Los empresarios y la crisis económica

Escrito por  Javier Escóbar Salguero Nov 09, 2001

Al iniciarse la apertura democrática en Bolivia (1979), la propuesta para el país de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), en materia económica, defendía “la libre iniciativa y la propiedad privada en función del interés colectivo”, dejando a los “sectores estratégicos de la economía  bajo exclusiva responsabilidad del Estado”, en el entendido de que estos sectores (petróleo y energía eléctrica, fundamentalmente), son la fuente primaria de la riqueza económica nacional. 

El año 1993, a poco de conocerse la victoria electoral de Gonzalo Sánchez de Lozada y su propuesta “capitalizadora”, el presidente de la CEPB de entonces, alborozado, cantó la victoria del neoliberalismo: “la ciudadanía ha votado por un sistema de libertad política y libertad económica”, interpretó. El neoliberalismo “capitalizador” de entonces  prometió a Bolivia un crecimiento anual del PIB de más del 7 por ciento, inversiones extranjeras superiores a los cuatro mil millones de dólares, generación incesante de empleos, etc, etc. Poco tiempo después aplaudieron a rabiar la promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Civil (una de las leyes “Blattman”), que introdujo el procedimiento coactivo civil para el cobro de deudas.

El pasado 4 de octubre de 1999, la CEPB demandó al gobierno la aprobación de “urgentes medidas” para la reactivación económica, entre las que incluyó la venta de las acciones de los bolivianos reunidas  en los Fondos de Capitalización Colectiva (FCC) –administrados por las AFP-, la ejecución de un programa de infraestructura vial, un plan que induzca a la banca a la reprogramación de deudas, así como mayor dignidad de nuestros gobernantes para alejarse de los condicionamientos que imponen los organismos internacionales (léase FMI, Banco Mundial y BID).

Hoy, terminado el último congreso nacional de empresarios, cuya directiva la componen los mismos que cantaron la victoria del neoliberalismo hace pocos años atrás, les tocó llorar su derrota: “dramática caída de las ventas” (del 30 al 50 por ciento en los últimos tres años); “creciente imposibilidad de hacer frente a las obligaciones financieras, tributarias y sociales”, “constante cierre de empresas”, “drástica contracción del crédito” (más de 1.100 millones de dólares desde diciembre de 1998…) y una “ola de ejecuciones judiciales, predominantemente de carácter coactivo”, entre otras desgracias (todo en un comunicado institucional de la CEPB publicado en varios medios de comunicación el 29 de noviembre pasado). Los empresarios concluyen que “el resultado neto es que… Bolivia decrecerá este año en más del 2,5 por ciento”.

EL TRASFONDO DE LA “CAPITALIZACIÓN”

A estas alturas de la crisis, está absolutamente claro que ninguna de las medidas que adopte el gobierno para revertirla podrá ser efectiva si no se inicia con la más importante: la recuperación de la soberanía nacional sobre nuestra riqueza petrolera y de energía eléctrica.

Cualquier boliviano más aún si es empresario, se dará perfecta cuenta de la importancia vital de esta medida a la luz de un elemental ejemplo: cuando el señor Carlos Calvo, productor de singanis, compraba el año 1995 mil litros de gasolina para su industria, el monto pagado por él se distribuía más o menos así: 5 por ciento para el vendedor de gasolina (empresario boliviano). Del 95 por ciento restante, YPFB (estatal) se quedaba con una quinta parte para pagar sus costos de producción (p. ej. sueldos y salarios de los empleados bolivianos); el resto del dinero se remitía al TGN (por la vía de transferencias directas y de impuestos), de donde se redistribuía un 5 por ciento al sistema universitario, un 20 a los gobiernos municipales (coparticipación) y el saldo lo disponía el gobierno central para pagar sueldos y salarios de la burocracia estatal (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como para la ejecución de la inversión pública y el pago de la deuda externa. En resumen, casi la totalidad de la compra de gasolina que efectuaba el señor Calvo circulaba al interior de nuestras fronteras. ¿De dónde salían los mil litros de gasolina comprados por Calvo?. De nuestro subsuelo, propiedad del Estado boliviano; es decir, nuestra riqueza natural transformada. Al pertenecer al Estado boliviano nos pertenecía a cada uno de nosotros, fuéramos o no empresarios.

