El Codepedis intervendrá en el “caso de maltrato” a una niña

Escrito por  REDACCIÓN CENTRAL/EL PAÍS EN Nov 20, 2014

Ante la denuncia de maltrato a una niña en el Centro Trinidad Peralta dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), el Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (Codepedis) se pronunció sobre el asunto e indicó que intervendrán y pedirán  formar parte de la investigación. Sobre todo porque la menor tendría una discapacidad mental.

Según datos del Codepedis, la ex administradora del Centro Trinidad Peralta, Margoth Méndez (denunciada por maltrato), sí está registrada en esa institución donde  se le extendió el carnet con un 31 por ciento de discapacidad física.
Es por eso que la Directora del Sedeges, Noemí Sardinas, justificó que  por ese motivo sólo se le removió del cargo, y le asignaron la administración del Centro Nueva Esperanza.
Entre tanto, el coordinador general del Codepedis, Grover Martínez, indicó que ese sector  cuenta con inamovilidad laboral siempre y cuando cumplan con sus funciones. Aclaró que en caso de que ocurra lo contrario, se les tiene que sancionar conforme establece la norma.   
Reveló que en esta gestión atendieron tres casos relevantes, los cuales fueron porque existen personas que se aprovechan del carnet de discapacidad. Martínez explicó que ante esa situación el Codepedis no les ampara legalmente.
El País eN se dirigió a horas 12.50 al Centro donde actualmente trabaja Méndez, pero ella no se encontraba en el lugar. Ante esa situación, se decidió contactarla por teléfono, y aceptó dirigirse a las oficinas de este medio para aclarar la acusación que  le hacen.
Ella llegó con su acompañante, quien dijo ser su esposo. Cuando se procedió  preguntarle sobre el hecho, el hombre no la dejó hablar y no quiso que se grabe la entrevista.
Se le preguntó si era su voz la que se escucha en el audio, en el cual se evidencia maltrato, Méndez respondió que no, e inmediatamente su acompañante le dijo: “Vos no hables”. Argumentó que sólo se referirán al asunto en presencia de su abogado. Mientras que Méndez se mostraba nerviosa.  
El acompañante indicó que Méndez sólo hablará en presencia de su abogado y cuando adjunte todos los documentos necesarios. En más de tres ocasiones reiteró que están analizando iniciar un proceso a los medios de comunicación.

Caso no cerrado
Por su parte, la Juez Sumariante de la Gobernación, Claudia Duo Quintanilla, explicó que  existen indicios de que se “estaría afectando” a la menor y que tuvo conocimiento sobre la denuncia en el último mes del año pasado, pero que recién se procedió con el caso este año,  alegó que estaba  con baja médica.
Asimismo, comunicó que la información y el audio no fueron suficientes para evidenciar una contravención administrativa.
En ese sentido, dijo que “todas las pruebas que se presenten, por más que sea evidente ante una persona, no puede ser utilizada dentro de un proceso administrativo, y que se tiene que hacer una investigación tomando en cuenta que existen dos partes, y la resolución final tiene que estar fundamentada, y asegurar  la inviolabilidad de derechos de ambas partes”.
Duo aclaró que Méndez no está exonerada de toda culpa, porque el proceso continúa en investigación, además que a la denunciada se le realiza un seguimiento constante. Pero que  se determinó que la niña no puede estar en contacto con la administradora ni con la ex educadora (la denunciante).
La sumariante también informó que la discapacidad no fue un factor para la determinación de la resolución inicial.
Mientras que Martínez sostuvo que ellos recabarán toda la información necesaria para determinar qué acciones tomar, porque la niña, “al parecer”, tiene un grado de discapacidad. Por lo que aseguró que les corresponde intervenir.

Juez justifica su resolución
inicial basada en la CPE

 Según la juez Sumariante de la Gobernación, Claudia Duo Quintanilla, la resolución inicial se determinó en base al artículo 25 de la Constitución Política del Estado (CPE) que indica: “I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial.
II. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal”.