, 2008.
(12) Marchionni, “Cabildos, territorios...”, cit.
(13) Alicia Mercedes Ubiera, “La pérdida de Tarija: sus connotaciones políticas”, en Investigaciones y Estudios”, núm. 28, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1980, pp. 44-474.
(14) Hespanha, La Gracia..., cit., p. 87.
(15) GENEVIEVE VERDO, L’indépendance argentine entre cités et nation (1808-1821), París, Publications de la Sorbonne, 2006. Ante la imposibilidad de acceder al libro de Verdo se consultó la reseña critica de IGNACIO ZUBIZARRETA, “Comptes rendus et essais historiographiques”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos [online], publicada el 20 de junio de 2008. ISSN electrónico 16260252. Disponible en (http://nuevomundo.revues. org/37892). [Fecha de consulta: 21/08/2016].
(16) Geneviève Verdo, “¿Soberanía del pueblo o de los pueblos? La doble cara de la soberanía durante la revolución de la independencia”, en Andes 13, Salta CEPIHA, Universidad Nacional de Salta, 2002, pp. 145-172.
(17) Marchionni, “Cabildos, territorios....”, cit.
(18) José Carlos Chiaramonte, Ciudades, Provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina, Buenos Aires, Emecé, Biblioteca del pensamiento argentino, 2007; José Carlos Chiaramonte, “Ciudadanía, soberanía y representación en la génesis del Estado argentino (c. 1810-1852)”, en HILDA SÀBATO (Coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones
Perspectivas históricas de América Latina, México, Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 94-114; JOSÉ CARLOS CHIARAMONTE, Raíces Históricas del Federalismo Latinoamericano, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2016.
(19) Alejandro Agüero, “Ciudad y poder político en el antiguo régimen, en La tradición castellana”, en Víctor Tau Anzóategui y Alejandro Agüero (Coords.), El Derecho en la Periferia de la Monarquía Hispánica, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2013, pp. 91-120.
(20) Alejandro Agüero, “Autonomía por soberanía provincial. Historia de un desplazamiento conceptual en el Federalismo argentino (1860-1930)”, en Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 43, 2014, pp. 341-392.
(21) VERDO, “¿Soberanía del pueblo o de los pueblos ?....”, cit., pp. 151-152.
(22) Antonio Annino, “Soberanías en lucha”, en Antonio Annino, Luis Castro Leiva y François-Xavier Guerra (Eds.), De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica, Zaragoza, IberCaja, 1994, pp. 229-253.
(23) Ana María Lorandi, Poder central, poder local. Funcionarios borbónicos en el Tucumán Colonial. Un estudio de Antropología Histórica, Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2008. El gobernador de Buenos Aires Francisco de Bucarelli y Ursúa fue el encargado de controlar la expulsión de los jesuitas en la mayor parte del territorio del virreinato suscitando conflictos de jurisdicción con la Audiencia de Charcas.
(24) Verdo, L’indépendance argentine..., cit.; Marchionni, “Cabildos, territorios...”, cit.; Chiaramonte, Ciudades, Provincias, Estados., cit.
(25) Pierre Rosanvallon, El modelo político Francés. La sociedad civil contra el jacobinismo de 1789 hasta nuestros días, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, [2004], 2007.
(26) Halperín Donghi, Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo. Introducción y edición de ElÍAS Palti, Buenos Aires, Editorial Prometeo, [1961] 2010.
(27) Rosanvallon, El modelo político Francés..., cit., p. 14.
(28) Annino, “Soberanías.”, cit., p. 237.
(29) VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI, Nuevos Horizontes en el Estudio Histórico del Derecho Indiano, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de la Historia del Derecho, 1997; Tau AnzoáTEGUI y Agüero, El Derecho Local..., cit.
(30) Quentin Skinner, El nacimiento del Estado, Buenos Aires, Ed. Gorla, 2003.
(31) Como militar ilustrado apoyó el levantamiento de La Plata en 1809, fue apresado y confinado en el presidio del Callao.
(32) Magdalena Candeoti, “Ley, justicia y revolución en Buenos Aires, 1810-1830. Historia Política”. Tesis de Doctorado inédita. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2010, ver capítulo II acerca de las propuestas ilustradas en la época rivadaviana en aspectos jurídicos e institucionales para la provincia de Buenos Aires. Estas reformas fueron imitadas en algunas provincias como es el caso de Salta.
