Oliva pide audiencia con Evo por “débito ilegal” del 8%

Escrito por  GUSTAVO MÁRQUEZ/EL PAÍS EN Feb 15, 2018

El gobernador del departamento de Tarija, Adrian Oliva, remitió una carta al presidente de Bolivia, Evo Morales, solicitando una audiencia de emergencia ante el débito de 18 millones de bolivianos por concepto de la Ley del 8%, resaltando que esta confiscación representa graves consecuencias sociales en un departamento que se encuentra en una situación de crisis económica, por lo que la autoridad espera poder abordar la problemática a efectos de revertir esta decisión tomada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

“Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para hacerle conocer que el pasado viernes 9 de febrero de 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tomó la decisión ilegal de debitar 18 millones de bolivianos de las cuentas del Gobierno Departamental de Tarija para transferirlos a dos Gobierno Municipales, Yunchará y San Lorenzo, bajo el pretexto de dar cumplimiento a la Ley Departamental Nro 206”, expone la misiva a la que tuvo acceso este medio de comunicación.
Al respecto el alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila, explicó que la medida se vino anunciando ya que la Gobernación no acataba el fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia. La autoridad explicó que ambos municipios recibieron la transferencia a sus cuentas de 9 millones de bolivianos respectivamente “por concepto de lo no pagado el 2017” y hora se espera que los montos correspondientes al 2018 se cumplan, ya que aseveró que la ley es inapelable por lo que en caso de que se continúe incumpliéndola, se proseguirá optando por accionar el mecanismo.
“Nos encontramos muy satisfechos porque esto garantiza que los recursos previstos por esta ley que significó una gran lucha de parte de los municipios rurales empobrecidos del departamento por fin se hagan patentes. Lo que sí lamentamos es que pese a nuestras solicitudes de reunión y declaraciones advirtiendo que apelaríamos al débito, la Gobernación nos ignoró y se niega hasta ahora a aceptar que existe una ley declarada constitucional y hay que cumplirla”, manifestó el Alcalde.
Por su parte el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, expresó que este débito ha sido tramitado en desconocimiento del Gobierno Departamental, contraviniendo el artículo 123 de la Constitución que establece que la ley dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo. En ese marco aseveró que el Ministerio ha considerado erróneamente la vigencia de la ley departamental 206 como si esta hubiere nacido a la vida jurídica en abril del 2017, cuando recién fue publicada en la gaceta oficial en enero del 2018. Por otra parte explicó que corresponderá a la Secretaría de Economía dar a conocer el detalle sobre la base de cálculo para el débito que indicó se ha realizado erróneamente, sin considerar que el Chaco tiene su 45%.
“Consideramos que ha sido ilegal la tramitación de este debito automático. Además no se ha considerado que la Gobernación en ejercicio de la facultad reglamentaria ha emitido el Decreto Departamental 02/2018 a través del cual se han establecido procedimientos para la aplicación de las transferencias a los municipios así como para los débitos automáticos. Como Gobernación extrañamos que el nivel central haya actuado en contra de la normativa, es por ello que se están cursando las representaciones correspondientes”, indicó el funcionario.