Parada fue detenido en el país asiático con casi medio kilo de cocaína, y el 5 de enero fue sentenciado a la pena capital. Su familia sostiene que el joven fue obligado a traficar por un sudafricano a quien le debía dinero.

Rada explicó que el Estado boliviano, por principio, defiende la vida, y en este caso está obligado a hacer representaciones para resguardar a dicho ciudadano.

Indicó que, si bien Bolivia no tiene embajada en Malasia, ya se han tomado acciones a través de las embajadas del Estado Plurinacional en Japón y en Perú. Anunció que la Cancillería dará un informe al respecto.    

Rada afirmó que el Gobierno ya tomó contacto con la familia de Parada, y que el boliviano tiene un abogado defensor trabajando en el tema, pero mencionó que también hay vías de derecho internacional y tratados para cuidar la vida.