(33) José Evaristo Uriburu, Historia del General Arenales, Londres, Edición del autor, 1924; Pedro De Angelis, Biografía del General Arenales y juicio sobre la Memoria Histórica en la segunda campaña a la sierra del Perú en 1821, Buenos Aires, Imprenta de la Independencia. Reeditado por Juan Canter (h) como Prólogo de José Ignacio Arenales, [1832] 1920, pp. 24-37.
(34) Olañeta se había rebelado contra el virrey La Serna, militar que se había adherido la constitución gaditana de 1812.
(35) Sara Emilia Mata, Los gauchos de Güemes. Guerras de Independencia y conflicto social, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 2008.
(36) Solá negoció el envío de armas y ayuda económica (Archivo Histórico de la Provincia de Salta, en adelante AHPS, Gobierno, Caja 53, Carpeta 2, 1824).
(37) Verdo, “¿Soberanía del pueblo o de los pueblos?...”, cit.; Verdo, L’indépendance argentine., cit.; Agüero, “La extinción del cabildo en la república., cit.; Agüero, “Autonomía por soberanía provincial...”, cit.; Marchionni, “Cabildos, territorios.”, cit.
(38) Marchionni, “Una elite consolidada. El Cabildo de Salta en tiempos de cambios”, en Sara Mata (Comp.), Persistencias y cambios: Salta y el Noroeste Argentino. 1770-1840, Rosario, Prohistoria y Manuel Suárez ed., 1999, pp. 177-228. Sara Emilia Mata, “La herencia de la guerra: Salta (Argentina) 1821-1831”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, [en línea], Debates, Puesto en línea el 11 julio 2012. Disponible en (http://nuevomundo.revues.org/63221) ; DOI : 10.4000/nuevomundo.63221, [Fecha de consulta: 20/10/2012]; Sara Emilia Mata, “Milicias y montoneras. Salta en las primeras décadas del siglo XIX”, en Raúl Fradkin y Gabriel Di Meglio (Comps), Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013; Sara Mata De López, “Movilización rural y guerra de la Independencia. Salta 1810-1821”, en Sara Mata y Zulma Palermo (Comps.), Travesía discursiva: representaciones identitarias en Salta; siglos XVIII-XXI, Rosario, Prohistoria ediciones, 2011, pp. 57-70.
(39) Jujuy fue reconocida como provincia independiente tardíamente el 18 de noviembre de 1834. En el Cabildo de la ciudad se realizó el Acta de la Autonomía Política con respecto a la provincia de Salta. El 18 de diciembre de 1837, el primer gobernador federal de la provincia de Jujuy, Pablo Alemán, decretó la supresión de la Corporación denominada Cabildo y Regimiento de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
(40) En algunas parroquias se presentaron algunos problemas, por ejemplo “peones conchabados que no podían votar”, renuncias, ausencia de escribanos, etc. (AHPS, Gobierno, Caja 53, Carpeta 1, 1823). Para la importancia del voto en el proceso de emancipación ver Antonio Annino, Historia de las elecciones y de la formación del espacio político nacional en Iberoamérica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995.
(41) Mariano Di Pascuale, “La gestión de Álvarez de Arenales. Presencia del rivadianismo en Salta (1824-1827)”, en Revista Complutense de Historia de América, vol. 35, Sevilla, 2009, pp. 209-231; Chiaramonte, Ciudades, Provincias, Estados..., cit.; Juan Carlos Garavaglia, “Manifestaciones iniciales de la representación en el Río de la Plata: la revolución en la laboriosa búsqueda de la autonomía del individuo (1810-1812)”, en Revista de Indias, vol. 64, núm. 231, 2004, pp. 349-382.
(42) VERDO, “¿Soberanía del pueblo o de los pueblos?...”, cit.
(43) Gabriela Tío Vallejo, Antiguo Régimen y Liberalismo. Tucumán, 1770-1830, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2001; GABRIELA TÍO VALLEJO, La república extraordinaria. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. Rosario, Prohistoria, 2011.
