Jueces y abogados

Abr 23, 2016

La denuncia que un abogado defensor realizó a la Fiscalía Departamental de La Paz el pasado 29 de marzo y que posibilitó la aprehensión del ex fiscal y vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Fernando Ganam Cortez, desveló un presunto consorcio conformado por fiscales, jueces y abogados que negociaban y manipulaban fallos judiciales al margen de la ley.

En un operativo improvisado a la oficina particular de un connotado abogado, Ganam fue detenido acusado de negociar el fallo de un caso de amparo constitucional denominado “Castelú contra Cotel”, interpuesto en contra de la Cooperativa de Teléfonos La Paz
A media mañana de aquel día, la Fiscalía recibió la denuncia del abogado Johnny Castelú en sentido que el vocal Ganam fue visto cuando salía de los juzgados con el cuaderno del amparo constitucional bajo el brazo y se dirigía a la oficina del abogado Milton Mendoza, quien, a la postre, sería vinculado a la presunta organización delictiva y detenido luego de prestar declaraciones.
Las sospechas sobre un presunto contubernio entre un juez y el abogado de una de las partes del proceso de amparo constitucional tomaron fuerza por el hecho que el Mendoza era abogado de Cotel, mucho más cuando para esa tarde estaba programada una audiencia judicial para considerar el caso.
La denuncia y las investigaciones establecieron que Ganam y Mendoza negociaban en el bufete del abogado un resultado favorable a Cotel en la audiencia del amparo constitucional.
Supuestamente el presidente de Cotel, Fabián Guillén, posteriormente también detenido, era el proveedor del dinero con el que Mendoza sobornaba a jueces y fiscales para ganar los procesos legales que enfrentaba Cotel en los estratos judiciales.
Según un reporte del diario Página Siete, el fiscal Ánghelo Saravia presentó un organigrama del denunciado consorcio con Mendoza y Guillén a la cabeza. En él figuran los abogados Ricardo Blanco y Vladimir Flores, el ex fiscal Carlos Hugo Rivero, el vocal Ganam, su auxiliar Luisa Yapuchura, la ex jueza Lía Cardozo y su secretaria Yasmila Paz, la jueza Jakelyn Tintaya y el director jurídico de Cotel, entre otros.
Pero hay otros presuntos implicados como los ex fiscales Julio César Guerrero, Gregorio Blanco, Magalí Gonzales, Roger Velásquez y otros seis más.
En ese contexto, el posible contubernio entre fiscales, jueces y habría resuelto al menos 1.000 procesos en los últimos 13 años. Una fuente de la Fiscalía paceña –cuya identidad es guardada en reserva– reveló al diario La Razón que existen suficientes indicios que apuntan a que el consorcio Ganam-Mendoza habría sido conformado entre 2003 y 2006, cuando ambos se desempeñaban como fiscales y tenían “mucho poder”.
En tanto que la fiscal Lilian Calderón indicó que “en 2005 ya había amistad y contubernio entre los ahora imputados. Desde entonces, ya transaban procesos, llevaban años manipulándolos”.
Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que en el presunto consorcio ilegal se habrían implicado al menos 11 fiscales, siete abogados y tres magistrados, quienes se involucraron, de manera directa o indirecta, con la comisión de acciones ilícitas.
No obstante, es fundamental que el Estado prevenga la comisión de delitos y castigue a quienes infringen la ley, pero también garantice la vigencia de la presunción de inocencia, derecho protegido por artículo 116 de la Constitución Política del Estado.
Es que la presunción de inocencia y el juicio previo son dos caras de una misma moneda: uno es culpable sólo después de que en un juicio justo, llevado mediante un debido proceso, se declare su culpabilidad.
Además, la presunción de inocencia de ninguna manera puede evitar que un delincuente sea sometido y sancionado conforme a la ley, sino que es un derecho fundamental de toda persona acusada de un delito, sea el delito que fuere y tenga la gravedad que tenga.
En ese contexto, lo que corresponde es que las investigaciones del caso que comentamos lleguen hasta donde tengan que llegar, escudriñen los pormenores del presunto consorcio ilegal, caigan quienes tengan que caer y se aplique la ley como debe ser, porque no es admisible que un grupo de pícaros sometan a sus intereses los fallos judiciales.

Archivo Pura Cepa

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