De méritos y meritorios

Escrito por  Jul 01, 2010

Antonio Peredo Leigue

Una vieja disputa, tan vieja que un analista toma una anécdota de la revolución francesa, es la del mérito como referente básico para calificar postulaciones.

En realidad, ocurre que se ha deformado el mérito y se nos ha convencido que se trata de la acumulación de títulos y diplomas, menciones y distinciones. Nada de esto habla de su honestidad, de sus convicciones y, mucho menos, de su capacidad. Simplemente, en el vocabulario académico de mal uso, es la suposición de que los títulos que se presentan avalan conocimiento y suficiencia, lo cual es dudoso.

Pero estamos hablando, no de un debate académico, sino de una definición que hace a los momentos de cambio. Los analistas se preparan para difundir la especie de que, la estructura judicial que se organizará en los próximos meses, será antijurídica porque no validará los méritos. En otros términos: la meritocracia tendrá que dejar espacio a nuevos actores. No estoy seguro que así suceda, ojala que pudiera darse ese decisivo golpe de timón.

Cuáles son las razones para este planteamiento al parecer tan descabellado. Los méritos a los que nos han acostumbrado son: experiencia profesional, docente y académica por una determinada cantidad de años, libros y textos escritos y publicados, medallas y reconocimientos obtenidos en su trabajo. Todo esto, el postulante, ha tenido que obtener durante los veinte o treinta años anteriores a este momento, por supuesto, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes que regían entonces y que, desgraciadamente, siguen aún vigentes. ¿Qué garantías de cambio puede dar tal postulante? Bastaría recordar a un meritorio profesional que, interrogado sobre su actuación si fuese tribuno, respondió que haría cumplir la ley en toda su magnitud; no entendía que se trataba, al contrario, de trabajar para sustituir esas leyes.

La conformación de los nuevos mecanismos del Órgano Judicial está a la vuelta de la esquina. Una vez que la Asamblea Legislativa promulgue las leyes del órgano judicial y del tribunal constitucional, tendrá que procederse a la elección de sus miembros. Conforme a la Constitución Política del Estado, las y los magistrados serán elegidos por voto universal, de ternas formadas por postulantes que serán preseleccionados por la Asamblea Legislativa. El mismo texto constitucional dice que, para postular, debe poseer título de abogado, haber desempeñado funciones judiciales, la profesión libre y/o la cátedra universitaria durante un tiempo determinado. Esos son méritos en el sentido que defiende el analista mencionado. Sólo como agregado, se dice que para calificar los méritos se incluirá el ejercicio de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. En los otros mecanismos superiores del Órgano Judicial se repiten las mismas condiciones. Esto significa que, la mayor parte de los magistrados serán defensores de los principios y concepciones de la ley antigua y, cada vez que esté en sus manos, trabajarán en contra de su sustitución.

Por delante está la inmensa tarea de reformular los códigos jurisdiccionales. ¿Mantendremos la estructura de los códigos que nos dejó la república de los grupos de poder?, ¿seguiremos usando la terminología de la jurisprudencia que debemos sustituir? Es evidente que estamos viviendo una etapa de transición y, por tanto, habrá que transitar y sobrellevar esas dualidades. Esto es así porque, según nos dice el Che: “el cambio no se produce automáticamente en la conciencia, como no se produce tampoco en la economía. Las variaciones son lentas y no son rítmicas; hay periodos de aceleración, otros pausados e, incluso, de retroceso”.

Lo real, lo evidente, es que debemos cambiar toda una estructura que, ahora, está rechinando, porque los impulsos que las masas quieren darle, no son adecuados para esa anticuada maquinaria o, más bien, esa máquina no sirve para los cambios que quiere el pueblo. Pensábamos en la necesidad de una Asamblea Legislativa que tuviese una sola cámara, pero hubo que aceptar el dúo, en el proceso de consensos. Queremos una judicatura que sea elegida por el pueblo, pero estamos obligados al paso previo de la preselección. Tendrá que llegar el momento histórico en que, esa selección sea hecha por las organizaciones sociales. Del mismo modo, requerimos un Órgano Ejecutivo que se ocupe de hacer tareas en el terreno. Que, cada vez, sean menos los trámites burocráticos. Que cada funcionario se sienta responsable de la función que cumple. Que nadie tema avanzar; que nadie se detenga por miedo a ser sancionado.

Entonces, recién entonces, podremos hablar de méritos. Hoy día, lo que se precisa es inyectar sangre nueva en ese torrente de rancia meritocracia.