Alcaldía olvida reglamentar la Ley de Defensa de Animales

Escrito por  MARISOL COCA W. / EL PAÍS EN Dic 02, 2015

En junio entró en vigencia la Ley 700 de Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato. A seis meses de estar en vigencia esta norma, la Alcaldía de Cercado olvidó trabajar en su reglamentación. 

En julio, el ex responsable del Centro Municipal de Zoonosis de la Alcaldía aseguró a este medio de comunicación que se había iniciado con la redacción del documento y que  iba ser socializado con las organizaciones defensoras de animales para evitar posteriores observaciones, trabajo que jamás se inició y existe una gran posibilidad de que la Sociedad Protectora de Animales Tarija (SPAT) presente una propuesta de reglamento y en base a ello trabajar para mejorarla y aprobarla.
El ex responsable del Centro Municipal de Zoonosis, Boris Barroso, dijo que la Ley 700 establece el marco legal de manera general y se requiere reglamentarla para que se adapte a la realidad de la provincia Cercado. “Podría ser Zoonosis el que proponga la reglamentación y el Concejo Municipal revisar y aprobar”, con estas palabras se confirmó que jamás se inició con el trabajo del reglamento anunciado en el mes de julio.
El nuevo responsable de Zoonosis, Siqui Chávez, dijo no estar al tanto del tema, porque su persona recién asumió las funciones en la víspera, tan sólo tenía conocimiento de la Ley 700 y no de la reglamentación necesaria para ser aplicada en la región.
La directora de la Dirección de Biodiversidad de la Gobernación, Estela Serrano, indicó que la Gobernación también debe formar parte de la reglamentación de la Ley, pero que a la fecha no han sido convocados por la Alcaldía.
El presidente de la SPAT, Gonzalo Torrez, objetó que el trabajo del Concejo Municipal en esta y en las pasadas gestiones no haya centrado su mirada en legislar a favor de los animales.
“La Alcaldía, el Concejo Municipal han hecho sólo un saludo a la bandera a la nueva Ley de Defensa el Animal –dijo Torrez–. El Centro de Zoonosis es una muestra de aquello, nunca ha funcionado y no funciona como tal”.
Torrez ve por necesario no sólo emitir leyes o reglamentos, sino que es preciso trabajar a través de la fiscalización para asegurar que las leyes se cumplan y evitar que los mismos problemas se prologuen más años.
Según el activista, la SPAT recibe un sinfín de denuncias de perros ahorcados, quemados, ahogados, atropellados, abandonados y otro tipo de maltrato.
Por todos estos casos, la SPAT, en coordinación con otras organizaciones defensoras de animales presentará una propuesta de Ley Municipal y su reglamento en base a los que manda la Ley 700. A partir de este documento se espera que inicie el debate para aprobar un documento que sea de consenso y en beneficio de los animales.  
La Ley 700, en su disposición transitoria establece que la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) en los Gobiernos Autónomos Municipales, promoverá la elaboración e implementación de normativa para preservar, conservar y contribuir a la defensa y protección de animales domésticos.

La socialización de la norma es casi nula

 La directora de la Dirección de Biodiversidad de la Gobernación, Estela Serrano, dijo que la Gobernación no está exenta de la Ley 700 de Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato. Admitió que hay una falta de socialización de esta norma que protege en cierta medida a los animales y como institución departamental y municipal deben trabajar en su difusión.
La ley establece sanciones por hechos de maltrato animal y según Serrano, esta repartición no ha recibido denuncia alguna hasta la fecha.
En ese contexto, el caso que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales es el que se denunció en Santa Cruz de la Sierra. La dirección de Recursos Naturales de la Gobernación de aquella región sentó ayer una denuncia formal en contra de Humberto Masay, a quien se acusa de cazar un ejemplar de jaguar en el valle Tucavaca, que es una reserva protegida. El acusado publicó en su cuenta de Facebook una fotografía con el animal muerto, elemento que ha sido utilizado como prueba del delito, según lo establece la Ley de Medio Ambiente 1333.
El artículo 111 de la Ley 1333 tipifica como delito: “El que incite, promueva y/o comercialice producto de la cacería, tenencia o acopio, tenencia de animales y vegetales o de sus derivados, sin autorización, o que estén declarados en veda o reserva, poniendo en riesgo de extinción a los mismos, sufrirá la pena de privación de libertad de hasta 2 años”.