Las heridas abiertas del Aguaragüe

Escrito por  NATALIA SEAS YELMA-EL PAÍS EN / FOTOGRAFÍA: LUÍS F. MOGRO Jul 27, 2015

“El Aguaragüe para nosotros es vida, es nuestra principal fuente de agua, es nuestro ecosistema”, así describe Jorge Mendoza, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), en el municipio de Yacuiba, departamento de Tarija, a la Serranía del Aguaragüe, un espacio natural de aproximadamente 108.307 hectáreas de bosque.

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe no sólo es preciado por su variada riqueza natural, sino también por la hidrocarburífera. Desde 1920 se explota gas y petróleo, la pionera fue la empresa Standard Oil. Esta actividad dejó unos 200 pasivos ambientales en toda la reserva, según estimaciones de los habitantes del lugar.
Por eso Mendoza es consciente de que la actividad petrolera se mantendrá en el Aguaragüe, pues su riqueza la precede. Ahí se ubican los megacampos San Alberto y Sábalo, operados por Petrobras, YPFB Andina y Total, que producen un promedio de 33,85 millones de metros cúbicos día (MMm3/d), es decir, el 68,44% de la producción total de Bolivia. Su potencial es tan grande que San Alberto alimenta el 80 por ciento de las necesidades energéticas de la quinta ciudad más grande del mundo, Sao Paulo.
Y la susceptibilidad de los indígenas creció más ahora que el Gobierno boliviano aprobó el Decreto Supremo 2366 que abre las  Áreas Protegidas, como el Aguaragüe, a la actividad hidrocarburífera. Aunque el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, asegura que sólo se afectará el 0,04% del área intervenida.
Según datos del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Estado boliviano adjudicó a la empresa china Eastern Petroleoum and Gas la zona de Sanandita, ubicada al sur de la serranía. “Se trata de una reserva que ha sido golpeada constantemente por la actividad petrolera y que puede ser considerada sin ningún problema como una zona de sacrificio”, indica un informe realizado por Jorge Campanini.
Por esa razón, Víctor Iraola, jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Yacuiba, considera que la Gobernación debería involucrarse más en los planes de mitigación que se ejecutan en la reserva natural chaqueña.
“Como dueños de casa deberíamos estar siguiendo de cerca cómo se corrigen estos problemas ambientales. Porque el Aguaragüe es el pulmón del Chaco, es lo que dejaremos de herencia a nuestras futuras generaciones y si no lo cuidamos nosotros, no lo hará nadie más”, dijo.

