Al momento, la nueva Ley de Hidrocarburos anunciada por el Gobierno Nacional sigue siendo un misterio en Tarija, y es que nadie sabe el contenido y su estado actual. Además surgieron versiones que la falta de socialización de la normativa podría tener repercusión en los departamentos productores de hidrocarburos del país, que esperan participar en su elaboración.

Las instituciones del departamento de Tarija plantean a la Gobernación abrir el debate, a través de la Secretaría de Hidrocarburos y Energía, sobre la propuesta que tiene la región para la nueva Ley de Hidrocarburos, para trabajar un planteamiento conjunto y así exigir al Gobierno Nacional un porcentaje de regalías del proceso de industrialización y venta de electricidad.

La Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija ya tiene listo un borrador de una nueva Ley para el sector que organice y de nuevas directrices de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Según informó el secretario Boris Gómez Úzqueda, la misma será presentada al gobernador Adrián Oliva y posteriormente al Consejo Departamental del pacto Fiscal para que esta cuente con el aval social de las diferentes fuerzas antes de ser elevada a la instancia correspondiente, en este caso a la Asamblea Plurinacional.

 La nueva ley de hidrocarburos está en su fase de conclusión,  y el Ministro de ese rubro, Luis Alberto Sánchez, dijo que espera la propuesta de la Gobernación de Tarija, toda vez que las autoridades departamentales anunciaron esa iniciativa mediante los medios de comunicación

Ante la incertidumbre generada por los anuncios de modificación de la Ley de Hidrocarburos, trabajada ya casi a detalle por el Gobierno según informó el ministro del área Luis Alberto Sánchez, los legisladores tarijeños dieron un plazo para que les haga llegar un informe sobre la situación,

Desde la Gobernación, la Asamblea Legislativa Departamental y el Comité Cívico plantean incluir a Tarija en la elaboración de la nueva Ley de Hidrocarburos, que se trabaja desde el Gobierno, al ser el marco jurídico que normará la industria de gas, petróleo y electricidad en el país en los próximos años.