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El tweet petrolero de Evo Morales

Ene 28, 2018

Como hoy, 1996, Carlos Miranda, asesor de la privatización de YPFB que ejecutaron Sánchez de Lozada y Victor H. Cárdenas anunció que transnacionales se “dividirán” los campos petroleros. Esa fue la lógica neoliberal, descuartizar nuestra empresa estratégica y robar nuestros RRNN”.

Ese el texto de un tweet del presidente Evo Morales de ayer sábado.
Diez años después de ese hecho referido por Morales, el 1 de mayo de 2006, éste, junto a Andrés Soliz Rada, a la sazón ministro de Hidrocarburos, decretó la nacionalización de los hidrocarburos y dispuso la refundación de YPFB para que actúe en toda la cadena hidrocarburífera.
Cuatro meses después, Soliz Rada renuncia a su cargo, en septiembre de 2006, en respuesta a lo que denominó una inaceptable injerencia del vicepresidente Álvaro García Linera, que dejó sin efecto una decisión ministerial de recuperar el control de las refinerías bolivianas entregadas a Petrobras, entre otras razones. Era el primer paso atrás en la nacionalización hidrocarburífera desde el mismísimo Palacio (Lea: La injerencia brasilera provocó la salida de Soliz).
Pero fue a fines de octubre de 2006, apenas seis meses después de la promulgación del decreto nacionalización 28701, denominado Héroes del Chaco, que el gobierno de Evo Morales hace un giro de 180 grados en la nacionalización de los hidrocarburos y, con otro ministro de Hidrocarburos, el fallecido Carlos Villegas Quiroga, firma 44 contratos petroleros con las mismas empresas transnacionales heredadas del “gonismo”, para que continúen operando conforme a esa división que recuerda en su tweet.
Las beneficiarias del giro son las inefables Repsol, Petrobras, BG, etc., todas ellas contratadas como consecuencia de la Ley de Capitalización de Sánchez de Lozada y la subsecuente condena a empresa residual de YPFB.
Hoy, 2018, doce años después, las mismas empresas operan ininterrumpidamente el sector y tienen contratos que les garantizan su presencia en Bolivia por décadas; YPFB, entretanto, sigue debatiéndose en perpetua crisis, de escándalo en escándalo.
Más aún, ese giro de octubre de 2006, denominado por Morales “la verdadera nacionalización”, que se plasmó en esos contratos luego aprobados por el Congreso controlado por el mismo MAS, y que entraron en vigencia con licencia congresal en mayo de 2007, incluyeron los denominados Anexos G y D, mediante los cuales, en una suerte de legalización de la “capitalización” gonista, se dispuso que la producción futura de gas y petróleo al amparo de los mismos, serviría para pagar supuestas inversiones efectuadas por esas mismas compañías antes de 2006; es decir, mientras estuvieron vigentes los contratos gonistas recordados en el tweet de Evo Morales.
Y así fue: la producción de gas y petróleo desde 2007 a la fecha, se utilizó para que, vía Costos Recuperables de misteriosa composición y cuantía, se paguen supuestas inversiones anteriores a la tercera nacionalización, pese a que sendas auditorías petroleras iniciadas por el ex ministro Andrés Soliz Rada y dirigidas por el ingeniero Enrique Mariaca Bilbao, las identificaron como inexistentes en al menos 1.600 millones de dólares. Esas auditorías también reportaron fraudes contables, inversiones inexistentes o fictas y otras irregularidades nunca investigadas (Lea:ALGUNAS REVELACIONES DE LAS AUDITORÍAS PETROLERAS: EL TEMOR A ENRIQUE MARIACA) .
Las conclusiones de esas auditorias nunca se publicaron. Sus resultados no fueron oficialmente conocidos y las cifras anotadas en los Anexos G de los nuevos contratos (que sumaban supuestas inversiones observadas por los auditores) no se conoce que hayan sido corregidas empleando los procedimientos previstos para ello.
¿Cuánto hasta la fecha ya se devolvió de esas cuestionadas o inexistentes inversiones anteriores a la nacionalización en base a esos nuevos 44 contratos con los que se privó a YPFB de refundarse y actuar en nombre y por cuenta de los bolivianos? Es un misterio.
En efecto, pese a que una norma legal expresa, como la Ley del Desarrollo Sostenible del sector Hidrocarburos, vigente desde mayo de 2007, ordena a YPFB publicar semestralmente y a detalle la composición de los denominados Costos Recuperables en los que incurren las legalizadas operaciones de las empresas transnacionales que trabajan en el sector, se desconocen los datos y la información documentada.

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El artículo sexto de la citada ley. ¿Quién hará que se cumpla? El silencio es la única respuesta por ahora

Ocurre entonces que, mientras no se publiquen esos documentos, los Anexos D de los actuales contratos están revestidos por el misterio y garantizan una suerte de “operaciones petroleras confidenciales”, algo similar a los Anexos D de los contratos firmados por las mismas empresas en el gobierno de Sánchez de Lozada entre 1996 y 1997, que garantizaban la confidencialidad de los gastos de las petroleras y capitalizadores, tan denostados discursivamente por el presidente Morales.
...Esa fue la lógica neoliberal, descuartizar nuestra empresa estratégica y robar nuestros RRNN”, termina el tweet presidencial. ¿Se legalizó ese “robo” y se lo pagó generosamente con la producción de gas petróleo de nuestros campos, incluyendo los megacampos tarijeños, ahora casi agotados, en estos doce años?

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