Libertad de expresión, censura y corrupción mediática

Escrito por  Sep 22, 2010

Por: José J. Gutiérrez

Pocas veces ha sido tan evidente el control político económico a que están sometidos varios medios de comunicación en Tarija,

como cuando se destapó el último escándalo de presunta corrupción en la construcción de la Piscina Olímpica, cuyos detalles escabrosos fueron minuciosamente investigados y divulgados por la revista nacional Día D, y que involucran seriamente al actual gobernador, Mario Cossío, y a su entorno de mayor confianza, tanto político como empresarial.

 

Pareciera ser que el silencio de varios de los medios de comunicación, tanto radiales, televisivos como, incluso, algún escrito, se gestionan políticamente y hasta pueden comprarse con "inversión". Las agencias de noticias andan en lo suyo.

 

Para no ir muy lejos, la última nota de la Agencia de Noticias Fides, titulada "Cossio acusó al Gobierno de intentar un “golpe” de estado” en su contra", reporta una acción cuasi desesperada del gobernador tarijeño (recolección de firmas para proponer cambiar leyes que le perjudican) para evitar su inminente suspensión por el avance de investigaciones sobre corrupción pública en su gestión como Prefecto, pero, curiosamente, la "información" olvida mencionar precisamente estos problemas y sólo menciona la imputación que pesa sobre la autoridad por el caso del referéndum autonómico.

 

Olvida, por ejemplo, que en el caso de la Piscina Olímpica, existiría la sindicación explícita de que un hermano y un cuñado del ex prefecto y actual gobernador, habrían recibido 2.8 millones de bolivianos de manos del empresario que se adjudicó la obra. ¿Es es persecución política?

 

Conocidos medios cuyos dueños/periodistas y administradores/periodistas son miembros conspicuos de un grupo de poder económico y político de la región sureña, voluntariamente o por encargo, simple y llanamente han intentado acallar - sin éxito, eso sí - las oscuras implicaciones que empiezan a aparecer comprometiendo seriamente la idoneidad del gobernador y su entorno familiar, político y económico.

 

La libertad de expresión, bajo ese contexto, es, simplemente, una fantochada. ¿Cual la moral de esos medios de comunicación, de sus propietarios o de sus administradores - e incluso de los periodistas que trabajan para ellos - para impugnar el proyecto de ley contra el racismo que se tramita en la Asamblea Plurinacional y que amenaza, presuntamente, con limitar esa libertad aún existente para los medios honrados?

 

Con actitudes como las registradas durante las últimas dos semanas, mientras se iban develando los entretelones de la investigación sobre la piscina olímpica (¿la reserva en las investigaciones no habrá sido, más bien, solicitada por los afectados con la declaración del denominado "testigo clave"?), sólo se prueba que está vigente la autocensura informativa, vinculada a favores comerciales (avisaje público) y hasta a la corrupción mediática.

 

Un ex parlamentario denunció el control que ejerce el poder político y económico sobre una mayoría de medios de comunicación en Tarija. Los lectores, televidentes y radioescuchas tendremos que sensibilizar los sentidos y evaluar la ética, independencia y libertad con que cada uno de los medios intenta captar nuestra atención. Tendremos que valorar también a los medios que, haciendo caso omiso a las presiones políticas o económicas, han sido capaces de informar libremente los hechos, sin condicionamiento alguno.

 

DESTACADO

Se prueba que está vigente la autocensura informativa