La vedad sobre Sánchez Berzaín

Escrito por  Jul 01, 2010

Manuel Fernández O.

El ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín fue quien autorizó el traslado de cisternas desde el barrio de Senkata de la ciudad de El Alto a La Paz, el 12 de octubre de 2003, cuando al menos 27 personas resultaron muertas y decenas heridas producto de disparos de armas de guerra accionadas por efectivos militares movilizados por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Esta revelación fue aportada por un testigo que declaró en el marco del juicio de responsabilidades. El testimonio corresponde al ex presidente de la Asociación de Surtidores (Asosur) de La Paz Germán Loza, quien señaló que él y otras personas de la institución se reunieron el 10 de octubre de 2003, cerca de las 22.00, con el entonces Ministro de Defensa en su despacho para tratar el tema de la imposibilidad del traslado de combustible desde Senkata a la urbe paceña.

Sánchez Berzaín fue advertido sobre la posibilidad de un enfrentamiento en el traslado de cisternas de gasolina de El Alto a La Paz, pero aun así dio la orden para el cumplimiento de la tarea a un comando conjunto creado con efectivos de las Fuerzas Armadas. Según el testimonio de Loza, durante ese encuentro el gobierno de Sánchez de Lozada garantizó el transporte del combustible si los miembros de Asosur reabrían sus surtidores.

Loza mencionó que en medio de la discusión, en esa oportunidad tomó la palabra Óscar Muñoz, quien le advirtió al titular de Defensa que la decisión de trasladar combustible a la urbe paceña podía ocasionar muertos.

“Él (Sánchez Berzaín) le respondió que muertos iban a haber, pero también iba a haber gasolina, con lo que mostró su desprecio por la vida, además de esa decisión del Gobierno de abastecer de combustible a La Paz sin importar la muerte de ciudadanos alteños”, dijo el fiscal Milton Mendoza.

La instrucción para esa acción castrense fue dada el 11 de octubre mediante el Decreto Supremo 27209. No obstante, a seis años y ocho meses de la masacre de octubre, Sánchez Berzaín, su jefe Sánchez de Lozada y otros autores de ese crimen de lesa humanidad hoy se encuentran bajo el cobijo de Estados Unidos, mientras las víctimas claman justicia.