Evo Morales y Andrés Soliz Rada anunciaron la tercera nacionalización. La primera en un gobierno constitucional Evo Morales y Andrés Soliz Rada anunciaron la tercera nacionalización. La primera en un gobierno constitucional

A 11 años de la nacionalización, hay más desafíos para YPFB

Escrito por  ALEJANDRO ZEGADA/EL PAÍS eN May 01, 2017

Un día como hoy, hace 11 años, el gobierno de Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 28701, de nacionalización de los hidrocarburos, en el que se pone de manifiesto la voluntad de lograr que “el Estado recupere la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de los hidrocarburos.

Estos objetivos se han cumplido parcialmente. Si bien la propiedad de los hidrocarburos se ha recuperado, y se ha logrado que la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tenga una participación a lo largo de la cadena productiva, no lo hace con un control total y absoluto, como manda el decreto.
Es cierto que la situación post Ley de Hidrocarburos 3058 (2005) y post nacionalización (2006) es radicalmente distinta a la que se podría tener hoy con una YPFB residual, con las reservas enajenadas y con la venta total de las acciones de la capitalización al capital foráneo (como ocurrió antes de 2006). Pero también es verdad que la YPFB actual hasta ahora no ha logrado reunir la fuerza que se requiere para consolidar una nacionalización que, once años después, sigue incompleta o en el mejor de los casos todavía está en proceso, pues es evidente que aún tiene muchos desafíos por lograr.
De hecho, las transnacionales como Petrobras y Repsol siguen controlando los principales megacampos de gas, particularmente los tarijeños, que nutren las industrias estratégicas de los vecinos Brasil y Argentina.

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Evo Morales y Andrés Soliz Rada en el campo San Alberto, el 1 de mayo de 2006, anunciando la tercera nacionalización


Además, en la presente década éstas han estado condicionando sus inversiones a cambio de que el Estado boliviano las beneficie con gasolinazos (2010) que no prosperaron, y jugosos incentivos (desde 2012) que no han producido resultados relevantes, más aun considerando que las transnacionales no presentaron cronogramas serios de inversiones a cambio de semejantes beneficios.
Quizá sea por ello que, antes que lograr un aumento significativo de las inversiones en exploración y un consecuente aumento de las reservas –que en los últimos años están siempre al límite-, estas medidas han causado más bien un daño relativo a la imagen del gobierno y de YPFB en esta materia.
Tal como lo sintetiza el experto académico Diego Andreucci, “hay que reconocer que la empresa estatal estaba destrozada por dos décadas de políticas neoliberales irresponsables. Pero es claro que YPFB debería tener mucho más apoyo estatal para que pueda tener un rol importante en la cadena productiva. Por eso las transnacionales como Repsol y Petrobras han consolidado su posición dominante en el sector”.
Pero no es sólo apoyo estatal lo que le falta, sino una visión y un compromiso que empujen las cosas en esa dirección.

¿Una nacionalización “neoliberal”?
A decir del experto estadounidense, Brent Kaup, quien hizo un estudio sobre los hidrocarburos en Bolivia entre los años 2007 y 2009, la reforma del gobierno del MAS fue una “nacionalización neoliberal”, porque a pesar de un aumento de apropiación de renta, no hubo nacionalización completa, con expropiación, que es lo que se pedía en la Agenda de Octubre de 2003. Simplemente se aumentó la participación del Estado, a través de compras de acciones y la reactivación parcial de YPFB.
Sin embargo, el exministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, explicó en su momento que la nacionalización del año 2006 no podía implicar la expulsión de las compañías, porque ello hubiera significado paralizar la producción y desabastecer el mercado interno, ya que YPFB carecía de la posibilidad de reemplazarlas de inmediato.
“Se optó, en consecuencia, por una nacionalización gradual”, la que, “debía consolidarse mediante la transferencia al ente estatal del 50% más uno de las acciones de Transredes, Chaco, Andina y las AFP. En mi opinión, debió procederse a la expropiación de acciones, dentro del orden constitucional vigente en ese momento”.
Esto justamente hubiese significado una nacionalización más acorde a la Agenda de Octubre. Pero otros actores del entorno presidencial, que terminaron imponiendo su criterio, tenían la visión de que se debía comprar ese monto accionario de Petrobras, British Petroleum, Repsol y Total, con “interminables negociaciones previas”.
El Decreto nacionalizador, en su artículo 3, establecía un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación para que las compañías que operaban en Bolivia regularicen su actividad mediante nuevos contratos que se adecúen a las condiciones y requisitos legales y constitucionales. En estos nuevos contratos se establecería una nueva y definitiva redistribución de los beneficios generados por los hidrocarburos.
Y esta nueva redistribución, además del monto a pagarse por las acciones de las transnacionales, debía ser definida por los resultados de  las auditorías, que iban a mostrar las inversiones, amortizaciones, costos de operación y rentabilidad de cada empresa.
El artículo 4 inciso III así lo manda: “El Ministerio de Hidrocarburos y Energía determinará, caso por caso y mediante auditorías, las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en cada campo. Los resultados de las auditorías servirán de base a YPFB para determinar la retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los contratos a ser firmados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo”.
El mismo artículo, en su inciso primero, incrementó transitoriamente la tributación en los mega campos del 50% (Ley de Hidrocarburos 3058 de 2005) al 82%, hasta que se determine el monto definitivo en las auditorías. 