Sanandita
Recorrer toda la serranía del Aguaragüe requiere de al menos unos tres días. Hay zonas que tienen caminos de accesos, que fueron habilitados por empresas petroleras como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o Petrobras, otras deben ser recorridas a pie.
En Sanandita, ubicada a unos 60 kilómetros del municipio de Yacuiba, inicia la historia hidrocarburífera del Aguaragüe, ahí la Standard Oil descubrió el primer pozo petrolero el año 1926.
La serranía está rodeada por imponentes árboles de roble, cedro y toborochi que son característicos del Chaco boliviano. Sus raíces sobresalen a las rutas y sus ramas están habitadas por aves que anuncian el paso del hombre, como advertencia.
Al paso se cruzan algunos animales, como el tejón y zorro que observan como quien ve intrusos en sus tierras. Los indígenas comentan que hay otros animales que observan sin ser vistos, como el jaguar.
Hay agua cristalina y fría que emana desde las rocas, formando pequeños chorros, eso explica por qué los indígenas llaman a esa reserva su “fuente de vida”. Por eso la organización Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA) la denomina una “fábrica de agua” o una “esponja” que acumula el agua para todo el Chaco tarijeño.
Pero al recorrer Sanandita también es evidente el olor a petróleo y combustibles. Actualmente no hay actividad petrolera en la zona, el olor sale de los pozos que fueron abandonados entre los años 70 y 80, y de los que se ha hecho cargo la estatal petrolera de Bolivia porque así lo manda la Ley de Hidrocarburos.
Según YPFB, en esa zona hay 29 pasivos ambientales, aunque la APG asegura que en Sanandita hay 32 pozos abandonados que aún emanan residuos petroleros y que por más de 30 años han contaminado el suelo y agua del Aguaragüe. Las quebradas El Chorro, Tucán y Cororoy han sido las más perjudicadas, pues en ocasiones sus aguas se han visto invadidas por un aceite color oscuro.
Pero los indígenas de  Sanandita, El Chorro, Sachapera y Sanandita Vieja, que habitan en la zona visitada, tienen  la esperanza de que la contaminación se reduzca en los siguientes años. Esto porque la APG de Yaku-igüa e YPFB, desde el 2010, acordaron el cierre definitivo de siete pozos que eran considerados los más contaminantes. Para todos esos trabajos que implican la remediación ambiental el Estado destinó cerca de 6 millones de dólares, mientras que en exploración destina aproximadamente 1.075 millones de dólares al año.  
“Cuando llovía los residuos de estos pozos se iban a los campos de las comunidades y a las fuentes de agua—recordó Mendoza, también capitán grande de Yaku-igüa –. Eso era un peligro porque nuestros hermanos recogían esa agua que no era tratada”. Aunque admitió que no hay estudios que demuestren un efecto negativo en la salud de los habitantes, o animales, de esa zona a causa de la contaminación petrolera.
Ubicamos tres pozos. El pozo Itavicua (cañón de piedra en guaraní) que fue sellado el 5 de marzo de 2015, de allí emanaba agua y gas. También se encontró el pozo San- X9, que fue intervenido el 17 de marzo de 2015. El que más preocupaba a los indígenas era el pozo San-X2, era el más contaminante y desembocaba directamente a la quebrada Cororoy. Ahora está sellado definitivamente.
Ademar Crespo, fiscal de servicio de YPFB, explicó que ese pozo fue abandonado hace más de 35 años. Para los parámetros petroleros no tiene mucha profundidad, se estima que unos 350 metros, sin embargo, la empresa que lo operaba, Standard Oil, sólo selló con cemento unos 150 metros, dejando a la intemperie el resto.
“Este pozo estaba abierto, por eso cuando llovía o acumulaba presión, escupía petróleo y contaminaba toda esta zona que usted ve aquí—explica—. Este  pozo se perforó en 1927. Hasta ahora se ha limpiado unos 470 metros alrededor y estimamos que el sellado nos demande unos 130 metros de cemento”.
El pozo San-X2, hasta el momento que se realizó esta visita, aún botaba petróleo y estaba siendo sellado. Uno de los indígenas que acompañó la inspección incluso se llevó el hidrocarburo en una botella de dos litros, comentó que era bueno para el dolor de hueso.
Pero el sellado definitivo de esos pozos no es suficiente, aún queda pendiente el proceso de remediación y restauración ambiental. “Se ha previsto un incremento al presupuesto original, cuya gestión se encuentra en curso—explicó Miguel Rojas, Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de YPFB—, con la cual se contratará una empresa idónea quien se encargará del tratamiento de suelos y la aplicación de medidas de control de erosión”.

