Oliva anuncia acciones legales y alcaldes confirman más débitos

Escrito por  GUSTAVO MÁRQUEZ/EL PAÍS EN Feb 16, 2018

El gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva, solicitó una audiencia con el presidente Evo Morales tras hacerse efectivo un débito de más de 18 millones de bolivianos por concepto de la Ley del 8% para proyectos concurrentes de los gobiernos municipales de Yunchará y San Lorenzo. Anunció que se tomarán todas las acciones de carácter legal para recuperar ese dinero “confiscado” al departamento. Entre tanto, la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) confirmó que este mecanismo está siendo emulado por otros cinco municipios para reactivar proyectos paralizados.

Reactivación económica, consolidar la gestión de financiamientos que superan 1.000 millones de bolivianos, proyectos importantes, deudas históricas, resolviendo problemas de cobertura de servicios básicos, trabajando para salir de la crisis en las próximas semanas y el proyecto de impacto como el Velódromo Departamental que se entregará en los próximos días y el tema salud son la muestra de que se está trabajando, argumentaron desde la Gobernación.
En una conferencia de prensa, acompañado por secretarios de su gabinete, Oliva expresó que mientras se trabaja desde la Gobernación para salir de la crisis y reactivar proyectos, el miércoles se conoció la decisión del Gobierno Nacional de debitar 18 millones de bolivianos, aduciendo la aplicación de una ley que, a su parecer, no se encontraba vigente, cometiendo un acto ilegal y arbitrario.
En ese contexto, Oliva advirtió que además algunas autoridades gubernamentales trabajan en dirección contraria mientras se trata de reactivar la economía y sanear las cuentas del Gobierno Departamental, lo que es un freno para el desarrollo pese a que en el pasado fueron corresponsables del despilfarro ocurrido durante el auge económico de Tarija.
“El Gobierno Nacional fue corresponsable de muchas decisiones que se tomaron en Tarija, es más la frecuentaban de manera periódica cuando había plata; cuando se acabó la plata, cuando Tarija necesitó el apoyo del Gobierno, la abandonaron. Durante dos años estuvimos planteando la necesidad de apoyo y respaldo del Gobierno para resolver los problemas, y ahora que estamos sacando al departamento de la crisis y avanzando nos ponen obstáculos”, mencionó el Gobernador.
Explicó que la razón de la solicitud de la audiencia con el Presidente es para compartir lo que pasa en Tarija y conocer cuál es la posición del Gobierno respecto al desarrollo en sentido de que si será parte del problema o las soluciones.
“Quiero señalar que vamos a tomar todas las acciones de carácter legal para recuperar esos 18 millones de bolivianos que los han confiscado de manera totalmente ilegal, hasta un estudiante de la universidad sabe que la ley entra en vigencia cuando se publica, a nivel nacional hay una gaceta oficial, a nivel departamental y a nivel municipal desde que hay autonomía. Una ley cobra vigencia desde el momento en el que se publica y se aplica para lo venidero, no de manera retroactiva, una ley se reglamenta y ninguno de estos criterios han sido considerados por las autoridades de Gobierno. Una funcionaria de tercer nivel, una directora ha decidido sobre 18 millones de bolivianos vulnerando nuestra autonomía, actuando de manera autoritaria y abusiva”, expresó.
Al respecto, el presidente de la AMT, Álvaro Ruiz, indicó que se ha llegado a esta situación que habían advertido en varias oportunidades pese a que esta ley nació en el despacho del Gobernador. En ese marco, explicó que los primeros municipios en activar el débito son Yunchará y San Lorenzo, pero posteriormente lo harán los demás gobiernos municipales. “Entiendo que va a ser un poco más de 60 millones de bolivianos en general, no está contemplado Cercado, pero si se suma el monto llega a los 70 millones. El débito es en base al incumplimiento y el artículo de la ley que dice que si la Gobernación no transfiere los recursos hasta el séptimo día de cada mes, proceden las gestiones para el debito automático”, mencionó.
El alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila, quien se benefició con el débito realizado, agregó que cada municipio acciona individualmente las gestiones ante el Ministerio de Economía. “Cinco municipios ya están en la solicitud para accionar el debito que seguirá el mismo curso. Son El Valle, Padcaya, Entre Ríos, El Puente y Bermejo; no conocemos si Cercado está solicitando, pero sabemos que los siete municipios que hemos impulsado esta ley ya están activando la medida que en los próximos días se estará concretizando”, señaló.

 

el
apunte

Secretaría
solicita una
“inmediata
restitución”

En un carta enviada al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, el secretario de Planificación de la Gobernación, Karym Leytón, solicitó la inmediata restitución de montos indebidamente debitados por una orden emitida por la funcionaria Grisha Dalenka Fushimoto Arias, en su condición de Directora General de Administración y Finanzas Territoriales del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, que “comunica la ejecución de los Débitos Automáticos” de 9.105.736.80 y 9.105.736.80 bolivianos de la cuenta del Gobierno Autónomo Departamental.
Por su parte, el secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya, calificó la medida financiera como una “violación flagrante a la autonomía departamental”, por lo que se ha propuesto una ley para blindar a los gobiernos departamentales contra la injerencia que implican estas decisiones que se presentará ante el Consejo Nacional de Autonomías.