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Sánchez y el fracaso de la industrialización

Mar 20, 2018

Eligió un día especial el ministro de Hidrocarburos para dar la cara al respecto de la fracasada licitación de la planta petroquímica de Yacuiba. Luis Alberto Sánchez aprovechó las páginas del matutino cruceño El Deber para responder a la información publicada por este medio sobre la desaparición del proyecto de polipropileno del presupuesto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Mientras todo el país estaba pendiente de los acontecimientos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de la brillante exposición de motivos por parte de la impecable defensa jurídica contratada y se animaba a soñar de nuevo, con más fuerza, con una salida soberana al Pacífico que permitiera trazar planes de desarrollo ambicioso, el ministro Sánchez aprovechó para confirmar que el proyecto de polipropileno ya no va.
Sánchez no explica detalles, sólo habla de nuevas tecnologías en este tipo de plantas, a pesar de que se ha avanzado en compras de licencias y otros aspectos, y da una información peregrina sobre la falta de mercados.
La industrialización fue una de las banderas más importantes que enarboló el Movimiento Al Socialismo desde principios de siglo dentro del proceso de cambio. Fue el concepto que acabó por llenar de contenido nacionalista y desarrollista un programa demasiado apegado a los intereses sectoriales de cocaleros, cooperativistas mineros y campesinos. Recuperar el gas y convertirlo en palanca de desarrollo, sembrarlo y dejar de exportarlo, etcétera etcétera, fueron las consignas que pusieron de pie a todo el pueblo boliviano en 2003 y acabaron por sacar de su sillón al Gonzalo Sánchez de Lozada.
Una vez que el MAS tomó el poder en 2006 se definió el ambicioso plan de industrialización. Evidentemente sumó críticas de los muchos operadores que, desalojado Goni, siguieron actuando en el país en favor de potencias extranjeras.
Es conocido que el decreto de nacionalización del 1 de mayo de 2006 fue descafeinado en los contratos de operación que finalmente se firmaron en octubre de ese momento mismo año, ya cuando el vicepresidente Álvaro García Linera había forzado la salida de Andrés Soliz Rada de la cartera de Hidrocarburos un mes antes.
Menos conocido es el tortuoso camino que, desde entonces, sufrió el plan de industrialización del gas que, con decenas de operadores de dentro y de fuera, han tratado de paralizar. Soliz Rada dejó para Bolivia en junio de 2006 las dos negociaciones esenciales para permitir la viabilidad en el corto plazo. Argentina no iba a poder aumentar los volúmenes solicitados de exportación de gas hasta que no se construyera la planta separadora del Gran Chaco, que debían financiar, y Brasil se comprometió a liberar una sexta parte de los líquidos que compraba, de acuerdo al contrato, para que estos sirvieran de materia prima de la planta de Río Grande.
Desde el principio, los agitadores que protegían los intereses de las industrias brasileras y argentinas argumentaban en dos líneas: la petroquímica de gas no funcionaría y no hay mercados desde la posición de Bolivia.
En 2008, hace diez años, saltó el escándalo Catler, que le costó la vida a un notable tarijeño. La pista del dinero llevó a paralizar la construcción de la planta de Río Grande y, de rebote, la de Gran Chaco. Con mucho esfuerzo de algunos y pocas ganas de otros, casi diez años después de que se iniciaran los trámites se logró instalar tanto la planta de Río Grande como la de Gran Chaco, sin duda un éxito para el país, pero no un éxito en sí mismo.
La planta de Río Grande alimenta la planta de urea, que favorece a la industria agropecuaria y propone exportar. La planta de Gran Chaco, que empezó costando 450 millones de dólares el 2006, y acabó construyéndose por casi 700 sin mayores explicaciones, y que es seis veces más grande que la de Río Grande, va camino de convertirse en la inversión más inútil del país.
Sánchez ha dado por buenos los argumentos de todos los adversarios que criticaron la incursión de Bolivia en el siglo XXI. Faltó coraje y creatividad. El concepto de exportar o morir ha vuelto a instalarse en el Gobierno, entretenido ahora en proyectos de shale y en las nuevas plantas de etanol. El fracaso es importante y alguien debería asumir responsabilidades.