La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional, prohíbe a funcionarios públicos y autoridades de elección popular tener bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales para optar por esos cargos.
En caso de quienes resultaron electos en los comicios de febrero pasado, tendrán el plazo de un año para traer a territorio nacional sus bienes.
De acuerdo con la regulación, para ese sector también queda prohibido transferir posesiones en centros financieros extraterritoriales a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Para su aprobación final, el Legislativo tuvo en cuenta objeciones planteadas por el Ejecutivo, entre las cuales está: exceptuar del cumplimiento de la Ley a funcionarios del servicio exterior cuya misión se desarrolle en un país o jurisdicción considerado como paraíso fiscal y hayan adquirido bienes o tengan cuentas en esos lugares, necesarias para ejercer su función.
Así mismo, tampoco se aplica a estudiantes o becarios, y a los candidatos a asambleístas en representación de las circunscripciones del exterior.
Para sancionar casos de violación de las disposiciones, las autoridades efectuarán primero un examen especial destinado a comprobar la infracción, mientras el funcionario en cuestión contará con 60 días para las pruebas de descargo.
De acuerdo con estimados oficiales, con el dinero que representa la evasión de impuestos en América Latina, al menos 32 millones de personas podrían salir de la pobreza.