Senasag y Aduana Nacional hablan distintos idiomas en tema caballos

Escrito por  JORGE SALOMON/ EL PAÍS EN Feb 25, 2015

El Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría (Senasag), y la Aduana Nacional no se ponen de acuerdo sobre cual será el destino de los 11 caballos de raza de procedencia argentina que luego de ser introducidos de manera ilegal en el país, fueron decomisados en agosto del año pasado en la Expo Chaco de Villa Montes y puestos en custodia en el regimiento de caballería Aroma 3 de la ciudad de Yacuiba, después de un escándalo y sacrificio de otros 21 equinos.

Normativa
Cada una de estas instituciones se apega a la normativa vigente y los procedimientos que les otorga la ley y proponen soluciones diferentes tratando de evitar el sacrificio de estos 11 animales que, hace casi 6 meses, conviven con otros en las caballerizas del regimiento Aroma 3, sin ningún cuidado especial o tratamiento diferenciado.
El jefe distrital del Senasag, Normando Solano, señaló que la Aduana Nacional les solicitó una certificación sanitaria para conocer si los animales están en buenas condiciones o son portadores de algún virus que pueda ser riesgoso para la zona, para tomar la decisión de transferirlos al Ministerio de la Presidencia o en su defecto sacrificarlos de acuerdo a la normativa vigente.
Solano remarcó que el Senasag, de acuerdo a su normativa no puede emitir ningún tipo de certificación sanitaria porque son animales que fueron introducidos de manera ilegal en el país y se desconoce su origen y las condiciones sanitarias en las que ingresaron al país.
El jefe distrital del Senasag añadió que de acuerdo a la ley 2215 y el decreto reglamentario 27291, en su capítulo quinto, artículo 17, establece que los productos o subproductos de animales internados ilegalmente en el país deben ser decomisados, destruidos o retornados a su país de origen.
Por su parte, el gerente regional de la Aduana Nacional, Paul Castellanos, manifestó que concluyó el proceso por contrabando y estableció el decomiso definitivo de los 11 animales a favor del Estado y que para llevar adelante esta acción se pidió al Senasag la certificación sanitaria de los mismos y tras una primera respuesta en la que les indican la imposibilidad de la certificación, enviaron una segunda nota.
“Nosotros planteamos que se agoten las instancias de establecer la situación real y que se hagan los estudios que se tengan que hacer para que se certifique si los animales cuentan con alguna enfermedad que amerite su sacrificio o si están en buenas condiciones podamos hacer la entrega de los mismos al Ministerio, porque no los podemos devolver a su país de origen, porque ya concluimos un proceso y es ilegal e imposible devolverlos”, enfatizó.
En este momento la decisión se encuentra en manos del Senasag que todavía no emitió ninguna respuesta a la nueva solicitud realizada y según manifestó el jefe distrital de esta institución, el departamento legal del Senasag realizó un análisis de la situación y solo quedan las opciones del retorno o destrucción.
Solano reiteró que los aspectos legales no les permiten realizar un análisis sobre la sanidad de estos animales, porque de ser así se incumplirían las normas y crearía un mal antecedente de carácter internacional, razón por la cual se dará un “tratamiento especial” al caso y se tiene un acercamiento con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)- Argentina, y que en los próximos días se ausentará a esa nación para coordinar el retorno de estos animales y evitar su sacrificio en territorio boliviano.

Aduana busca
resarcimiento económico por  29 caballos

 El gerente regional de la Aduana Nacional, Paul Castellanos, manifestó que se concluyó el proceso por los otros 29 caballos que, más los 11 decomisados, hacían un total de 40 y figuraban en el contrato entre un proveedor argentino y las personas que recibieron los animales en la Expo Chaco de Villa Montes 2014.
Se desconoce el paradero de estos animales, pero el proceso de contrabando fue probado y se persigue el resarcimiento económico al Estado por parte de las personas que suscribieron el contrato.