Organismos diseñan la integración vial Sudámerica

Escrito por  ALEJANDRO ZEGADA/EL PAÍS En Ene 03, 2016

La investigadora Sofía Jarrín Hidalgo, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, afirma que fueron las diferentes Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) las verdaderas promotoras de los procesos de integración regionales, cuyos objetivos planteaban expandir y fortalecer el libre mercado, mediante intentos de consolidar Tratados de Libre Comercio.
Entre estas IFIs  están el FMI, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sumadas a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata (FONPLATA).
Si bien los tratados de libre comercio en Sudamérica no prosperaron (un claro ejemplo fue el fracaso del Área de Libre Comercio de la Américas, ALCA), la “influencia de la agenda neoliberal de los años noventa se cristalizó en proyectos de integración regional sobre la instalación efectiva y física de áreas de libre circulación de mercancías”, indica Jarrín.
“Prueba de ello, en el año 2000, se crea la iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)”, que fue una propuesta motivada por los IFIs mencionados anteriormente, señala la investigadora.
Según un documento del Observatorio de la Deuda en la Globalización, del año 2012, estas instituciones financieras elaboraron un plan de acción de integración para establecer Ejes de Integración del Desarrollo que “permitan materializar un ordenamiento geo-económico del territorio suramericano”.
En este sentido, no fueron los gobiernos de los países sudamericanos quienes idearon y plasmaron los proyectos de integración de  la IIRSA (llamado COSIPLAN desde 2009 tras el ascenso de los gobiernos progresistas), sino las instituciones financiadoras, que priorizaron la interconexión para el tránsito de materias primas.
Más allá del discurso antineoliberal de los gobiernos progresistas, el actual COSIPLAN (Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, enmarcado en el UNSAUR), tiene por finalidad dar continuidad a 31 proyectos emblemáticos de la IIRSA y no un replanteamiento de éstos, evitando así una ruptura con el tipo de integración planteada por  los organismos financiadores.

Lecciones del IIRSA, perspectivas del COSIPLAN
Jarrín advierte que la IIRSA dio paso a la “creación de nuevos enclaves productivos, la reprimarización de las economías dependientes e incentivó procesos de fragmentación geográfica que afectaron la configuración del espacio, el paisaje, los actores y sus formas de interacción social”.
Asimismo, la iniciativa fomentó  “procesos de liberalización y privatización de bienes comunes e incidió en la proliferación de conflictos socio ambientales en las comunidades asentadas en las zonas de influencia de los proyectos”.
Debido a que el COSIPLAN se mantiene sustentado en el esquema fundacional del IIRSA, Jarrín se muestra preocupada porque éste “responde a estrategias de desarrollo que se caracterizaron por promover intereses de corte neoliberal que privilegian la consolidación del sistema capitalista”, encubriendo  “agendas gubernamentales que legitiman y fortalecen a sectores extractivos”.

Extractivismo y arquitectura financiera
El experto en sociología sobre Latinoamérica de la Western Michigan University (EEUU), Paul Ciccantel, considera que el extractivismo no fomenta procesos productivos, ni posibilita la redistribución de beneficios económicos en el lugar de origen y tampoco promueve un desarrollo regional o local.
Por el contrario, indica Ciccantel, su aplicación genera “procesos de recuperación acelerada de las inversiones de los dueños del capital, la reproducción ampliada de un patrón de acumulación capitalista y el fortalecimiento de un pequeño bloque de poder que controla el proceso”.
Mientras tanto, los gobiernos de los estados miembros de UNASUR y CELAC afirman que las estrategias de integración física del COSIPLAN están alineadas a intenciones políticas que protegen la soberanía latinoamericana frente a la influencia de IFIs que promueven ajustes neoliberales privatizadores.
Sin embargo, para Jarrín, la continuidad de los proyectos priorizados del IIRSA significa ineludiblemente también la continuidad de endeudamiento y la imposición de un orden geopolítico y financiero regional que generar diversos impactos sobre los países de Suramérica.
En la misma línea, según el informe del Observatorio de la Deuda en la Globalización, la nueva arquitectura financiera que sostiene la integración de infraestructura suramericana, privilegia los intereses del capital transnacional y afectan el endeudamiento público de los estados latinoamericanos con las IFIs que los gobiernos de UNASUR y CELAC acusan de neoliberales y privatizadores.
“Es necesario que tener en cuenta que la presencia de actores económicos (empresas) que faciliten el acceso y transporte de recursos naturales genera impactos socio ambientales que no han sido cuantificados en la deuda pública de los estados, y no se advierte la presión sobre los recursos naturales, la pérdida irreparable de la biodiversidad, en el acaparamiento y escases de recursos naturales en las zonas de influencia de los proyectos”, advierte Jarrín.
Por ello, la investigadora considera necesario que “tanto desde la sociedad civil, como la academia y los representantes de los Estados, instalen espacios de diálogo directo que permitan evaluar qué tipo de desarrollo queremos promover y cuál es la ética política, económica, ecológica y social que guiará la integración regional de infraestructura suramericana”.