Los taladros y los daños colaterales

Abr 20, 2017

La denuncia por la compra irregular de tres taladros de perforación por parte de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos empezó con mucha carga política y un ademán de minimización por parte de las fuentes oficiales.

Incluso el presidente de YPFB, Guillermo Achá salió al frente para quitar hierro a la denuncia, hasta que se precipitaron los hechos.
El director de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y ex Gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, fue quien detectó las inconsistencias jurídicas, administrativas y técnicas en el proceso de licitación. El contrato suma 148 millones de dólares a pagarse a la empresa italiana Drillmec. La falta de interés por parte de YPFB, que presentó documentación incompleta, hizo que la denuncia llegara hasta las oficinas de Héctor Arce, ex Procurador General del Estado y actual Ministro de Justicia.
La denuncia pública motivó la suspensión de la firma del contrato, anunciada el 3 de abril del presente por el propio Álvaro García Linera, quien dijo que no se produciría tal situación hasta que se esclarecieran los hechos.
El 18 de abril el ministro Arce se reunió con el Fiscal General Ramiro Guerrero para entregar un legajo de 50 páginas con el nombre de 15 funcionarios de la estatal petrolera denunciados y una persona particular. En la lista aparece el Vicepresidente de Contratos y Fiscalización, Jorge Patricio Sosa Suárez, titular de un cargo por el que pasaron otros tarijeños como José Sosa Soruco o el propio actual ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez.
El Ministro de Justicia hizo dos solicitudes que consideró esenciales durante su conferencia de prensa brindada el martes. La primera, que el presidente de YPFB, Guillermo Achá, no participe “ni interfiera” en esta investigación que ahora está a cargo del Ministerio Público.
“Un segundo elemento, sugerimos respetuosamente, dentro de las competencias de YPFB, estudiar y aplicar definitivamente los mecanismos de disolución de este contrato. Este es un contrato que ha surgido con vicios de nulidad absoluta…hay denuncias muy serias que afectan directamente a la personería jurídica de la empresa, al proceso de contratación en sí mismo”, complementó.
Resulta necesario precisar que se debe llegar hasta el fondo en la investigación para salvaguardar los recursos del Estado, que se deben administrar con la mayor de las transparencias.
Dicho esto, resulta también necesario recordar que si de algo adolece la estatal petrolera es de falta de equipamiento y tecnología propia que le permita de una vez por todas liderar todo el proceso de la cadena de hidrocarburos, como le autoriza la Constitución, y no solo tutorizarlo desde lejitos. Resulta altamente deleznable que la corrupción vuelva a salpicar y truncar los esfuerzos realizados para dar el salto tecnológico y ganar soberanía nacional sobre la administración de las propias capacidades.
Ya en los inicios del régimen el caso Catler, en el que perdió la vida un notable tarijeño, derivó no solo en la prisión de Santos Ramírez sino en la paralización de la planta Separadora de Líquidos de Río Grande, objeto del escándalo y del retraso de la de Gran Chaco, cuya licitación se postergó y su entrega, planeada para 2009 se retrasó hasta 2014. La pérdida para el Estado provocada por el retraso ha sido millonaria, mientras que para Brasil y sobre todo, para Argentina, que a día de hoy sigue recibiendo gas húmedo sin pagar por los líquidos continentes.
El escándalo de los taladros, por alguna extraña razón y alegando celo profesional transparente, según explicó en Tarija el mismo Vicepresidente Álvaro García Linera, ha motivado también el retraso en la firma del contrato para el FEED – IPC de la planta petroquímica de Yacuiba, que lleva ya semanas con informe de adjudicación favorable al consorcio conformado por las empresas Tecnimont, también italiana y la española Técnicas Reunidas, que ya construyó la Separadora de Líquidos en el mismo Gran Chaco.
En el último plan de inversiones de YPFB en Tarija que presentó el fallecido Carlos Villegas en 2013, la planta petroquímica de polipropileno tenía fecha de puesta en funcionamiento 2018. Los retrasos se siguen acumulando.