El vicepresidente Álvaro García Linera. Calificó de enemigos a empresarios y dijo neutralizarlos. El vicepresidente Álvaro García Linera. Calificó de enemigos a empresarios y dijo neutralizarlos.

Hacia la disolución del sector productivo boliviano

May 18, 2017

Lo anunciado por García Linera el pasado año está en marcha. Y si de algo pecaron los dirigentes empresariales BOLIVIANOS, es de ser extremadamente ingenuos al tratar con el poder político de turno.

Ocurrió al apoyar la “capitalización” en la década de los noventa del siglo pasado, hace casi 25 años, y ocurre ahora, con el gobierno de Evo Morales, al que periódicamente “apoyan”.
Ambos regímenes, sin embargo, tomaron y toman medidas francamente destructivas del aparato productivo nacional. Lo hicieron conscientemente. Y el actual gobierno, por los mensajes claros emitidos, ha decidido primero “neutralizar” a los empresarios y luego “diluir” su patrimonio. Es, en consecuencia, claramente antinacional por los efectos de sus medidas respecto del sector empresarial boliviano.
La consecuencia del primer respaldo que citamos (1994), cuando presidía la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) el señor Carlos Calvo, productor de singanis e inversionista en hotelería, fue la virtual quiebra técnica de miles de empresas BOLIVIANAS, las que, entre 1999 y 2003, dejaron de pagar impuestos y obligaciones bancarias. ¿Sueldos, aportes y beneficios sociales? Tampoco pagaban.
La iliquidez resultante de la enajenación de la riqueza estratégica boliviana vía “capitalización” y exportación del ahorro interno (reservas internacionales y ahorro previsional – esto último con la aprobación de la Ley del Banco Central de Bolivia en 1995 en el gobierno de Sánchez de Lozada) fue tan dramática que los propios autores de la política enajenadora tuvieron que aprobar leyes de “perdonazos” tributarios y de reprogramación de créditos en mora. No una. Varias leyes. Aún así, la economía no se recuperó y el empobrecimiento generalizado fue inmanejable.
Hubo líderes políticos y sociales en ese entonces que vincularon con meridiana claridad discursiva el empobrecimiento del país con la “capitalización”. Consecuentemente, se vivió el tristemente célebre Febrero Negro, precursor del Octubre Negro, ambos del 2003, que finalizó con la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus ministros (MNR, MIR, ADN, etc).
Entre los líderes que denunciaron la “capitalización” estaba Evo Morales. Los hechos políticos e históricos lo colocaron en la cúspide de la oposición al neoliberalismo y ganó la presidencia en diciembre de 2005. Gobierna ya once años.
Hoy sigue vigente la “gonista” Ley del Banco Central de 1995 por lo que las reservas de divisas se siguen prestando al “imperio”. No sólo eso: bajo ese paraguas legal también ahora exporta la liquidez del Tesoro del Estado y ha mantenido la autorización legal de exportar el ahorro previsional.
Siguen siendo también las mismas transnacionales de antes que explotan gas y petróleo porque no aplicó las auditorías petroleras de 2006, que revelaron fraudes contables, inexistentes inversiones y otras estafas. Los ferrocarriles siguen “capitalizados”. Entre 2006 y 2017 ha entregado el 74% de los contratos licitados por el Estado a empresas extranjeras. En los últimos cuatro años más de 6.000 millones de dólares fueron contratados a favor de empresas transnacionales para hacer caminos, presas, petroquímica y otras obras, sin ningún tipo de protección e incentivos a la producción y empresa nacionales.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Servicio de Impuestos, y otras entidades bajo influencia política directa del vicepresidente García Linera, han ejecutado sin dilaciones una política de destrucción del sector productivo boliviano, vía ejecución de garantías contractuales inmotivadas, fiscalizaciones forzadas y con tufo extorsivo de impuestos y medidas similares.

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En ese contexto, bajo esos antecedentes, la actual dirigencia empresarial boliviana, encabezada por Ronald Nostas, abrió mesas de trabajo y reuniones con el mismísimo presidente Evo Morales, su vicepresidente García Linera y el ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Empezaron el pasado febrero. Mientras hablaban y sonreían, nunca les dijeron que pretendían una ley para quitar a los empresarios su patrimonio y entregárselos a los trabajadores. El miércoles el propio Evo Morales parecía desconocer el contenido real de la Ley de acuerdo a sus declaraciones. Pero la intención es clara. García Linera, prolífico en foros internacionales, lo dijo en Argentina el pasado año: los empresarios bolivianos son los enemigos a neutralizar primero y, luego, diluir.

Evo Morales, García Linera y Arce Catacora en reunión el 24 de febrero de 2017, junto a Ronald Nostas, Ortuño y otros dirigentes empresariales bolivianos. Palacio de Gobierno   ABI

Los dobles aguinaldos, las fiscalizaciones de impuestos forzadas, las cárceles para quienes no pueden cumplir con pagos de aportes a las AFP, la Ley Quiroga Santa Cruz que sólo sirve para ejecutar garantías contractuales sin preguntar ni justificar por qué, los incrementos salariales impagables y sin base productiva, fueron las medidas neutralizadoras. La Ley de Creación de Empresas Sociales, cuyo proyecto fue aprobado en Diputados y después paralizado el tratamiento por la conmoción mediática, es la culminación del plan de García Linera: la dilución del sector.
Gonzáles, presidente del Senado, dijo que, a pedido de Evo Morales, determinó “dejar en suspenso” ese diluyente proyecto de ley. Pero eso no es retirarlo de la agenda. Transnacionales, petroleras y hasta Goni aplauden desde el norte mientras se relamen para asaltar el botín.

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