Soliz Rada: La tercera nacionalización se ejecutó con un gobierno democráticamente elegido, en un contexto distinto de las dos anteriores, cuando existían gobiernos de facto

Si bien las petroleras pagaron ese incremento, al no tomarse en cuenta los resultados de las auditorías en los nuevos contratos, Bolivia tuvo que devolver ese excedente, por lo que la tercera nacionalización de los hidrocarburos sólo consiguió mayores ingresos por el incremento de las cotizaciones internacionales y no por efectos del decreto.
“El ocultamiento de las auditorías (hasta el día de hoy), hizo que YPFB aceptara las cifras de las empresas, lo que terminó por desvirtuar la medida”, advirtió Soliz Rada, quien luego reveló que “las auditorías detectaron beneficios ilegales de las empresas por 1.740 millones de dólares”.
Estos resultados hubiesen sido más que suficientes para que Bolivia recuperase el control total de las empresas capitalizadas a favor de YPFB, sin temor a juicios, arbitrajes internacionales o indemnizaciones de ningún tipo.

Pendiente reestructuración de YPFB
El exministro creía firmemente que, para poder avanzar con firmeza, la nacionalización gradual necesitaba de una profunda reestructuración de YPFB, que había quedado reducida a ser una residual gracias a los procesos privatizadores de la era neoliberal.   
Fue por ello que en el artículo 8 del Decreto nacionalizador, se estableció que “en 60 días, a partir de la fecha de promulgación del presente Decreto Supremo y dentro del proceso de refundación de YPFB, se procederá a su reestructuración integral, convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social”.
Este artículo, hasta la fecha, también ha sido incumplido por las sucesivas autoridades del sector. Los interinatos en la presidencia y otras reparticiones estratégicas de YPFB siguen siendo la forma de gestión predominante. No se ha priorizado la reorganización de YPFB, y se continúa desperdiciando recursos humanos y económicos en impulsar más de una decena de mini empresas estatales de “dudoso beneficio nacional”.
Este incumplimiento ha tenido consecuencias palpables en cuanto a la falta de credibilidad, transparencia y resultados obtenidos por la estatal petrolera. Una de ellas, el notable retraso de los proyectos de industrialización del gas.
El primero de ellos, la planta de urea-amoniaco de Bulo Bulo, en el trópico cochabambino, cuya construcción comenzó recién en 2013 y que debía comenzar a operar en octubre de 2015 -procesando 2.100 toneladas de urea y 1.000 de amoniaco por día-, y que demandó una inversión superior a los 800 millones de dólares, hasta ahora termina de entrar en operación.
La planta de propileno-polipropileno, más retrasada aún, recién fue adjudicada a Tecnimont y Técnicas Reunidas. La construcción del proyecto de industrialización más grande de la historia de Bolivia –cuya inversión está estimada por encima de los 1.800 millones de dólares- debería empezar este año, y la planta tendría que comenzar a operar en 2021.
De por sí este es otro sentido retraso, que sumado al de la planta separadora Gran Chaco “Carlos Villegas”, que recién comenzó a funcionar en 2016, impidieron dar uso a los licuables que siguen yéndose gratuitamente hasta Argentina, propiciando la industrialización del gas boliviano en y para beneficio del vecino país.
La planta de etileno-polietileno, la más avanzada para la industrialización del gas, todavía no tiene fecha, y por tanto el etano, otro licuable valioso, seguirá escurriéndose con el mismo destino.

Administradora de contratos
La incumplida reestructuración de YPFB como empresa corporativa, moderna, transparente, eficiente y con control social, también ocasiona que ésta siga siendo una administradora de contratos sin participación directa en la exploración y explotación más relevante. Las transnacionales como Petrobras continúan dominando, controlan la tecnología y el capital, y así terminan definiendo la exploración y la reposición y ampliación de reservas.
Prueba de ello es una reciente nota de prensa del Ministerio de Hidrocarburos, en la que se cita a YPF Argentina, Gazprom y la polémica Shell, entre las empresas que están firmando contratos de exploración. A esto se suman otros contratos de servicios petroleros con Petrobras para explorar en las zonas de San Telmo y Astilleros, ubicadas dentro del Parque Nacional Tariquía de Tarija.

Guillermo Achá, presidente interino de YPFB. La entidad no avanzó aún en el control total y absluto de la producción de hidrocarburos, como ordena el decreto nacionalizador

En una de las últimas entrevistas concedidas por el exministro Soliz Rada, éste advirtió que los logros de la nacionalización “se ven opacados por la falta de información oportuna y actualizada de YPFB a la ciudadanía. Las condiciones están maduras para que, en cumplimiento de normas legales, el parlamento esté presente en la designación del Presidente de YPFB. Esto permitirá una mayor fiscalización parlamentaria sobre la principal empresa estratégica del país”.
Como un presagio de lo que se ve actualmente, la exautoridad agregaba: “Es tiempo de que los representantes de los departamentos productores en el directorio de YPFB informen públicamente a sus regiones de lo que ocurre al interior del ente estatal, a fin de no convertirse en cómplices de presuntas irregularidades. Avanzar en la institucionalización de YPFB es, en consecuencia, una de las tareas más importantes que tiene el país”.
El tiempo le ha dado la razón a Soliz Rada, en este y en otros temas a los que se ha referida lo largo de su vida política, intelectual y militante. La nacionalización todavía no ha sido concluida, y no parece haber mejor momento para rectificar y enderezar el rumbo, toda vez que los retos y desafíos para la estatal petrolera todavía son muchos.