Los desaparecidos de Tarija y el “noimportismo” de las autoridades

Escrito por  NATALIA SEAS YELMA/EL PAÍS EN Oct 27, 2014

Tania Magaly Villanueva, de 20 años, el 4 de octubre salió de su casa rumbo a la escuela para jóvenes especiales. Ella es sordo muda. Desde entonces su familia desconoce de su paradero.

A partir de ese 4 de octubre, la foto de Tania engrosa el muro donde se fijan los carteles de personas que están desaparecidas, ese muro que a veces es visto por quienes pasan por la Terminal de Buses o la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Desde hace 24 días, su madre, Rosa Suruguay, ha tocado las puertas de la Defensoría de Niñez, Policía Boliviana y medios de comunicación en busca de ayuda para encontrar a su Tania.
El caso ahora lo investiga la División de Trata y Tráfico de Personas. “La última vez que vieron a mi hija fue por la parada al norte, por el Campesino, con una señora que se llama María del Carmen”, dijo Rosa.
Afligida, comentó que hace unos días la llamaron por teléfono. “Se quedaban calladitos y luego colgaban”, recuerda. “Luego mandaron un mensaje indicando que había un tal Pablo Fernández que quería irse con ella a Santa Cruz”.
La pena que lacera a Rosa Suruguay es no saber qué pasó con su hija, dónde está, se llevaron a la fuerza o se fue por voluntad propia. “Me siento mal, no puedo dormir, me sentaba a llorar y a llorar, me da mucha pena de mi hija”, comenta.
Otras familias han tenido mejor suerte, han logrado encontrar a su ser querido. Ese es el caso de María Belén Ibáñez, de 16 años, quien ahora ya se encuentra con su abuelito.
“Gracias a Dios ya está con nosotros y está bien”, comentó emocionado.
También retornó a su hogar Silvia Andrea Guzmán, de 33 años, y ahora recibe ayuda psicológica junto a su esposo. “Teníamos problemas económicos y ella pensó que podía ayudar, pero la encontramos y ahora estamos bien”.
Y hay casos que aún son un misterio. Como el de Jazmín, quien desapareció de su casa y, una semana después, fue encontrada en El Valle supuestamente consumiendo bebidas alcohólicas. Sin embargo, luego se informó que la menor fue llevada a  la fuerza y se interpuso una denuncia por Trata y Tráfico de Personas. Pero la familia desistió de la querella porque era constantemente amenazada. El caso quedó tipificado como un abandono de hogar.
En lo que va del año, la Defensoría de Niñez y Adolescencia ha reportado 57 casos de abandono de hogar, de los cuales 50 han sido resueltos. Aún se desconoce el paradero de siete menores.
El director de esa instancia, Waldo Tarifa, explicó que los casos no resueltos pasan a tuición de la División de Trata y Tráfico de Personas para que la búsqueda sea ampliada a nivel nacional. Tarifa recalcó que si bien hay casos de abandono de hogar, por una mala relación entre el menor con la familia, esa situación expone un estado de vulnerabilidad.
“Hay redes que buscan llegar a estos adolescentes y ponerlos en el ilícito de trata y tráfico”, dijo la autoridad, a tiempo de recalcar que el mayor número de casos se da en mujeres, lo que aumenta más aun el riesgo de hechos como el abuso sexual.
Datos insuficientes Uno de los aspectos que impide tener un mejor control de los casos de Trata y Tráfico de Personas es la falta de un sistema que centralice los casos a nivel nacional y departamental.
Y es que la información que se  maneja es dispersa. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene datos de Cercado, la Red de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas registra casos a nivel departamental, aunque se reconoce que son incompletos, y la División de Trata y Tráfico de la Policía Boliviana maneja un registro según el número de denuncias.
Esa falencia fue advertida en el borrador del “Análisis, observaciones y aportes al Plan Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas en el departamento de Tarija”, que fue trabajado en el municipio de El Valle de la Concepción.
“Las instituciones no cuentan con datos específicos y sistematizados sobre la problemática. Se carece de un registro único y centralizado. Falta el intercambio en la información” son algunas de los problemas advertidos por instituciones como la Defensoría de Pueblo, Ministerio Público y el Servicio de Gestión Social (Sedeges) entre otras. A ello se suma el hecho de que los casos no son tratados con la importancia que requieren, sino que son naturalizados por  las autoridades y funcionarios públicos.
En ese diagnóstico se advirtió un hecho que llamó la atención: algunos funcionarios estarían filtrando información, lo que impide que los operativos resulten eficaces.
“Incluso algunos servidores públicos son clientes de los locales (que cometen el delito de trata), haciendo compleja la denuncia y persecución de este delito”, indica el documento.
Las cifras Durante el “Análisis, observaciones y aportes al Plan Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas en el departamento de Tarija” se presentaron cifras según los casos reportados en la capital y las provincias.
De acuerdo a ese informe, hasta el primer semestre del 2014 se registraron 51 casos, de los cuales 32 se denunciaron en la ciudad de Tarija, 12 en Yacuiba, cuatro en Villa Montes y siete en Bermejo. Lo que demuestra que los lugares más vulnerables son las ciudades fronterizas.
Según el perfil de las víctimas, éstas tienen entre 10 y 17 años, y en un menor porcentaje, 17 por ciento, entre los 20 y 40 años. En cuanto al lugar de procedencia, un 38 por ciento son de comunidades campesinas, como Turumayo, San Andrés, Camarón, Zona Alta de Méndez y Canasmoro. Mientras que un 21 por ciento procede la ciudad capital. El resto de ciudades intermedias u otros departamentos.
Falta de políticas En julio de 2012, el Gobierno Nacional aprobó la Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas que endurece sanciones para los responsables de hecho, da responsabilidades  a las instituciones públicas, como la Gobernación, y establece la conformación de un Consejo Departamental de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas. Sin embargo, esta norma no se aplica.
Así coinciden el responsable de la Red, Umber Catari y de la División Contra la Trata y Tráfico, Jhonny Ticona, quienes aseguran que el Consejo no está dando los resultados que se esperaban.
El gobernador interino, Lino Condori, es quien está a la cabeza de ese Consejo, sin embargo, delegó esa responsabilidad al secretario de Justicia, Hugo Cruz, para que elabore y apruebe el Plan de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas. Ese documento debió presentarse hace más de un mes, pero hasta ahora no se conocen los avances.
Ese Plan debería trazar estrategias de trabajo, establecer líneas de coordinación, un presupuesto que permita contar con recursos materiales y tecnológicos para las investigaciones. Además de recursos para que los investigadores puedan movilizarse durante los operativos.
También ayudaría a fortalecer los puestos de fronteras, donde no existe una infraestructura adecuada, ni personal capacitado para detectar un ilícito de trata y tráfico de personas.
¿Por qué no se apresura la aprobación del Plan? Catari recordó que en una de las mesas de trabajo se indicó que el número de casos era bajo y que por ello “no se justificaba” el esfuerzo, los recursos humanos, el mejoramiento de tecnología y la infraestructura.
Para el oficial Ticona, mientras una autoridad no sufra la desaparición de un familiar o el extravío de un ser querido, el tema de la Trata y Tráfico de Personas seguirá siendo uno más de la agenda, quizás el menos importante. Y quienes hoy están bajo el estigma del “desaparecido” deberán vivir bajo la incertidumbre de sus familiares y amigos, y la indiferencia de las autoridades.