(44) Mata, “La herencia de la guerra...”, cit.
(45) Poco después José María Pérez de Urdininea abandonó al ejército del Río de la Plata y se unió a las tropas colombianas y peruanas al mando de Sucre. Otro tanto haría luego López Matute abandonando el ejército de Sucre, Mata, “La herencia de la guerra.”, cit.
(46) Archivo General de la Nación, en adelante AGN, Sala 7, Caja 7, documento n° 8.
(47) AHPS, Gobierno, Caja 53, Carpeta núm. 2.
(48) AGN, Sala 7, Caja 7. Documento núm. 8
(49) Victoriano Solá consiguió que le entregaran una imprenta en desuso que estaba en los Niños Expósitos y también papel, tipos de letras para imprimir, tinta y un experto, Hilario Ascasubi, para montarla en Salta. La ilusión de Arenales era tener un periódico como Argos editado en Buenos Aires (AHPS, Gobierno, Caja 3, Carpeta 2, 1824). Sobre la importancia de la imprenta en la época y región ver Esther AILLÓN Soria, “Imprenta guerra y economía. La formación de los espacios públicos en la independencia de Charcas (Bolivia)”, en Cuadernos de Historia, 33, Santiago de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 2010, pp. 63-84.
(50) Candeoti, “Ley, justicia y revolución.”, cit.; Francois-Xavier Guerra, Modernidad e Independencia. Ensayo sobre las revoluciones hispánicas, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1993.
(51) CHIARAMONTE, Ciudades, Provincias, Estados., cit.
(52) Annino, “Soberanías.”, cit., p. 235.
(53) de Roca, Ni con Lima., cit.
(54) Ernesto Restelli, La gestión diplomática del General Alvear en el Alto Perú, Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1927
(55) Para detalles de la anexión de Tarija a Bolivia ver Segretti, “La cuestión.”, cit.; Ubiera, “La pérdida de Tarija.”, cit.; Humberto Vázquez-Machicado y José Vázquez- Machicado, Obras Completas, La Paz, Ed. Don Bosco, vol. III, 1988; Restelli, La gestión diplomática., cit.
(56) Para el caso que nos convoca, también se vinculan con la percepción y distribución de los diezmos, Estruch, “El ejercicio del poder.”, capítulo V, cit.
(57) Váquez Machicado y Vázquez Machicado, Obras., cit. menciona trámites comerciales y la consolidación de la deuda de Tarija por parte de la provincia de Salta aprobados por Sala de Representantes
(58) Para los detalles de la ocupación y encomiendas de Tarija y Jujuy ver Palomeque, “Historia de los Señores étnicos....”, cit.; Marchionni, “Cabildos, territorios...”, cit.; CONTI, “De las guerras.” y la tesis inédita de Estruch, “El ejercicio del poder.”, capítulo IV, cit.
(59) AHPS, Gobierno, Caja 66, carpeta 3. Tarija se quejaba que Salta le ponía impuestos más altos que a Jujuy y en 1826 que sacaban gente para enviar a la guerra con Brasil.
(60) En los documentos también se refieren a la Sala de Representantes como Junta Provincial
(61) Ubiera, “La pérdida de Tarija.”, cit.; Marchionni, “Cabildos, territorios.”, cit.
(62) Hespanha, La gracia..., cit., pp. 88-89.
(63) Restelli, La gestión diplomática., cit., pp. 35-40.
(64) Potosí, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca (Charcas).
(65) Vázquez Machicado y Vázquez Machicado, Obras., cit., p. 57; Segretti, “La cuestión.”, cit.; UBIERA, “La pérdida de Tarija.”, cit.; Restelli, La gestión diplomática., cit.
(66) Carta del gobernador interino Teodoro Sánchez de Bustamante a la Delegación, en Restelli, La gestión diplomática., cit., pp. 43-46.
(67) Vázquez Machicado y Vázquez Machicado, Obras.., cit., p. 583; Restelli, La gestión diplomática., cit., p. 83
(68) Restelli, La gestión diplomática., cit., p. 48, Oficio dirigido al gobernador de Salta acusando recibo del oficio 25 de junio y explicando la actuación del Cuerpo en los últimos sucesos.
