Más sobre el “decreto de la subasta nacional”: La diferencia entre la “y” y la “u” hace 1.500 millones de dólares

Escrito por  Javier Escóbar Salguero Dic 20, 2000

Recordará Ud., querido lector, que el gobierno exige insistentemente a los empresarios privados nacionales que “transparenten” sus estados financieros para poder cotizar sus acciones y bonos en una bolsa de valores, accediendo de esta forma a préstamos del público (dinero más barato) en vez de continuar presentándose de la banca con tasas de interés más elevadas. Cuando una empresa cotiza acciones en la Bolsa de Valores, puede conseguir rápidamente compradores a un buen precio por cada acción vendida si es que los estados financieros de la empresa son confiables.

                Al exigir esto a los empresarios privados bolivianos, les están diciendo que no evadan impuestos, que declaren sus verdaderas ganancias, que digan de dónde obtienen dinero para financiar el funcionamiento de sus empresas, que declaren todos los gastos tal cual son, etc., etc. Es decir, exigen a los empresarios privados que digan la verdad y sólo así podrán obtener dinero del público, vía Bolsa de Valores, para seguir trabajando. Cuando no hay información clara y transparente, no hay inversión en esa empresa y nadie compraría acciones de ella si desconfía de la información contable que se le proporciona. En las sacrosantas reglas del libre mercado -cuyos seguidores incondicionales están gobernando y también están en la oposición (MNR)- esta es una condición básica que toda economía debe cumplir. Caso contrario –dicen- están destinadas a desaparecer.

                En el caso concreto de las empresas capitalizadas, al no tener sus cuentas claras (se las mantiene en absoluto secreto), no están habilitadas para cotizar en una Bolsa de Valores. El anterior y actual gobierno, al proteger mediante Ley de la República el derecho al secreto de la administración de dichas empresas, están vulnerando no sólo la Constitución Política del Estado, sino algo más sagrado para la conciencia liberal de ellos mismos: las reglas básicas del mercado libre, reglas que no son aplicables a las empresas capitalizadas por obra y gracia del MNR, ADN y MIR.

LA BOLSA BOLIVIANA Y LA BOLSA DE NUEVA YORK

La Bolsa Boliviana de Valores ha sido creada hace muy pocos años. Está en pañales. En ella se hacen todas las transacciones posibles de un día en sólo cinco minutos. El resto del tiempo los “agentes de bolsa” conversan entre ellos. Cotizan en ella menos de cincuenta empresas. Mientras que desde enero de este año al 31 de agosto pasado se autorizaron apenas 36 millones de dólares en Bonos Empresariales, en sólo un minuto en la Bolsa de Nueva York se autorizan y venden por lo menos mil millones de dólares.

                Antes de cotizar acciones o bonos, una empresa debe hacer calificar la calidad del título-valor que quiere cotizar. Para ello, en Nueva York, prestan sus servicios de calificación de riesgo empresas solventes, de gran especialización y responsabilidad, que examinan minuciosamente los estados financieros de la empresa que desea cotizar sus títulos. Una vez examinados, estas calificadoras de riesgo (Standard & Poors, Duff & Phellps o Moody’s por ejemplo) le asignan una calificación o categoría, sobre cuya base los inversionistas deciden si se arriesgan a comprar acciones de una empresa con alto riesgo pero con alta rentabilidad o, por lo contrario, invierten en empresas con bajo riesgo y poca rentabilidad anual. La base de la calificación es la confiabilidad y transparencia en la información contable de las empresas.

                En Bolivia, según la información que conozco, tan sólo hay una empresa formada este año cuya especialidad o giro único es el de calificar las acciones o bonos antes de que éstas sean registradas y cotizadas en la Bolsa Boliviana de Valores.

EL DECRETO DE LA SUBASTA NACIONAL    

Ni las empresas capitalizadas ni las AFP’s que administran nuestras acciones han registrado y menos cotizado dichos títulos en una Bolsa de Valores nacional y otra extranjera como lo disponía el Art. 107 del D.S. No.24469 de 22 de enero de 1997 (un decreto gonista) o como lo disponían los “decretos alacranes”, también gonistas, tan vehementemente criticados por Banzer y Jorge Quiroga en junio y julio de 1997 (D.S. N. 24640; 24666 y 24667). El decreto No. 24885 de 29 de octubre de 1997, con el que se impidió el pago del Bonosol, también obligaba a las empresas capitalizadas y AFP’s a cotizar acciones de dichas empresas “mediante un listado convencional, por lo menos en una bolsa de valores local y otra extranjera”. Obviamente, al no tener cuentas claras, ninguna empresa capitalizada pudo cotizar en una bolsa extranjera. Subrayo la “y” por la importancia que tiene, dada la diferencia fundamental e insalvable que existe entre la obligación de cotizar en una bolsa extranjera -para cuyo efecto cualquier empresa que lo haga, deberá previamente mostrar sus estados financieros con cuentas claras y ser calificada  por aquellas rigurosas empresas calificadoras- en relación con los requisitos que se deben cumplir para cotizar en la única bolsa de valores que existe en Bolivia, esa que está en pañales y que no exige siquiera calificación de riesgo y por tanto cuentas “transparentes”.

                El “decreto de la subasta nacional” No. 25994, publicado hace sólo cuatro días, a tiempo de “autorizar” a las APF’s a “monetizar” nuestras acciones para pagar el Bolivida, allana las dificultades puestas en el camino de la subasta al disponer que la cotización se la puede hacer:

a.- “mediante un listado convencional en al menos una bolsa de valores local u otra extranjera”; o, finalmente y más fácil,

b.- “subasta pública”. Nuevamente subrayo -y esta vez la “u” -para mostrar a Ud., respetado lector, la “sutileza” ¿adenista? ¿movimientista?. Decida Ud. si son ambos. En todo caso, el cambio significa mil quinientos millones de dólares, el valor de nuestras acciones.

                La autorización de venta mediante “subasta pública” es, simplemente, un cinismo.   

NOTA: Publicado en El Diario de La Paz en fecha 20 de diciembre de 2000