Normas poco claras
Para la Gerencia de Medio Ambiente de YPFB los trabajos de remediación ambiental son una muestra de que el Gobierno boliviano está comprometido en atender los problemas ambientales. Sin embargo, para algunos especialistas la legislación boliviana ha sido poco clara en cuanto al tratamiento de los pasivos ambientales, por la explotación petrolera, o la remedición ambiental. Así lo advierte la organización no gubernamental, Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), que en reiteradas ocasiones observó la Ley de Hidrocarburo 3058, aprobada en mayo de 2005, por soslayar los aspectos socioambientales.
Esta norma no señala acciones específicas en caso de derrame o desastre ambiental. En su artículo 135 sólo indica que de producirse los pasivos ambientales, la operadora está obligada a informar a la autoridad ambiental e iniciar medidas de mitigación y restauración ambiental.
También hay contradicciones. Pues mientras en el artículo 132 dice que no podrán otorgarse ni concesionarse obras o proyectos hidrocarburíferos en áreas protegidas y reconocidas por su biodiversidad, como es el Aguaragüe, el artículo 133 indica que se podrá desarrollar actividades petroleras en áreas protegidas cumpliendo las disposiciones ambientales.
“Existe una subordinación total de la gestión ambiental a las proyecciones y necesidades del sector de hidrocarburos y la política extractivista”, indica el informe del Lidema.
Con la aprobación del Decreto, que abre las reservas naturales a la exploración petrolera, esa teoría se refuerza. Para el geólogo, Daniel Centeno, se sobrepone los intereses de las transnacionales a la Constitución.
“La Constitución manda a preservar y a proteger todos estos espacios de recursos naturales de flora y fauna—explicó Centeno--. Esto porque la explotación, la exploración de los hidrocarburos y minerales, dañan seriamente el medioambiente”
Los indígenas admiten que es un alivio el cierre definitivo de esos siete pasivos ambientales. Aunque Alberto Villarroel, capitán guaraní, considera que será en vano si se prevé una explotación de mayor magnitud en esa zona. Frente a exigentes compromisos, con Brasil y Argentina, y necesidades de exportación, hay desesperación en el gobierno boliviano por hallar nuevas reservas gas, ya que desde hace 20 años se mantienen entre los 9 y 10,45 Trillones de Pies Cúbicos (TCF).
Esa angustia podría derivar en la implementación del fracking (sistema de extracción de gas) en el Aguaragüe, donde se ha detectado formaciones de gas de esquisto. Una posibilidad que ya es un secreto a voces.
“Así nuestra reserva nunca terminará de sanar, y le sacarán todas sus riquezas hasta dejarla seca”, concluyó.

 

La implementación de land farming y el biopila

En las inmediaciones del Aguaragüe surgen tímidas, pero novedosas actividades de remediación ambiental frente a los pasivos que van dejando las petroleras.
A 44 kilómetros del municipio de Yacuiba se encuentra la comunidad de Sachapera, a ocho kilómetros monte adentro está Sunchal, una pequeña comunidad indígena donde se instaló una planta que realiza el tratamiento de residuos sólidos y líquidos contaminados con hidrocarburos.
El Campo Land Farming Sunchal es la planta operada por la empresa BUHO Sesiga S.A.
“Remediar es sacar todo lo contaminado y volverlo a rellenar con tierra orgánica, limpia”, explica Richard Terrazas, supervisor, mientras hace un recorrido por la planta que tiene unas 12 hectáreas. La empresa hizo trabajos de remediación en San-X3 y en el pozo San-X31.
En la planta específicamente se hace un tratamiento hidrobiológico de los residuos sólidos y líquidos. “Aquí traen tierra y agua contaminada, lodo de perforación. Nosotros la tratamos, la limpiamos y reutilizamos en dilución”, indica a tiempo de explicar que en ese proceso se hallan contaminantes como diesel, petróleo o gasolina, dependiendo de la intervención.
Asegura que en esa planta se implementan dos métodos que no se aplican en otras plantas en Bolivia. El land farming que implica extender el residuo y se lo oxigena como arando la tierra. Y también está el biopila, que implica humedecer el residuo y alimentarlo con nutrientes, como urea, la bosta de animales, aserrín u otros materiales orgánicos, para que los gases se vayan descomponiendo.
El proceso de rehabilitación, para bajar los niveles de hidrocarburos en los residuos, puede durar hasta seis meses, dependiendo del tratamiento. Una vez concluido, el material tratado es reutilizado en la dilución de otro material, como tierra o lodo. “Para bajarle la concentración de carburantes”.
Terrazas explica que ha crecido el interés de las empresas petroleras en realizar el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos contaminados, porque el trabajo no sólo implica la limpieza, sino también la intervención de zona con labores de reforestación y rehabilitación de la tierra.
La planta funciona con la autorización de los indígenas que viven en Sunchal, incluso cuatro comunarios trabajan en el lugar de manera permanente y  por ende hacen seguimiento a los trabajos de tratamiento de residuos petroleros.