(69) Annino, “Soberanías.”, cit., p. 230.
(70) Chiaramonte, Raíces Históricas..., cit.
(71) AHPS, Gobierno, Caja 65, Carpeta 1E. Las disputas por los territorios de Atacama y Chicha tiene una historia diferente y no serán abordadas en este artículo.
(72) AHPS, Gobierno, Caja 65, Carpeta 1E. Los diplomáticos pretendían que Bolívar confirmara ese concepto de que la fragmentación territorial era síntoma de anarquía.
(73) Annino, “Soberanías.”, cit., p. 230.
(74) Clement Thibaud, “De l’Empire aux États: le fédéralisme en Nouvelle-Grenade (17901853)”, en Federica Morelli, Clement Thibaud et Genevieve Verdo, Les Empires Atlantiques, Paris, Press Universitaire de France, 2009, pp. 101-130.
(75) María Teresa Calderón y Clément thibaud, La majestad de los pueblos en la Nueva Granada y Venezuela, 1780-1832, Bogotá, Universidad Externado de Colombia. IFEA/Ed. Taurus, 2010.
(76) AHPS, Gobierno, Caja 66, Carpeta 3, 1826. Ver también Gregorio Rodríguez, Contribución histórica y documental, Buenos Aires, Peuser, 1922, sobre cartas de Arenales a Alvear.
(77) En carta de Arenales a Alvear, del 21-02-1826 habla del “barro que nos ha hecho el señor don Ciriaco”. En otra carta con el mismo destinatario, del 08-03-1826 trata a Ciriaco de “miñuelo” que ha comprometido al gobierno de Buenos Aires y a la Delegación sin medir las consecuencias de su “ligereza, de su ridicula ambición, etc. Rodríguez, Contribución..., cit., pp. 155-157.
(78) Rivadavia en carta a Díaz Vélez apoya a Arenales, le recomienda que confíe en sus “luces”, porque hay que evitar el desmembramiento del territorio, AHPS, Gobierno, Caja 67, “carpeta fantasma”.
(79) AHPS, Gobierno, Caja 66, carpeta 3, 16/3/1826.
(80) AHPS, Gobierno, Caja 67, “carpeta fantasma”.
(81) Ubiera, “La pérdida de Tarija.”, cit., pp. 451-453.
(82) AHPS, Gobierno, Caja 67, “carpeta fantasma”.
(83) Ubiera, “La pérdida de Tarija.”, cit., pp. 455-457.
(84) Rodríguez, Contribucióncit., p. 159.
(85) Ver el tema de la asimilación entre democracia y anarquía a fines del siglo XVIII en los escritos del Oidor Victoriano Villava, en Levene, Vida y escritos de Victorial de Villava...., cit.
(86) HalperÍN Donghi, Revolución y Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, Siglo XXI, 1994.
(87) Thibaud, “De l’Empire aux États...”, cit.
(88) Marcela Ternavasio, “La supresión del Cabildo de Buenos Aires: ¿Crónica de una muerte anunciada?”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, [en línea], Tercera serie, núm. 21, 1° semestre 2000, pp. 33-73. Disponible en (http://ravignanidigital.com.ar/ bol ravig/n21/n21a02.pdf). [Fecha de consulta: 29-02-2016].
(89) Sobre el tema de la militarización de los gobiernos ver el estudio sobre Oruro de María Luisa Soux, El Complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826), Guerra, ciudadanía conflictos locales y participación indígena en Oruro, La Paz, Asdi-IFEA- Plural-IEB, 2010.
(90) Manuel Chust, “El rey para el pueblo, la constitución para la Nación”, en Víctor Mínguez y Manuel Chust (Eds.), El Imperio Sublevado, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, pp. 225-254.
(91) Marcela Ternavasio, Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1910-1816, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.
(92) El tema del peligro del desmembramiento de Jujuy y Salta se vuelve a reflotar a mediados del siglo XIX.

Recopilado por Juan Ticlla Siles de la Revista de Historia del Derecho N° 53, enero-junio 2017 - Versión on-line ISSN: 1853-1784 Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho - Buenos Aires (Argentina) http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci serial&pid=1853-1784&lng=es&nrm=iso
Sección Investigaciones [pp. 81-103]