Una División que no tiene ni un teléfono

 Cuando el oficial Jhonny Ticona habla de la División de Trata y Tráfico de Personas, de la que es responsable, la frustración en su rostro es más que evidente. No es para menos, ni siquiera tiene material de escritorio adecuado.
Esa unidad dependiente de la Policía Boliviana funciona en una pequeña oficina ubicada en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Al ingresar que se ven dos escritorios, una computadora y unos archiveros que están vacíos. Hay una impresora, pero no funciona.
Ticona comenta que desde que se hizo cargo de esa División recibió 36 denuncias a nivel departamental, seis en Yacuiba, cuatro en Villa Montes y el resto de Bermejo y Tarija.
Ahora está investigando el caso de Tania Magaly Villanueva. Por las características, Ticona presume que puede tratarse de un hecho de explotación sexual.
El oficial comenta que hace todo lo posible para ayudar a las familias que llegan hasta esa instancia policial. Sin embargo, se pregunta, cómo puede ayudar si no tiene un vehículo en qué movilizarse, no tiene personal suficiente para hacer las investigaciones, no tiene ni siquiera un teléfono para comunicarse con la familia de los desaparecidos.
En su despacho existe una computadora, pero precaria, no tiene internet para realizar investigación en las redes, o un escáner para copiar documentos importantes de las personas buscadas. “Hay gente que viene y no tiene ni para sacar una fotocopia, es gente muy humilde a quienes tratamos de ayudar como podemos”, indica.
Según la Ley 263, la División de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas debería tener al menos cinco personas, sin embargo, hay dos en cada turno que deben hacer el trabajo de oficina y también de investigación.
“Pero el trabajo no es la oficina, nosotros deberíamos estar en la Terminal, en el Aeropuerto, controlando los minivans, ese el apoyo real que debemos dar”, recalcó.
¿Cómo trabajan? Ticona asegura que con sus propios medios, incluso con sus recursos económicos personales. “En algunos casos nos vemos obligados a pedir a las familias, porque necesitamos transportarnos, comunicarnos con ellos, pero a veces lo ven como una extorsión y no es así”, dijo el oficial.
¿Quién debe dar las condiciones de trabajo? La autoridad recalcó que es el Consejo Departamental de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, que es integrado por la Gobernación y Alcaldía, entre otras instituciones.
“Pero como ellos no sufren este hecho, como uno de sus familiares no han caído en esta de red, no tienen la desesperación, no ven el problema, no ven la precariedad en la que trabajamos. Sólo ven los resultados y las estadísticas, y como no ven muchos casos pues nos preguntan: ¿Para qué?”
Ticona mantiene en su memoria uno de los casos que develó la existencia de una red de trata y tráfico de personas. Estaba integrada por una pareja, que buscaba adolescentes, hombres y mujeres, para trabajar en Oruro y les ofrecían buen sueldo solo por vacaciones.
“Llegaban a Oruro y los hacían atender boliches, donde las adolescentes tenían que dejarse manosear o asistir como damas de compañía. Cuando hicimos el operativo logramos encontrar a seis menores, cuatro mujeres y dos hombres. Uno escapó por miedo”.
Ticona recuerda que pudieron aprehender a los responsables de la Red, sin embargo, ahora están con medidas sustitutivas porque llegaron a un acuerdo con los familiares de las víctimas y acordar resarcir los daños.