Justicia prohíbe a Pablo Kuczynski salir de Perú

Escrito por  Lima / PL Mar 25, 2018

Un juez prohibió que el ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski salga del país en los próximos 18 meses, por sospechas de lavado de activos que, entre otros factores, determinaron su cese en el cargo.

Audiencia
Mientras se desarrollaba la audiencia, equipos de fiscales y policías allanaban la casa de Kuczynski, en el exclusivo barrio de San Isidro, y su casa de campo en la Cieneguilla, en las afueras de Lima.
La medida fue pedida el viernes, casi al mismo tiempo que el parlamento cesaba a Kuczysnki tras su renuncia y asumió su reemplazante, el hasta entonces primer vicepresidente, Martin Vizcarra.
El arraigo forzoso del ex gobernante de 79 años fue dictado por el juez Juan Carlos Sánchez, tras la fundamentación del pedido, a cargo del fiscal Anticorrupción, Hamilton Castro, contra el que se abstuvo de poner reparos el abogado de Kuczynski, César Nakazaki.
Sin embargo, tras la audiencia Nakazaki remarcó el hecho que el arraigo fue dictado en el marco de una investigación preliminar, sin que haya aún cargos concretos y sostuvo que su cliente no favoreció a ninguna empresa mientras ejerció cargos públicos.
El fiscal Castro hizo un resumen del caso, señalando una empresa de propiedad de Kuczynski, Westfield, y otras ligada a él y registrada con el mismo domicilio de la primera en Miami, Estados Unidos, recibieron fondos de la empresa brasileña Odebrecht y los trasladaron a cuentas de Kuczynski.
Ese dinero se originaba en servicios de consultoría que Kuczynski, al ser requerido por una comisión parlamentaria sobre el documento de uno de esos servicios y el correspondiente contrato, respondió que todos se hacían de palabra y, ante otras preguntas, señaló vaguedades como que lo había olvidado.
Castro señaló que Odebrecht fue contratada por el Estado peruano mediante procesos en los que tuvo que ver Kuczynski como ministro de Economía del gobierno neoliberal de Alejandro Toledo (2001-06), lo que permite presumir que favoreció a la compañía con actos presuntamente criminales.
El investigado alega constantemente que mantenía sus empresas y sus labores gubernamentales divididas por una ‘muralla china’.