Ahora, el importe que paga el señor Carlos Calvo, al comprar los mismos mil litros de gasolina, después de la “capitalización” de YPFB, convertida ahora en tres empresas (Chaco, Andina y Transredes), se distribuye más o menos así: 4 por ciento para el vendedor de gasolina, 18 para el Estado nacional (vía impuestos y regalías) y el saldo (78 por ciento) está destinado a las cuentas privadas de supuestos “capitalizadores” de YPFB, quienes derivan esos recursos a sus casas matrices ubicadas en otros países, convirtiendo de esta manera a Bolivia en exportador neto de divisas. Es decir que, cada vez que el señor Calvo gasta cien bolivianos en comprar gasolina, 78 bolivianos dejarán de circular al interior de nuestras fronteras y se irán, en forma de dólares, a potenciar otro país. Bolivia y los bolivianos nos hemos convertido en importadores de nuestra propia riqueza petrolera. Lo mismo ocurre con las cuentas de energía eléctrica, o cuando pagamos un pasaje aéreo para viajar de La Paz a Tarija, o cuando pagamos una cuenta de telefonía de larga distancia.

Así, la capacidad de compra de los bolivianos es cada vez menor (ha bajado la demanda agregada, dicen los economistas). Mientras en Brasil o en México la demanda de energía eléctrica crece a un ritmo del 5 por ciento anual, en Bolivia las empresas y familias consumen cada vez menos, decreciendo la demanda en más del 8 por ciento cada año. Brasil y México, frente a las pretensiones del FMI y otros organismos internacionales, se han negado históricamente a vender PETROBRAS y PEMEX respectivamente. Los gobernantes de esos países, antes que neoliberales, han sido patriotas. CODELCO de Chile, explotadora y exportadora de cobre, principal fuente de riqueza del Estado chileno, sigue siendo empresa estatal. Chile crece a un promedio de 4.5 por ciento al año.

UN PELIGRO LATENTE

El único cambio importantísimo en las últimas demandas de la CEPB, respecto a las que efectuaron el año 1999, es que han dejado de exigir la venta de las acciones de los bolivianos en nuestras empresas estratégicas para usarlas en construcción de carreteras. Lo que corresponde ahora es exigir la recompra de acciones, en una cantidad suficiente para retomar el control y la administración de las principales empresas estratégicas y revertir, de esta forma, la fuga diaria de riqueza boliviana y nuestro veloz e inexorable empobrecimiento si no actuamos de esa forma.

La CEPB debería, y prontamente, por elemental instinto de sobrevivencia, exigir la anulación del Bolivida y la pretendida distribución de “Acciones Populares”, dos inventos de la última generación de los “neoliberales capitalizadores” que, de concretarse conllevarían la liquidación final del patrimonio nacional y la consiguiente imposibilidad de cualquier esfuerzo de “reactivación económica”. Para creer esto sólo giren la cabeza al sur y vean a Cavallo y a su Argentina. Vean también al norte y pregunten por qué el FMI está estudiando la aprobación de una norma para viabilizar las quiebras de Estados como el argentino.

Por si acaso algún “empresario” nos responda que en el FCC se reúnen anualmente los “dividendos” que corresponden a los bolivianos como accionistas de las empresas “capitalizadas”, el retruque es: ¿alguien en Bolivia está en condiciones de afirmar que lo que en el FCC se reúne cada año por concepto de “dividendos” es lo que realmente nos corresponde?

NOTA: Publicado el 9 de diciembre de 2001 en El Juguete Rabioso, La Paz, con el siguiente epígrafe:

Un empresario cochabambino hace una dura crítica a la CEPB, cuestiona su pragmatismo, que pasó de aplaudir al neoliberalismo a pedir que “Papá” Gobierno les resuelva sus problemas y los salve de la quiebra